Los recientes acontecimientos en Afganistán son una nueva muestra del mundo que estamos construyendo. La sociedad occidental saca pecho por su Estado de Derecho y de su compromiso con los derechos humanos a nivel mundial, lo que se plasmó en los Acuerdos de Bonn de 2001, firmados por los Estados occidentales con el compromiso a crear un nuevo Afganistán basado en estas premisas. Sin embargo, el resultado ha sido muy dispar.
Tras el colapso del gobierno de reconstrucción afgano y ante la falta de una estrategia de retirada, lo más importante en estos próximos días para la comunidad internacional es garantizar la seguridad de la población afgana, especialmente de aquellas personas que por su profesión, vocación o situación son más vulnerables ante el nuevo gobierno talibán. España se ha erigido como ejemplo de efectividad en la gestión de evacuación de estas personas. La coordinación de nuestros diplomáticos y militares en las labores de salida y llegada a nuestro país, con el establecimiento de alojamientos en las bases de Torrejón, Morón y Rota está siendo encomiable y puede marcar un punto de inflexión en nuestra política exterior, demostrando la gran capacidad y preparación de los altos funcionarios del Estado español ante situaciones de crisis y en las relaciones internacionales del siglo XXI.
Ahora bien, la evacuación es solo el punto de partida, pues ahora hay que lidiar con la acogida de estas personas en España y en distintos países de la Unión Europea. La Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1978, definen al refugiado en su artículo 1 como aquella persona “con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Esto implica que una vez que la población afgana sea puesta a salvo en los países participantes en la ISAF (Fuerza Internacional para la Asistencia de la Seguridad de Afganistán) y en sus aliados deberá solicitar esta condición de refugiado o asilado en función de la respectiva normativa nacional del país de acogida.
Por lo tanto, la llegada de los afganos a las bases españolas marcará solo el inicio de su nueva vida. Ahora, habrán de determinar el país final de acogida, lidiar con los procedimientos normativos que los reconozcan como refugiados, la aceptación social y política en estos países y con la adaptación a una nueva vida, con la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus casas.
En Estados Unidos y algunos Estados europeos ya han surgido voces no tan favorables a la acogida de la población afgana, tanto por cuestiones económicas, sociales y políticas como por miedo a que entre los afganos evacuados se encuentren terroristas que puedan introducir células en Occidente. Los políticos suelen ser los primeros en mostrar estas reservas, en gran parte por temor y con objetivos cortoplacistas y electoralistas. Temores que pueden ser rebatidos siempre que se establezca una buena estrategia de acogida y adaptación. Para ello, la movilización y el compromiso de la sociedad civil es crucial para garantizar una acogida real y efectiva. Resulta fundamental la sensibilización tanto de la sociedad acogida como de la acogedora para favorecer la adaptación de ambas en circunstancias excepcionales.
En España la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria recoge los procedimientos, requisitos y derechos del refugiado en España siguiendo la Convención de Ginebra. El trabajo de entidades como ACNUR, Cáritas, Pueblos Unidos o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras, es impresionante y clave para el acompañamiento de los afganos que están llegando a España y para garantizar la obtención de la cualidad de refugiado y su adaptación a los Estados de acogida. La Unión Europea tiene de nuevo la oportunidad de ser ejemplo de garante y defensor de los derechos humanos, teniendo la apremiante tarea de organizar la acogida de esta población afgana y establecer una estrategia internacional basada en los derechos humanos práctica y efectiva.
La situación actual de Afganistán muestra que cada vez que hay una catástrofe humanitaria en cualquier lugar, los Estados actúan en función de sus intereses y los políticos y la sociedad responden con miles de reacciones en las redes, ansiosas de recabar muchos “likes”. Esta tendencia individualista y de instantaneidad a que se dirige la sociedad hace que muchas veces la respuesta a una situación crítica no se adecúe a las necesidades reales por falta de visión colectiva y de transversalidad. Es el momento de creer que toda sociedad se enriquece al ponerse al servicio de los demás y de que la acción colectiva, rompiendo desconfianzas, es la mejor inversión para garantizar la defensa de los derechos humanos.
Profesor de derecho internacional público de la Universidad Villanueva
