Como cohetes de feria en verano

Cada cierto tiempo, desde instancias gubernamentales se lanzan, sin fundamento real y jurídico,  “bombas de humo” acerca de la supresión del Concordato entre el Estado y la Iglesia católica o la derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

3 de septiembre de 2021·Tiempo de lectura: 2 minutos

Un poco alterado, al borde las vacaciones de verano, un buen amigo me enviaba un mensaje al teléfono móvil con una de las noticias del día: “El PSOE plantea revisar los acuerdos con el Vaticano y garantizar la ‘libertad religiosa”. Tuve que forzarme a buscar la fecha de la noticia, pues por un momento me sentí transportado muchos años atrás… Y es que cuando los gobiernos socialistas no tienen otra cosa mejor que hacer, lanzan a la opinión pública dos “cohetes de feria”: la revisión (supresión) del Concordato con la Iglesia católica (léase, el bloque de Acuerdos de 1976-1979) y la derogación-sustitución de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

Respecto del “concordato” (léase, los acuerdos) puede ser sometido a revisión cuando ambas partes lo estimen necesario. Que haya llegado el momento de su revisión es algo que deben las partes acordantes determinar. ¿Ha llegado ese momento? Parece que para el gobierno sí. O más bien que llega el momento cada vez que no tiene otra cosa mejor que hacer. Respecto de si la Iglesia piensa del mismo modo, más bien parece que lo que la jerarquía española quiere es tender puentes y que se cumpla —que se cumpla plenamente— lo acordado.

Y respecto de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa, lo que me sorprende es que los gobiernos socialistas la tienen tomada con este derecho fundamental. Porque no les preocupa la revisión de otras leyes orgánicas sobre derechos fundamentales. La obsesión con la libertad religiosa resulta ya cansina, como una especie de clericalismo al revés. ¿Le compensa al gobierno lanzarse de nuevo a la batalla? Pienso que no. Y no tanto porque haga o no haga falta, sea una exigencia de la no discriminación o no lo sea, deba ceder la libertad religiosa ante un derecho extensible a creyentes y no creyentes… Sino porque, si abre el melón, tendrá que determinar de una vez por todas el contenido y alcance de la objeción de conciencia. Y a eso ni se ha atrevido el Tribunal Constitucional.

Es una pena que la política religiosa del gobierno siga anclada al siglo pasado. Que no haya convocado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (o a las principales confesiones religiosas en España) para coordinar esfuerzos y voluntades en la lucha y superación (moral y económica) de la pandemia. Que siga imaginando a un actor social de primer orden como al enemigo a abatir. Pierde el tiempo, pierde recursos, pierde aliados. Y como con los cohetes de feria, al final todo queda en ruido y poco más.

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