La educación, un derecho de hijos, de padres… de la sociedad

Las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid han removido las aguas políticas de nuestro país. Y, por supuesto, enseguida han surgido los más variados análisis para explicar lo que ha pasado. Querría añadir alguna clave en lo que respecta a la educación, que en mi opinión, ha tenido mucho que ver.

En la misma noche de la victoria electoral, en medio de la euforia, a la presidenta Ayuso no se le olvidó recordar a los padres de la educación especial y, en general, acordarse de la libertad de las familias para poder escoger el centro que quisieran para sus hijos. Y en estos días hemos podido leer en la prensa como ‘Isabel Díaz Ayuso convertirá Madrid en el epicentro de la rebelión contra la Ley Celaá’ y noticias similares.

En los días de la campaña cuando leía el slogan ‘Libertad’ no podía menos que acordarme del grito de los ciudadanos en las dos grandes manifestaciones organizadas por la plataforma ‘Más Plurales’ precisamente ante la inminente aprobación de la Ley Celaá en el momento más duro de la pandemia. Y no era casualidad la coincidencia.

Algunos dicen que Díaz Ayuso tiene olfato para ver qué se mueve en la calle y sintonizar con ello. Sin duda esta acción lo demuestra. Porque la campaña contra la ley Celaá no fue lanzada por los partidos políticos, sino que fue la sociedad civil –familias, sindicatos, profesores, patronales…- la que se movió ante una ley intervencionista que coartaba las libertades básicas de las familias en la elección de centro y del tipo de educación que quieren para sus hijos. Solamente en un segundo momento, viendo el auge que esa campaña iba tomando y como caló en la ciudadanía, todos los partidos políticos de la oposición se sumaron en bloque a la marea naranja contra la Ley Celaá.

Se sumaron tanto que hasta tomaron como propio el grito de ‘libertad’, que más que un grito se convirtió en un clamor. La ministra, con cierto desprecio, dijo en aquel momento que habría que ver cuántas familias se movilizaban en esas manifestaciones. Fueron muchas, sin duda. Y el propio gobierno reconoció sotto voce que era la primera vez en la legislatura que algo les hacía mella.

Y aun así, sin duda, el Gobierno calculó mal las consecuencias de aquella acción. Creyó que pasadas las manifestaciones y aprobada la nueva ley educativa esas voces se acallarían. Nadie puede estar todo el día en la calle, pensaban. Pero la gente no olvida, y en la primera ocasión en que han tenido de levantar su voz, esta vez mediante su voto, han vuelto a decir que quieren que se respete el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, bien sea centro concertado, educación especial, clase de Religión, educación diferenciada, en castellano…

Es probable que el Gobierno no se enmiende. Y que con ello se aleje más aúnde lo que a la gente le preocupa. Porque a la hora de la verdad, votamos en gran medida pensando en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en las realidades más cercanas. Y la educación es, como se ha podido ver, una de esas preocupaciones básicas de las familias.

Por eso no hay que olvidar que es la sociedad la que debe movilizarse para defender sus derechos. Y que si lo hace, siempre habrá políticos que tarde o temprano sabrán escucharles. Ese es el camino recorrido y esa es la senda por la que hay que continuar.

Impulsar una sociedad viva y movilizada, que defienda la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos en libertad. Que la defienda en las calles, en la charla personal con los conocidos, en los bares y panaderías, en los programas de televisión… y hasta en las urnas, si hace falta.