Una carta del Papa Francisco del 25 de agosto al cardenal Parolin anticipa la entrega a la APSA que se ha hecho operativa la tarde del 4 de noviembre en presencia del Papa.
«He reflexionado y rezado«. Así se expresa el Papa Francisco en la carta que el pasado 25 de agosto entregó al cardenal Pietro Parolin. En ella establece que la Secretaría de Estado ya no administra o gestiona de forma independiente los bienes financieros e inmobiliarios, sino que los transfiere a la APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, una especie de banco central del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En el marco de la reforma
Más allá de los escándalos financieros que han afectado recientemente a parte de esta gestión administrativa de la «Terza Loggia» – como se refieren en la jerga del aparato de la Secretaría de Estado, debido a la ubicación de las oficinas en el Palacio Apostólico Vaticano – esta decisión del Papa ha madurado en el marco general de la reforma de la Curia Romana, que desde hace varios años, a partir de 2014, ya ha puesto en marcha reformas en materia de gestión de la economía.
Recordamos, a modo de ejemplo, el nacimiento del Consejo para la Economía, la Secretaría de Economía – inicialmente confiada como Prefecto al Cardenal Pell y ahora dirigida por el jesuita Juan Antonio Guerrero Alves – y la figura del Interventor General de Cuentas (motu proprio del 24 de febrero de 2014), con la posterior aprobación de los Estatutos al año siguiente.
Una gestión más evangélica, transparente y eficaz
La decisión del Santo Padre ha llegado a su madurez -después de varios otros cambios iniciados en varios Cuerpos y Dicasterios- para garantizar una gestión de los recursos donados por los fieles que sea aún «más evangélica, transparente y eficaz«, superando también «superposiciones, fragmentaciones o duplicaciones innecesarias y perjudiciales» en el funcionamiento de las oficinas de la Curia.
La preocupación explícita expresada por el Pontífice, en lo que se refiere específicamente a la Secretaría de Estado -que «es sin duda alguna el Dicasterio que apoya más estrecha y directamente la acción del Santo Padre en su misión«- es evitar la duplicación de funciones ya atribuidas a otros órganos vaticanos, pero es innegable que los acontecimientos actuales han tenido un enorme efecto en la aceleración de esta reflexión.
Nos referimos a la famosa, y en cierto modo desagradable, historia de la inversión inmobiliaria realizada en Londres (Sloan Avenue) que se remonta a 2014 y los usos del fondo maltés Centurión, sobre el que las autoridades vaticanas están investigando y que en los últimos tiempos ha llevado también a la dimisión del anterior sustituto de la Secretaría de Estado, el Card. Angelo Becciu, con todo lo que ha resultado.
El Papa en su carta a Parolin pidió expresamente, ya el 25 de agosto, «salir cuanto antes» de esa inversión, «o, al menos, disponer de ella de manera que se eliminen todos los riesgos de reputación«.
Fin a los fondos discrecionales
En el plano práctico, el Pontífice también establece que todos los fondos administrados por la Secretaría de Estado deben incorporarse al presupuesto consolidado de la Santa Sede, poniendo así fin a los «fondos discrecionales» para el uso de los distintos Sustitutos, como ocurría en el pasado, y la propia Secretaría se dotará de un presupuesto aprobado a través de los mecanismos habituales como ha sido el caso -desde hace algún tiempo, desde la gestión de Pell- para cualquier otro Departamento.
El control y la supervisión en materia administrativa también deberá ser ejercido, como en otros casos, por la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Estado dejará de tener la responsabilidad de la supervisión y el control en esta materia sobre cualquier entidad, aunque esté relacionada con ella.
Claridad, transparencia y orden
La noticia comunicada hoy es que finalmente – en una reunión presidida ayer por la tarde por el propio Papa Francisco – la tan esperada «Comisión de paso y control» deseada por el Santo Padre ya en esa carta del 25 de agosto, entra en funcionamiento con efecto inmediato. Esta comisión se encargará de llevar a término, en los próximos tres meses, lo que se había ordenado. La Comisión está integrada por todos los jefes de las oficinas interesadas, a saber, el obispo Edgar Peña Parra, suplente de la Secretaría de Estado, el obispo Nunzio Galantino, Presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica -a quien pasará la gestión financiera del patrimonio- y el padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefecto de la Secretaría de Economía, que ejercerá las funciones de control.
Fue precisamente este último, en una entrevista concedida a Vatican News el 1 de octubre de este año, quien se anticipó a estas medidas, apreciando el trabajo realizado en los meses anteriores por la Secretaría de Estado en la línea de «claridad, transparencia y orden«.
