El mismo día en que el presidente Sánchez anunció el adelanto electoral, el pasado 15 de febrero, el anteproyecto de reforma educativa de la ministra Celaá, considerado como prioritario y rechazado por una gran parte de la comunidad educativa, fue aprobado en Consejo de Ministros, pasando a estar en suspenso hasta que se forme un nuevo gobierno, que deberá retomar el asunto y seguir el trámite parlamentario. Algo que debemos considerar de extrema gravedad si tenemos en cuenta que se trata de una ley orgánica.
Posteriormente, resulta paradójico que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, en su primer debate de investidura del pasado julio sólo mencionara en una ocasión, durante su discurso, la para él tan necesaria reforma educativa. Quizás fuera un guiño a quienes podían ser sus socios.
Con este panorama comenzamos un nuevo curso. Si en anteriores ocasiones considerábamos la situación como compleja, inestable y preocupante para un sector como la enseñanza, ahora lo es mucho más si cabe, con la irrupción más que nunca en el sector de la vertiente ideológica.
Es evidente que la situación política y la creación de un nuevo gobierno a partir de los diferentes pactos (nota del editor: ahora o tras unas nuevas elecciones), determinarán el horizonte de la reforma educativa propuesta. Esta será aplicada con mayor o menor radicalidad en función de los socios de gobierno, aunque siempre cabe la posibilidad de su derogación.
Su aplicación sería sin duda una fuente de conflictos. Una parte importante del mundo educativo —asociaciones de padres, sindicatos, patronales—, cree ver en ella una vuelta a antiguos postulados que no somos capaces de conseguir superar debido al alto contenido ideológico que rodea la escuela y la enseñanza de este país. La escuela responde siempre a un interés político y partidista que nos aleja cada vez más de la estabilidad necesaria para mejorar nuestro sistema educativo y la educación en general.
Deterioro de la libertad
Hay algunos puntos que pueden suponer un importante deterioro para la libertad de educación en España, y que revelan la falta del necesario consenso existente en esta posible “contrarreforma educativa”.
No podemos compartir una regulación que ataca directamente a la libertad de enseñanza, al derecho de elección de los padres a la educación de sus hijos o a los conciertos educativos como garantes de la igualdad y la equidad. No podemos estar de acuerdo con el tratamiento que se da a la asignatura de Religión o a la educación diferenciada actuando en contra de la propia Constitución española, sin tener en cuenta los acuerdos suscritos por el Estado español o las numerosas sentencias de diferentes tribunales españoles e internacionales.
Tampoco se atiende al profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, al no desarrollar políticas que ayuden a mejorar sus condiciones profesionales para que puedan conseguirse eficazmente los objetivos educativos planteados, como nos instan desde los informes y organismos internacionales.
Lo más significativo del anteproyecto más radical, al que habrá que hacer un seguimiento exhaustivo, puede condensarse en los siguientes puntos:
1) La asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, omitiendo cualquier referencia a la misma pese al artículo 27 de la Constitución española. Hay que recordar que la libertad de enseñanza y la enseñanza concertada no son un problema para el sistema educativo sino una parte importante de la solución que se hace patente en su continua contribución a la mejora de los resultados educativos y por ende de la sociedad española.
2) Poner en entredicho el concepto “demanda social”, lo que implica una restricción al derecho de las familias a la elección del tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, aunque se haya intentado suavizar por los socialistas en un último texto. Esto afectaría directamente a la financiación y concertación de los centros educativos especialmente los religiosos y los de educación diferenciada.
3) Supresión de las referencias a la asignatura de Religión en la regulación de las distintas enseñanzas remitiendo el cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado a una posterior e incierta normativa reglamentaria.
4) Omitir las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real de cada puesto escolar, lo que supone una gran incertidumbre y una continua asfixia de los centros no públicos.
5) Adoptar algunas medidas académicas de dudosa eficacia y falta de consenso profesional, como la superación de cursos de bachillerato con asignaturas pendientes.
Problemas reales
Como puede verse, las reformas no priorizan ni atienden a las necesidades del sistema educativo, sino que están lejos de solucionar los problemas reales de la educación en España y con mayor urgencia. Necesitamos atender urgentemente la mejora de los resultados académicos y los aprendizajes, las reforma de etapas educativas clave como es la Educación infantil, adaptándolas a la realidad existente, la ampliación de la educación y formación básica como el tramo 16-18 años, la financiación real y la extensión de conciertos educativos, la selección y formación de los profesionales de la enseñanza, la disminución de las ratios educativas, la extensión y generalización de la orientación educativa y atención a la diversidad, entre muchos otros problemas de diferentes calados.
Sin embargo, estamos plenamente convencidos de que lo verdaderamente urgente y necesario es retomar un Pacto social y político por la educación que dé estabilidad y seguridad a las familias, alumnado, profesores, profesores de religión, titulares de centros, responsables públicos y todos los que conforman el amplio y complejo mundo de la educación. Este es el único camino que permitirá consolidar mejoras en el sistema educativo aportando soluciones a las problemáticas reales y conseguir, haciendo hincapié en el pluralismo y la libertad.
Suscribimos las palabras del propio Consejo Escolar en su informe acerca de las reformas Celaá analizadas anteriormente: “Las razones que justifican el pacto siguen vigentes: procurar una regulación de la educación que, en sus aspectos fundamentales, sea estable por contar con un amplio apoyo parlamentario y que, consiguientemente, conforme una política de Estado a largo plazo que asegure su continuidad mas allá de la alternancia de las mayorías del gobierno”.
En estos últimos años, cada vez que la izquierda española, liderada por el PSOE, tiene la perspectiva de conseguir el poder en una cita electoral, dinamita los acuerdos, acercamientos y normativas anteriores para tratar de imponer sus postulados referentes a la educación —única, laica y pública—, además de su interpretación de la gratuidad, de ahí que la financiación y concertación sea una de las formas de control efectiva sobre los centros educativos y la forma de restringir el ejercicio de la libertad educativa de los padres.
Estos supuestos los ha ido dejando claros la ministra Celaá en sus declaraciones: el primero, que la enseñanza de titularidad no estatal ha de ser subsidiaria por principio de la enseñanza estatal, y, segundo axioma, que ésta debe ser el eje vertebrador del sistema educativo.
Viejas propuestas para nuevas situaciones, sin que los verdaderos problemas de la educación española sean definitivamente abordados y que nos siguen retrasando respecto a otros países europeos. n
Doctor en Educación. Presidente de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
