Desplazados y migrantes: "son personas, no números""Es triste que los ciudadanos tengamos que defendernos del estado"El Servicio Jesuita a Migrantes ha reiterado a finales de la semana pasada en el Senado español “su compromiso de acompañar y defender a las personas internas en los CIE”, y ha reclamado una vez más “su cierre y la búsqueda de alternativas jurídicas y políticas para las personas que caen en la irregularidad”.
Las propuestas conclusivas de su informe sobre 2020, titulado Razón jurídica y sin razón política, señalan la necesidad de “mejorar al menos la prevención y atención sanitaria, cuando no suspender los internamientos en pandemia. A su juicio, continúa siendo preciso corregir situaciones de derechos vulnerados, y tener en cuenta las denuncias de tortura o el internamiento de perfiles vulnerables como menores y solicitantes de asilo”.
El informe del SJM sobre 2020, dirige la mirada hacia el internamiento en tiempos de coronavirus, con especial atención a la insuficiente atención sanitaria. “Los CIE cerraron sus puertas ante la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, de una forma inicialmente descoordinada y caótica, aunque luego se percibió el fundamento jurídico y las decisiones claras de la Policía y de la Fiscalía”. Sin embargo, reanudaron su actividad a partir de septiembre, “con insuficientes medidas preventivas anti covid y aislamientos severos para personas contagiadas, con el consiguiente clima de angustia y ansiedad para los internos”, señala el estudio.
En 2020, según el informe, fueron internadas en CIE un total de 2.224 personas, la gran mayoría (79 %) por motivos de devolución tras entrada irregular, seguida de motivos de expulsión (16 %). Por otra parte, 42 menores fueron identificados, casi un 2 % del total de internos, “una cifra demasiado elevada pero inferior a la real, ya que pone en entredicho la fiabilidad de las pruebas de determinación de la edad”, señala el SJM, cuya coordinadora es Carmen de la Fuente.
Un dato importante, a juicio de los redactores del informe, es que “refleja el innecesario sufrimiento al que se somete a las personas internas: del total de personas devueltas en España (1.904), solo un 28 % lo fueron desde CIE, así como del total de expulsiones (1.835), un 38 % lo fueron desde CIE.El 47 % de los internados fueron finalmente puestos en libertad por diversos motivos al no poder ejecutarse su repatriación forzosa”.
Por lo demás, los tribunales admitieron el pasado año “la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de la muerte de Samba Martine, en Madrid en diciembre de 2011. Un acto de justicia y reparación, fruto de casi una década de lucha judicial y social por parte de la familia y organizaciones sociales cercanas”, cuyas vicisitudes relató la abogada Cristina Manzanedo.
Rescatar de la invisibilidad
Antonio Viera, capellán del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, coincide con el diagnóstico del Servicio jesuita, y ha prologado su informe con un texto titulado “Personas a las que rescatar del mar de la invisibilidad”. El capellán afirma la “innecesaria existencia de los CIE”, porque, entre otros motivos, “es de sobra conocido que el CIE vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas retenidas”, al “escasear el acceso a los servicios básicos”, como son los servicios sanitarios o el asesoramiento jurídico, por ejemplo. El informe aborda numerosas cuestiones, escribe Antonio Viera, “poniendo en evidencia que España sobrevive a los CIE vacíos”.
En declaraciones a Omnes, el capellán explica que en el CIE de Barranco Seco hay “actualmente ocho personas: están los marroquíes que van a ser deportados a Marruecos, y serán puestos en libertad próximamente, porque el tiempo máximo de estancia en el CIE es de 60 días”.
“Lo lógico es cerrar los CIE”, añade, “porque además gastan un dinero del contribuyente. No tienen razón de ser. Aquí han llevado bien el cuidado sanitario durante la pandemia. Lo que necesitan estas personas es acompañamiento psicológico, porque llegan destrozados después de la travesía por el Atlántico”, comenta a Omnes.
“Las personas de este CIU tienen restringidas las visitas de familiares, por el Covid, y los únicos que les atendemos somos el capellán y los voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja”, comenta.
Migrantes en Canarias
Canarias es uno de los lugares por donde han entrado más inmigrantes en meses pasados, además de Ceuta. “Canarias no puede ser una nueva Lampedusa. Canarias es España, y quien llega a España ya es libre de transitar por todo el Estado. No puede ser que lleguen a las islas, se les deje ahí encerrados y se ‘olviden’ del problema”, manifestó hace poco más de un mes Mons. José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal española, en un encuentro con periodistas con ocasión de la Asamblea Plenaria de la CEE. Así lo reflejó Omnes
En esa reunión, Mons. Mazuelos recordó la carta pastoral que firmaron los obispos de las islas, denunciando la situación de miles de personas que llegaban a las costas canarias y que se encontraban en condiciones infrahumanas. Además, el obispo de Canarias destacó que “éste es un problema del Gobierno central que tiene que asumir y arreglar. El gobierno autonómico de Canarias está ayudando mucho; Cáritas está desbordada: hay personas durmiendo en la calle, se han triplicado las comidas que se dan al día”.
Proyectos
En el horizonte próximo, según el SJM, se ha confirmado “el proyecto de un nuevo CIE en Botafuegos, Algeciras, con una inversión de casi 27 millones de euros entre 2021 y 2024”. Además, la financiación que se plantea en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, sumada a las ya publicadas en años anteriores, eleva la cifra a más de 32,5 millones para el periodo 2019-2024. El nuevo centro de Algeciras copa la mayoría, pero los otros 6 millones se destinan a la reforma y acondicionamiento de los centros ya existentes, lo que demuestra una clara intencionalidad política, señala el SJM.
En la presentación en el Senado, Carmen de la Fuente señaló que actualmente los CIE de Valencia y Algeciras están cerrados por obras, mientras Josetxo Ordóñez añadió que “en Barcelona el año pasado hubo exactamente 200 días sin internamientos, del 6 de mayo al 23 de septiembre”. Josep Buedes, otro autor del informe, hizo especial hincapié en que “Interior no nos da la información que solicitamos”.
Mientras tanto, el capellán del CIE de Barranco Seco en Las Palmas, Antonio Viera, recuerda un mensaje del Papa Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz en 2016: “Quisiera dirigir una invitación a repasar las legislaciones sobre los emigrantes, para que estén inspiradas en la voluntad de acogida, en el respeto de los recíprocos deberes y responsabilidades, y puedan facilitar la integración de los emigrantes”.
