La Red FACIAM reivindica visibilizar a las personas sin hogarPersonas sin hogar y entidades denuncian las trabas para salir del sinhogarismoLos gastos relacionados con el pago de la vivienda y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país, han denunciado esta mañana Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa, que han presentado el informe titulado ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’.
A lo largo de su intervención, se han puesto de manifiesto datos desequilibrantes en un contexto socioeconómico que sigue poniendo a prueba la capacidad de los hogares para subsistir, indica el informe.
Por ejemplo, las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63 %) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
El dato real, según Cáritas y Fundación Foessa, es que tres millones de hogares (el 16,8 %) quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados estos gastos básicos, que suponen un importante esfuerzo.
Otro dato significativo de contexto es que mientras el parque de viviendas sociales en la Unión Europea se sitúa en torno al 9 por ciento, y en países como Holanda incluso llega al 30 por ciento, en España el porcentaje es todavía del 2 por ciento.
Graves desafíos
Natalia Peiro señaló al principio que “desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de Covid-19,, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías. Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda”.
En esta línea, Daniel Rodriguez ha asegurado que “si bien es necesario abordar la ecuación ingresos-gastos de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares”.
A su juicio, la tasa de privación material severa no ha mostrado una disminución proporcional al aumento de los ingresos totales. “Esto sugiere que otros factores, y en particular los gastos, pueden estar desempeñando un papel crítico en la determinación de las condiciones de vida de la población”, ha subrayado.
El azote de la inflación
El estudio de Foessa señala en este sentido que si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11 % desde la crisis financiera de 2008, “lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30 %”.
Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5 %).
El desajuste entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos -unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7 %), y la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (solo lo perciben el 44 % de la población en pobreza severa)- “está provocando que se desborde la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
“De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1 % de la población (3,8 millones de personas)”, ha señalado el experto.
Equilibrios muy precarios
Dos de las soluciones que llevan a cabo muchos hogares para reducir gastos, según el informe, es compartir la vivienda, o reducir el gasto de energía. Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189 % con respecto a 2008, ha recordado Daniel Rodriguez.
“Existe un constante equilibrio precario entre garantizar el pago de la mensualidad de la vivienda y sus suministros en los primeros días del mes, a expensas de caer por debajo del umbral de la pobreza severa y, como resultado, descuidar otras necesidades fundamentales del hogar. Esta lucha por encontrar un equilibrio entre todas las necesidades esenciales de la familia se convierte en un desafío constante, ya que, a pesar de los esfuerzos y estrategias implementadas, a menudo resulta difícil alcanzar un nivel de vida digno”, explicó Daniel Rodríguez.
Más años y más esfuerzo para vivienda
El esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir también está al alza. Hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987. “No solo se necesitan más años, sino que, en la mayoría de los casos, los ingresos se conforman desde diversas fuentes, ya que hay muchos más hogares que cuentan con más de dos aportes gracias a la incorporación de la mujer al mercado laboral”, subrayó el sociólogo de la Fundación Foessa.
La compra de una vivienda no es la única causa de tensión que sufren las economías domésticas. La mitad de las familias que cuentan con una casa en alquiler también sufren estrés financiero. Según datos de Einsfoessa 2021, con datos de 2020, un tercio de la población en alquiler están en situación de estrés moderado y, lo que es aún más preocupante, el 16 % de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero. Esto quiere decir que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.
“Como hemos aprendido en la Gran Recesión financiera de 2008, estas situaciones precarias pueden ser la antesala de crisis aún más graves, como los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Cuando las familias luchan constantemente para cubrir los costos de la vivienda, se vuelven vulnerables a la pérdida de sus hogares y al colapso financiero”, ha manifestado Daniel Rodriguez.
En cuanto al gasto en alimentación, el sociólogo ha comentado que asistimos a “una brutal escalada de precios”, y ha puesto el ejemplo del aceite de oliva, que roza los diez euros el litro en bastantes supermercados.
Algunas propuestas
El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Para ello considera decisivo lo siguiente:
1) Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada (ver art. 47 de la Constitución Española), como ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, “lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles”.
2) Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora.
3) Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. “Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva”.
4) Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
5) Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.
6) “El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar. Además, es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la administración pública”, según el informe.
