El cardenal Becciu, condenado a 5 años y medio de prisión por malversaciónTodavía no se sabe nada del final del juicio sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, el llamado «juicio Becciu«. El veredicto leído el 15 de diciembre tiene varias absoluciones, muchas redefiniciones de delitos, unas pocas condenas, y no puede dejar satisfecho a nadie.
De hecho, los únicos que no presentaron recurso fueron la Secretaría de Estado y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, ambas partes civiles (y dos caras de la misma moneda, si tenemos en cuenta que la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado fue transferida a la APSA). No hubo recurso para monseñor Mauro Carlino, secretario en sustitución primero de Angelo Becciu y después de Edgar Peña Parra, el único que fue absuelto de todos los cargos. Todos los demás actores, tanto acusados como parte civil, e incluso el promotor de justicia del Vaticano (el fiscal), han anunciado que recurrirán.
Por lo tanto, habrá otro juicio, ya no con una amplia audiencia, sino con una revisión de documentos, que podría reescribir delitos y sentencias. Y mientras tanto, hay otros dos juicios en el Vaticano, también sobre asuntos financieros: el proceso que afecta a Libero Milone, ex auditor general del Vaticano, que denunció, junto con su adjunto Panicco, fallecido más tarde de cáncer, que había sido injustamente destituido de su cargo y pidió una elevada indemnización, y que terminó a favor de la Secretaría de Estado; y el proceso relativo a la gestión de los fondos del Coro de la Capilla Sixtina.
Pero, ¿qué dicen estos juicios sobre la salud del sistema jurídico vaticano?
El sistema jurídico vaticano
Conviene recordar que se trata de juicios penales, instituidos en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque el derecho canónico también es fuente de derecho en el caso de litigios civiles y penales, se trata de juicios instituidos en el Estado, con sus propias normas.
El Papa Francisco ha cambiado varias veces el sistema jurídico del Vaticano. En los últimos dos años, se han producido dos reformas del sistema jurídico, que han redefinido efectivamente la estructura judicial. El Papa unificó la oficina del promotor de justicia, que sigue siendo la misma en primera instancia y en apelación. Primero definió, también sobre la base de peticiones de organismos internacionales, que al menos uno de los jueces o promotores de justicia debía ser empleado a tiempo completo, y luego volvió a aceptar que todos los cargos fueran a tiempo parcial.
Así, durante la fase de instrucción del proceso sobre el manejo de los fondos vaticanos, el Papa reescribió algunas normas con cuatro rescriptos. Una forma de superar un vacío normativo, según el promotor de justicia, Alessandro Diddi. Una forma de manipular la investigación cambiando las reglas, según la acusación.
De hecho, sin embargo, nos encontramos ante un sistema jurídico que ha sufrido muchas reformas, compuesto en su totalidad por abogados y fiscales que han ejercido o ejercen en Italia y que, por lo tanto, no conocen las peculiaridades de la Santa Sede ni contemplan el panorama más amplio del derecho internacional.
El proceso de gestión de fondos de la Secretaría de Estado
En este marco hay que situar el juicio sobre la gestión de fondos por parte de la Secretaría de Estado. El juicio se refiere a hechos ocurridos entre 2012 y 2019, y puede resumirse en tres vertientes diferentes.
El primero se refiere a la inversión de la Secretaría de Estado en las acciones de un palacio de lujo en Londres. Tras decidir no seguir adelante con la posibilidad de participar en una plataforma petrolífera en Angola, la Secretaría de Estado cedió al broker Raffaele Mincione la gestión de un fondo destinado a la compra de acciones de un palacio por desarrollar. A continuación, cedió las mismas acciones en gestión al corredor Gianluigi Torzi, quien -desconocedor en un principio de la Secretaría de Estado- se quedó para sí las únicas acciones con derecho a voto y, en consecuencia, el control total del palacio. Con el tiempo, se hizo con la totalidad del edificio, que fue revendido recientemente.
Así, parte del juicio se centra en la aportación dada por la Secretaría de Estado a Cáritas en Ozieri para el desarrollo de un proyecto de la cooperativa SPES, presidida por el hermano del cardenal Becciu. La acusación contra Becciu es la de malversación de fondos.
La tercera línea de investigación se refiere a la autodenominada experta en geopolítica Cecilia Marogna, contratada por la Secretaría de Estado, que supuestamente utilizó en beneficio propio el dinero que se le pagó por supuestas operaciones de rescate de rehenes (como la de la monja colombiana Cecilia Narváez secuestrada en Mali).
¿Cómo terminó el juicio?
Como ya se ha dicho, la única absolución fue la de monseñor Mauro Carlino.
El cardenal Becciu fue condenado por tres delitos, dos de malversación y uno de fraude. Uno de los delitos de malversación le considera en connivencia con el bróker Raffaele Mincione por haber destinado 200 millones de euros (un tercio de la capacidad de inversión de la Secretaría de Estado) en un fondo altamente especulativo perteneciente al bróker.
René Bruelhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente presidente y director de la Autoridad de Inteligencia Financiera en el momento de los hechos en cuestión, solo reciben una multa de 1.750 euros. Enrico Craso, el bróker que por cuenta de Credit Suisse primero y luego en otras funciones gestionó los fondos de la Secretaría de Estado vaticana, es condenado a siete años de prisión y a una multa de 10.000 euros con inhabilitación perpetua para cargo público.
Raffaele Mincione, a quien se confió el fondo que luego se utilizó para comprar acciones de la propiedad londinense, a cinco años y seis meses de prisión, ocho mil euros de multa e inhabilitación perpetua para cargo público.
Fabrizio Tirabassi, funcionario de la Secretaría de Estado de Administración implicado por sus superiores en las negociaciones, es condenado a siete años y seis meses de prisión, diez mil euros de multa e inhabilitación perpetua para cargo público.
Nicola Squillace, abogado, que intervino junto a Gianluigi Torzi en la compraventa, es condenado a un año y seis meses de prisión con suspensión condicional de la pena.
Gianluigi Torzi, el agente que se hizo cargo de la gestión de las acciones de la propiedad de Mincione por cuenta de la Secretaría de Estado, es condenado a seis años de prisión, multa de 6.000 euros, inhabilitación perpetua para cargo público y vigilancia especial durante un año.
Cecilia Marogna, la autodenominada «agente secreta» que recibió una comisión de 500.000 euros por una operación de liberación de una monja secuestrada en Mali, que según la acusación utilizó para sí misma, es condenada a 3 años y 9 meses de prisión con inhabilitación temporal para cargo público por el mismo periodo. La empresa de Marogna, Logsic Humanitarne Dejavnosti D.O.O., pagará una multa de 40.000 euros y se le prohíbe contratar con las autoridades públicas durante dos años.
Además, el Tribunal ordenó el decomiso por valor equivalente de las sumas que constituían el corpus de los presuntos delitos por un total de más de 166.000.000 de euros. Finalmente, los acusados fueron condenados, solidariamente, al pago de daños y perjuicios a favor de la parte civil, liquidados por un importe total de más de 200.000.000,00 de euros.
Entre los daños que se contabilizarán, también hay 80 millones en daños no pecuniarios para la Secretaría de Estado, mientras que la sentencia también pretende recuperar todo el dinero destinado por Becciu a Cáritas de Ozieri y el destinado a la autodenominada experta en inteligencia Cecilia Marogna. Los decomisos serán ejecutables a partir de la sentencia de segundo grado, pero existe una norma que prevé la posibilidad de decomisar el producto del delito ya con la sentencia de primer grado.
Hacia la sentencia
Sin embargo, lo que se leyó el 15 de diciembre de 2023 es solo la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia completa, con todos los fundamentos, no se publicará hasta más adelante, presumiblemente en 2024, en algún momento entre junio y diciembre.
El plazo para el recurso es por lo tanto muy largo, las confiscaciones están bloqueadas por el momento, y mientras tanto los gastos del Tribunal siguen creciendo, también porque el Papa ha decidido recientemente colocar a los jueces vaticanos en el escalafón directivo de la Curia con el sueldo correspondiente.
Pero, ¿cómo ha afectado a la Santa Sede esta temporada de juicios?
El primer riesgo es el de una disminución de la credibilidad del sistema judicial vaticano, tanto por la forma en que se trataron los cargos, como por la forma en que el propio presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, decidió redefinir varios delitos, con un nuevo enfoque que parecía desautorizar las investigaciones. La pregunta que cabría hacerse, quizá con demasiada malicia y especificidad, es si se trató de un juicio político, y a quién perjudicó.
El segundo riesgo se refiere a la posible apelación. Si, en apelación, hay una revocación sustancial de los cargos, ¿quién y cómo puede compensar los daños sufridos por los acusados? Se trata de daños a la reputación que tienen enormes repercusiones en la vida de las personas, cuya indemnización sería elevada. Se daría la paradoja de que en un juicio se pretenda recuperar el dinero perdido y se acabe pagando más de lo que se perdió.
El tercer riesgo se refiere a la posición de los jueces y de la gendarmería vaticana. Si la apelación anulara la primera sentencia, tanto la capacidad de los jueces y promotores vaticanos para llevar a cabo un juicio justo como la capacidad de investigación de la gendarmería vaticana podrían quedar en entredicho. Esto supondría un terremoto para todo el sistema vaticano.
