A todos los católicos nos duelen en el alma estos hechos que tienen como objeto una materia grave ante Dios y que son delitos graves también ante los hombres, dejando huellas indelebles negativas en quienes son víctimas: “el que reciba a un niño como éste en mi nombre a Mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en Mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y lo hundan en lo profundo del mar” (Mt 18,5-6).
Los obispos en España, en comunión con el Santo Padre y toda la Iglesia universal, estamos comprometidos en erradicar, en la media de lo posible, estas conductas absolutamente inaceptables en todos los ambientes de la sociedad y, mucho más, en la Iglesia.
Sobre todo desde hace algunos años, la Sede Apostólica ha pedido públicamente perdón en varias ocasiones y se ha empeñado fuertemente en hacer luz sobre lo sucedido y en la reparación de las víctimas, como fin prioritario.
Así, el Papa Juan Pablo II publicó, en el año 2001, el motu propio “Sacramentorum sanctitatis tutela” (La tutela de la santidad de los Sacramentos), al que han seguido, ya en tiempos del Papa Francisco, la reforma del libro VI (libro sobre las penas) del Código de Derecho Canónico y, en el año 2019, de nuevo un motu propio del papa Francisco titulado “Vos estis lux mundi” (Vosotros sois la luz del mundo).
La Conferencia Episcopal Española, por su parte, ha remitido a Roma para su aprobación un Decreto General de obligado cumplimiento muy extenso y pormenorizado sobre el modo de tratar los abusos en la Iglesia de cuya aprobación estamos a la espera.
Cada Diócesis ha creado una Oficina de Protección de menores y Prevención de los abusos para recibir las denuncias, acompañar y ayudar a las víctimas como paso previo a un tratamiento jurídico penal si fuera pertinente.
La iniciativa de dichos partidos políticos para que el Congreso examine los casos de abusos en la Iglesia no debe ser interpretada como si los obispos no estuvieran haciendo nada, ni les interesara esclarecer los casos de abuso, ni el dolor de las víctimas.
No es así.
En la Conferencia Episcopal no ha parecido conveniente crear una Comisión nacional que examinara los casos de abusos cometidos, como ha hecho, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Francesa, porque ha parecido que es un camino que no resuelve el problema. Estas iniciativas sacan a la luz un número absoluto de casos, que posteriormente reciben críticas fundadas en cuanto a su exactitud estadística porque es objetivamente difícil, en un arco de tiempo tan extenso, ser precisos.
A la Conferencia Episcopal Española, hasta ahora, le ha parecido más eficaz y justo estudiar caso por caso, también los casos del pasado, pero con garantías procesales y actitud de ayuda sincera y cristiana a las víctimas, intentando por todos los medios reparar el daño, en la medida de lo posible.
Quizás en el pasado no tomamos suficientemente en consideración, ni en la Iglesia ni en la sociedad en general, la gravedad enorme de estos hechos, que por otra parte están ligados a nuestra condición humana, que lucha en un combate sin fin contra lo que no es digno del ser humano. Es el momento de reaccionar y de que todos pongamos todos los medios para atajar, en la medida de lo posible, estos hechos tan lamentables.
En ello estamos en la Iglesia sinceramente empeñados y el Señor nos ayudará.
