Cada Vida Importa se moviliza este domingo, con la historia de LeireLa Fundación Redmadre hacía público el pasado 14 de diciembre el Informe Mapa de la Maternidad, que analiza las ayudas públicas a la maternidad y, en concreto, a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad ofrecidas en 2020 por el conjunto de las administraciones públicas españolas. En ese informe hay un dato escandaloso y muy triste: La inversión total destinada en 2020 por el conjunto de las Administraciones públicas en apoyo a la mujer embarazada con dificultades fue de 3.392.233 de euros, mientras que las ayudas para abortar fueron de 32.218.185 millones. El gasto del conjunto de las Administraciones públicas en España en apoyo a la mujer embarazada ha aumentado en tan solo 2 euros desde 2018.
Ante este dato cabría preguntarse si hay personas que piensan que el aborto es plato de gusto para alguien. Porque si la respuesta es no, ¿qué hacemos que no ayudamos a aquellas mujeres que quieran ser madres y atraviesen por dificultades para serlo? ¿Acaso estamos ante imperativos ideológicos fuera de toda lógica y, por supuesto, sensibilidad humana? Todo apunta a que sí, ya que al tiempo que se promueve y se financia el aborto, se ponen trabas legales a las asociaciones pro-vida para informar y ofrecer ayuda a las mujeres que acceden a los abortorios.
Por otro lado, estos datos desmienten la idea de que nuestra clase política, de quien dependen esas ayudas, tenga una desarrollada conciencia social. De ser así se habría promulgado ya una ley de lucha contra la exclusión social motivada por la maternidad, porque en no pocas ocasiones apostar por la maternidad conlleva dificultades para obtener un puesto de trabajo, incluso para mantenerlo. La solapada marginación a la maternidad hace que muchas mujeres no sean libres, sino que se vean muy presionadas, a la hora de elegir la vida en detrimento del aborto.
Al mismo tiempo hay una alarmante falta de visión de futuro. Dos días después del informe hemos sabido que España ha perdido población por primera vez en los últimos cinco años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España en estos momentos tiene 47,32 millones de personas, lo que supone un descenso de 72.007 habitantes respecto a 2020.
Todo lo que estamos viviendo en este sentido es bien definido por el papa santo, Juan Pablo II, que acuñó el término “cultura de la muerte” en su encíclica Evangelium Vitae. En ella señala que «con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural, que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y -podría decirse- aún más inicuo ocasionando ulteriores y graves preocupaciones: amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no sólo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias». (Evangelium Vitae, num. 4).
Más recientemente, el papa Francisco, con la claridad que lo caracteriza, declaraba en el vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia, el pasado mes de septiembre: «El aborto es más que un problema, el aborto es un homicidio. Sin medias palabras: quien realiza un aborto, mata». Después se hacía dos preguntas: «¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema? (…) Segunda pregunta: ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? (…) Por eso la Iglesia es tan dura con este tema, porque si acepta esto es como aceptar el homicidio cotidiano».
Ahora, en plena Navidad, es buen momento para reflexionar sobre esto.
