La defensa de la vida de los más vulnerables, en este caso ancianos y enfermos, y el protagonismo de las familias y la sociedad en la educación (la demanda social), son principios que han pasado al primer plano de atención de los obispos españoles, al observar la celeridad con la que la coalición de gobierno impulsa su agenda social.
-Texto – Rafael Miner
En efecto, estos días tienen lugar en el Congreso de los Diputados las sucesivas aprobaciones de uno de los objetivos de la actual mayoría parlamentaria: la regulación legal de la eutanasia, denominada por sus promotores “muerte digna”, que se desea configurar como la prestación pública, por el Estado, de un pretendido “derecho a morir”.
La regulación de la eutanasia por ley orgánica deberá pasar todavía por el Senado, pero su tramitación prosigue con inusitada rapidez, como si su aprobación diera un aval progresista a la gestión, y sin tener en cuenta argumentos de peso, como la urgencia de un impulso de los cuidados paliativos en España, de acuerdo a estándares europeos.
Tramitación sin diálogo
“La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público”, han denunciado los obispos españoles hace unos días en una Nota, de la que ha informado esta web. Para la Conferencia Episcopal Española (CEE), “el hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral; un cambio en los fines del Estado: de defender la vida a ser responsable de la muerte infligida; y también de la profesión médica, ‘llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte’”.
En el escrito, los obispos se sumaron expresamente a palabras del Papa Francisco: “La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza”.
Con ocasión de la XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, el mismo Papa remitió a los profesionales un mensaje, en el que puede leerse: “Queridos agentes sanitarios: cada intervención de diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde el sustantivo ‘persona’ siempre está antes del adjetivo ‘enferma’. Por lo tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado la enfermedad sea irreversible”.
Decisiones responsables
Siguiendo los mensajes de Francisco y de la Santa Sede, los obispos españoles se pronunciaron en su Nota sobre aspectos muy concretos: 1) “Invitamos a responder a esta llamada con la oración, el cuidado y el testimonio público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor de la vida, los cuidados y una genuina buena muerte en compañía y esperanza”. 2)“Pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia”. Y 3) “Convocamos a los católicos españoles a una Jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de diciembre, para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse a esta iniciativa”.
Los obispos recordaron que la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, “con la aprobación expresa del Papa Francisco, publicó la Carta Samaritanus bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Este texto ilumina la reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. También la Conferencia Episcopal Española, con el documento Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, ofrece unas pautas clarificadoras sobre la cuestión”.
Los más vulnerables, desfavorecidos
En un coloquio organizado por ForoPalabra, el delegado de la Santa Sede en la Asociación Médica Mundial, Pablo Requena, manifestó que, a su juicio, “no es una cuestión de derechas o izquierdas. Es más, una persona de izquierdas debería darse cuenta de que los más vulnerables van a quedar desfavorecidos con una ley de este tipo”, aseguró Requena en el foro, celebrado en la sede del Banco Sabadell en Madrid.
“A veces, estas leyes se presentan como un modo de construir una sociedad más libre…, pero ¿es verdad? Más libre quizá para algunos pocos, pero menos libre para muchos que se encuentran en una situación de desamparo, solos, sin las condiciones necesarias para vivir dignamente esos últimos tiempos de su vida”, añadió el médico y teólogo Pablo Requena.
Debe citarse asimismo el dictamen del Comité de Bioética de España (CBE), órgano asesor del Gobierno, que rechazó por unanimidad a primeros de octubre los fundamentos del proyecto de ley de eutanasia del Ejecutivo. Entre otras cosas, manifestó que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública”. Al mismo tiempo, advirtió que legalizar la eutanasia como un derecho “puede afectar al futuro de las personas más vulnerables”, y “supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.
¿Cuestión progresista?
El Comité rechazó también que la eutanasia pueda considerarse como un “logro progresista” […], informó la cadena Cope el 9 de octubre. “Ni la eutanasia ni el auxilio al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. En un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas», señalaron los expertos.
Entre otros medios que se hicieron eco del informe, El País conversó con Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética y profesor de la Universidad de Comillas, quien señaló al diario: “Consideramos que ni ética ni legalmente hay derecho a morir. Derecho y libertad son cosas distintas”. En su opinión, “Ante los casos que se producen caben dos opciones. Una, de naturaleza jurídica, en cierto modo ya se cumple porque el Código Penal regula el homicidio compasivo de manera muy benevolente. La segunda, de naturaleza médica, no está completamente desarrollada y explorada en España: los cuidados paliativos y, dentro de ellos, la protocolización de la sedación paliativa, que no solo se refiere a enfermedades terminales, también a quienes se encuentren en una situación de angustia o cronicidad”.
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