Una parte de la sociedad española no ha conseguido recuperarse de las consecuencias del crack financiero del año 2008. Un ejemplo de esta falta de recuperación se aprecia en 2024, en el que 9,4 millones de personas, es decir, el 19 % de la población, se encuentra en distintas situaciones de exclusión social.
Un porcentaje bastante superior al que se sufría en el año 2007, en el cual el 16 % de la población se encontraba en estas circunstancias. Y de los 9,4 millones de personas actuales, 4,3 millones se encuentran en lo que se denomina exclusión social severa.
Cáritas acaba de presentar un adelanto de los resultados del IX Informe FOESSA, que saldrá a la luz pública en el último trimestre de 2025, a través de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española. Con este último conversa hoy Omnes, pero antes, dos palabras de Natalia Peiro.
Tras recordar “a todos los afectados por las graves inundaciones” de Valencia y otras localidades, la secretaria general mencionó el Plan de Respuesta y agradeció la solidaridad de muchísimas personas y entidades. Por otra parte, señaló que “los datos positivos macro”, han de ayudar a que “pongamos la mirada en los más vulnerables”.
Según el avance de FOESSA, los hogares de nuestro país siguen sin recuperarse. Sr. Flores, ¿puede reflejarlo en alguna cifra?
– Efectivamente, una parte de la sociedad española no ha conseguido recuperarse de las consecuencias de la gran recesión del año 2008. Un ejemplo de esta falta de recuperación se ve que en 2024, 9,4 millones de personas, es decir, el 19 % de la población, se encuentra en distintas situaciones de exclusión social. Un porcentaje bastante superior al que se sufría en el año 2007 en el cual el 16% de la población se encontraba en estas circunstancias.
Usted se refiere a millones de personas en exclusión social, e incluso severa. Defina la exclusión social severa, a efectos técnicos, aunque sea fácil imaginarlo.
– La exclusión social es mucho más que la privación material, es mucho más que la pobreza monetaria, la privación económica. La exclusión social se refiere a la acumulación de dificultades que influyen y que determinan las condiciones de vida, pero que tienen que ver con dimensiones muy variadas, como son la del empleo y la del consumo, pero también la de la salud, la de la vivienda, la de la educación, las de los derechos de participación política, el aislamiento social o la conflictividad social. De los 9,4 millones de personas en exclusión social, 4,3 se encuentran en lo que denominamos exclusión social severa.
Al denominar la exclusión social severa, lo que estamos queriendo expresar es la acumulación de muchas dificultades. La inmensa mayoría de las personas en exclusión social severa ven afectadas tres o más de las ocho dimensiones que observamos. Esto significa que no solamente tienen dificultades en el empleo o en la capacidad económica, sino en temas como la salud, la vivienda, la educación, el aislamiento social o la propia conflictividad social. Y unas dificultades se van sumando a otras y se crean situaciones crónicas y alargadas en el tiempo.
En este avance se fijan de modo especial en el grave problema de la vivienda…
– Hemos observado cómo en el diagnóstico una parte importante de la sociedad se enfrenta a dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda. La vivienda se ha convertido en el programa más transversal para el conjunto de la sociedad, y esto nos hace tener en cuenta que nuestro esquema de protección a la vivienda está muy lejos de los esquemas de nuestro entorno.
Concretamente en lo que se refiere a la política de vivienda pública en alquiler nos encontramos con un parque de vivienda pública que apenas roza el 2,5 % frente al 8 % de la media de la Unión Europea.
Esto supone que tenemos que seguir avanzando en esa creación y extensión de ese parque de vivienda pública que no solamente sirva de forma de acceso prioritario y más facilitador a las familias más vulnerables, sino que también actúe como equilibrador en un mercado de la vivienda claramente orientado a la inversión y que todavía no es capaz de defender el derecho a la vivienda.
¿Qué colectivos tienen mayor o menor riesgo de exclusión social?
–El mayor riesgo de exclusión social en esta ocasión nos habla de lo que hemos denominado una brecha generacional. Por un lado, las personas mayores de 65 años siguen reduciendo sus niveles de exposición a la exclusión social, y tienen niveles casi de la mitad a día de hoy que en el año 2007, un 8 % de exclusión social entre las personas mayores de 65 años frente al 16 % del año 2007.
Pero en el otro lado de esta brecha encontramos a la población infantil y a la población más joven, entre las cuales sus niveles de exposición a la exclusión social y concretamente a la exclusión social severa se han duplicado. Antes eran del 7 % en el año 2007 y ahora es del 15 % en el año 2024.
Son porcentajes importantes. Si es posible, ahonde un poco más.
– El perfil de las personas en exclusión social, a pesar de ser un perfil muy variado, encuentra algunos colectivos con una mayor exposición, concretamente las familias monoparentales, 29 %, las familias con menores de 24 años, 24 %, las familias con alguna persona con discapacidad, 24 %, y también las personas de origen extranjero, donde la exclusión social se incrementa hasta el 47 %, concretamente las personas migrantes extracomunitarias.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que dentro de este perfil de colectivos con mayor riesgo hay que destacar a las familias, a los hogares encabezados por mujeres. La exclusión social se incrementa hasta el 21 % en estos hogares encabezados por mujeres, frente al 16 % en los hogares encabezados por hombres.
Vamos con el empleo. Parece que ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social.
– El empleo ha perdido la capacidad de integración social y económica que había tenido históricamente. En estos momentos nuestra sociedad observa cómo, a pesar del crecimiento del empleo y la reducción del paro, hemos generado empleo de una forma dual. Se han creado empleos con capacidad inclusiva, con una remuneración adecuada y con una estabilidad que permiten proyectos vitales y familiares, pero también se han creado empleos que se han sumado a todo ese encaje de empleos precarios, sin estabilidad y con salarios que no permiten una vida en condiciones en muchos lugares de nuestro país.
En estas situaciones hemos ido observando cómo el empleo es cada vez menos un factor de protección ante la pobreza y la exclusión social. El 12 % de las personas trabajadoras están en pobreza económica y el 10 % se encuentran en situación de exclusión social.
Por tanto, si el empleo ha dejado de ser ese mecanismo de inclusión, tenemos que buscar elementos que nos ayuden a traspasar el empleo como el garante de los derechos y tenemos que observar las políticas públicas que realmente sean las que garanticen esos derechos necesarios para la población.
También se han referido a los problemas de salud mental.
– Afortunadamente, la sociedad española es más consciente y se preocupa más por la salud mental, como uno de los elementos fundamentales de la salud general. La crisis de la COVID-19 nos hizo ser más conscientes de la importancia que tiene el bienestar emocional y de las dificultades que afrontan las personas con problemas de salud mental.
A día de hoy, nos encontramos con una desigualdad creciente al afrontar esta cuestión de la salud mental: la desigualdad fundamental entre quienes pueden pagar un esquema de salud privado y quienes tienen que esperar a las listas de espera que el sistema público presenta en estas circunstancias.
En este sentido, necesitamos reforzar y mejorar la inversión en un sistema nacional de salud y en un catálogo de salud pública que atienda cuestiones tan importantes y cruciales como son la salud mental.
Estudian asimismo la protección de la infancia y políticas familiares.
– Más allá de los discursos que venimos escuchando desde hace muchos años de la necesidad de proteger a la familia y proteger la etapa de la crianza que obviamente son reales y son importantes, necesitamos pasar a los hechos y pasar a los hechos significa generar inversión y reflejarlo en los presupuestos públicos. La inversión que realizamos a día de hoy en la infancia está muy lejos de la inversión que se realiza en los países de nuestro entorno europeo.
Si solamente nos fijamos por ejemplo en las prestaciones económicas por hijo a cargo, España solo dedica el 36 % de lo que se dedica de media en la Unión Europea. Este déficit de inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son los que están detrás de las cifras tan altas de exclusión social en esta parte de la sociedad.
Finalmente, han hablado de propuestas. Sintetice cuatro o cinco.
– Nos enfrentamos como sociedad a una serie de retos importantes para no seguir profundizando en la sociedad del riesgo. Entre todos estos retos cabe destacar tres elementos que son fundamentales para frenar esta sociedad del riesgo. Nos vamos a referir al reto del empleo, al de la infancia y al de la vivienda.
En primer lugar, y refiriéndonos al empleo, es fundamental ser conscientes de que aún quedan muchas personas que no están dentro del mercado laboral y que muchas de las personas que están dentro del mercado laboral no tienen la capacidad suficiente para asegurarse unas condiciones de vida mínimas.
Esto nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Tenemos un amplio margen de mejora en este sistema de garantía de ingresos mínimos, ya que a día de hoy solamente dedicamos un 30 % de lo que se dedica en la media de la Unión Europea a las rentas de inserción.
Y junto a esta necesidad de reforzar la integración social monetaria también es importante plantearse la necesidad de avanzar en el derecho a la inclusión social como elemento fundamental para mejorar los itinerarios de inclusión entre las familias. De la infancia y la vivienda ya hemos hablado.
