No puede entenderse la educación en la España actual sin Alfonso Aguiló, presidente de CECE, que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada española, como no puede entenderse sin Escuelas Católicas. Ambas están desde 2020 en la plataforma Más plurales, en defensa de la pluralidad educativa, junto a otras confederaciones, asociaciones de padres, etc.
Centenares de colegios y centros de FP de toda España han reflexionado a primeros de noviembre sobre temas candentes de la educación, en Islas Baleares, bajo el lema “La Escuela que queremos: formar para transformar”, en un Congreso que ha reunido a más de 400 profesionales de la educación concertada y privada.
Abordamos algunos de ellos con Alfonso Aguiló, Ingeniero de caminos, canales y puertos (1983) y PADE del IESE Business School (2008), once años director del colegio Tajamar (Madrid), y actual presidente de la Red Educativa Arenales, que integra más de 30 escuelas en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos y otros países.
Desde 2015 Aguiló es presidente nacional de CECE, y en calidad de tal concede a Omnes esta entrevista, que ha preparado volviendo de Barcelona. En ella afirma, entre otras cosas, que “convendría podar la LOMLOE de diversos aspectos que responden a resabios ideológicos ajenos al bien de la educación”, y que “una sociedad plural necesita de un sistema educativo plural”.
Usted preside CECE y la Red Educativa Arenales, pero también asesora instituciones educativas en 35 países de Europa, América y Asia. ¿Es optimista ante el desarrollo de la educación en el mundo?
– La educación es la síntesis que cada generación hace de su cultura con objeto de transmitirla a la siguiente generación. Y ese legado, forzosamente, es un legado plural. Y esa pluralidad facilita a su vez que la sociedad sea plural, cosa normalmente bastante positiva. Cuando hay pluralidad, las mejores experiencias ganan terreno a las peores, y el sistema se va mejorando de modo natural, aprendiendo unos de otros. Creo que la libertad de enseñanza, así como las dinámicas que facilitan compartir experiencias y generar culturas de colaboración, ayudan notablemente a que el conjunto mejore.
¿Cómo ve la evolución educativa en Europa y en España? En las conclusiones del Congreso, hablan, por ejemplo, sobre la necesidad de un debate constructivo para mejorar la educación.
– El buen resultado en educación no es un asunto fácil de medir. Cada cultura, y cada familia, se centra más en unos puntos y menos en otros. Eso fomenta, entre otras cosas, que la educación sea bastante plural, y eso es positivo. Pero si nos fijamos por ejemplo en PISA, o en otros estudios que miden los indicadores más habituales, España en su conjunto tiene un sistema educativo con resultados globales similares a los que tienen los países de nuestro entorno. Y en cuanto a Europa, globalmente queda por encima, aunque hay países, sobre todo asiáticos, que obtienen resultados académicos bastante superiores.
Cuando se produjo el relevo en el Ministerio de Educación español a la actual titular, en 2021, usted declaró a un medio: “Deseamos una buena relación y ayudar a desarrollar una ley que no nos gusta, para procurar que no empeore”.
– Está claro que si una ley está ya vigente y no hay voluntad política de cambiarla, hay que centrar los esfuerzos en procurar que sus desarrollos minoren las consecuencias negativas que pueda producir esa ley.
El año pasado preguntamos al pedagogo Gregorio Luri por aspectos que reorientaría de la ley de Educación (LOMLOE), y dijo: “Haría que todo volviera a su cauce. Creo que volver a la cordura es absolutamente urgente”. ¿Cómo lo ve usted?
– Me parece que lo urgente es hacer mejores políticas educativas y lo que bastantes veces se hace es politizar la educación, que es algo bien diferente. Convendría podar la LOMLOE de diversos aspectos que responden a resabios ideológicos ajenos al bien de la educación, y que han sido incorporados por presiones políticas que no deberían estar en el debate de la mejora de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, es fácil detectar que la ley muestra una hostilidad hacia la enseñanza concertada, hacia la educación especial, hacia la transparencia en la evaluación de los centros, hacia la elección de centro, etc.
Sobre la obstaculización a la libertad de elección de centro, el mismo pedagogo respondió: “Si todas las tiendas de Madrid vendieran exactamente lo mismo, la autonomía no sería necesaria. Si cada tienda vende productos diferentes, quiero tener la posibilidad de elegir dónde quiero comprar…”. ¿Añadiría o precisaría algo?
– Es algo casi obvio. Una sociedad plural necesita de un sistema educativo plural. Para eso hacen falta, sobre todo, dos cosas. La primera es que haya enseñanza privada financiada con fondos públicos, porque de lo contrario solo serían gratuitos los centros públicos y solo los ricos tendrían acceso a esa escuela plural. Lo segundo es que tiene que haber libertad para elegir o cambiar de centro dentro de esa pluralidad, porque si hay una oferta plural pero no me dejan elegir, esa pluralidad es una quimera.
¿Qué ha aportado este 50 Congreso sobre el reto que supone educar hoy? Además, hay temas como la neurociencia, o la inteligencia artificial que están en plena efervescencia. También los asuntos antropológicos, la identidad del hombre, etc.
– La escuela debe centrar su propósito y su misión en formar bien a cada persona para que pueda sacar el máximo partido a su talento y así contribuir a transformar y mejorar la sociedad en que vivimos. Para ello, necesitamos políticas educativas que faciliten que las escuelas sean cada día mejores. Hemos reafirmado el compromiso de CECE para trabajar colaborativamente con todos los actores del mundo educativo, empezando por quienes elaboran y quienes aplican la normativa legal, con ese propósito claro. Hay que transformar la polarización en colaboración, pensando más en mejorar la educación y menos en los intereses de partido.
«Una buena escuela privada y concertada hacen mejor también a la enseñanza pública», ha manifestado usted. ¿Puede desarrollar un poco esta idea? En las conclusiones apuestan por una excelente enseñanza pública, pero que esto no dificulte el trabajo de los centros concertados, afirman.
– Siempre lo decimos, para que quede claro que queremos salir de esa dinámica perversa de enfrentar a quienes no tienen por qué estar enfrentados. Todos los que trabajamos en educación debemos querer que vayan bien todas las escuelas, no solamente la nuestra o las nuestras. Por eso queremos una excelente enseñanza pública, y por esos insistimos en que la mejora de la enseñanza pública no se logra dificultando el trabajo de los centros concertados, sino trabajando para que toda la enseñanza sea cada día mejor, sin antagonismos.
En el aspecto económico, muchos padres, al menos en entornos que conozco, desean opciones diferentes a la pública, por sus convicciones o por las razones que fueren, y no pueden, o el esfuerzo que han de realizar casi supera sus capacidades. ¿Algún comentario?
– Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un debate muy amplio que llevó a la declaración de los derechos humanos llamados de segunda generación. Se buscaban modos de evitar en el futuro las terribles experiencias de los diversos totalitarismos. Entre esos derechos se clarificó la idea de que el derecho a la educación no podía ser solo cuantitativo, es decir, que no bastaba con garantizar un puesto escolar a cada estudiante, sino que debía ser un derecho cualitativo, es decir, derecho a tener un puesto escolar de acuerdo con las propias convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Ese derecho es vital para alejar el riesgo de que los poderes públicos empleen la educación como un sistema de adoctrinamiento masivo de la población.
¿Y cómo se ha concretado ese derecho?
– Eso llevó a la necesidad de financiar la enseñanza privada, de modo que cualquiera pueda tener acceso a las escuelas que considere más adecuadas a sus preferencias personales. Y por eso existe en España la enseñanza concertada, y hay diferentes soluciones en la inmensa mayoría de los países desarrollados. Y la existencia de esas escuelas financiadas con dinero público se debe a ese derecho a una educación plural, no a que los poderes públicos no puedan escolarizar a toda la población: podrían hacerlo perfectamente, pero nos llevaría a una uniformidad asfixiante, propia de regímenes totalitarios.