Se ha firmado en el Vaticano un acuerdo de colaboración entre la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores (Dicasterio para la Doctrina de la Fe) y el Dicasterio para la Evangelización: la formación de los obispos y el intercambio de buenas prácticas son fundamentales.
No sólo las Iglesias de antigua historia y tradición, sino también las Iglesias de reciente fundación podrán desarrollar ulteriormente un cuidado y atención especiales para la protección de los menores y de las personas vulnerables, a fin de dar una respuesta adecuada en todas aquellas circunstancias en las que el clero sea desgraciadamente culpable de tales conductas.
Todo ello será posible gracias a un “acuerdo específico de colaboración e intercambio” firmado el 21 de abril por el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto de la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares del Dicasterio para la Evangelización, y el cardenal Patrick O’Malley, OFMCap, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.
Tres serán los ámbitos específicos en los que se concretará la colaboración entre ambos organismos de la Curia Romana.
Atención a las víctimas
Un primer foco de atención serán las víctimas. El acuerdo establece que se identificarán formas más eficaces de incluir a las víctimas, basándose en la experiencia previa. En este sentido, se desarrollará la red de los llamados Centros Memorare, destinados a ayudar a las diócesis a crear oficinas para escuchar a las víctimas y, en su caso, facilitar las denuncias.
A través de estos Centros será posible acoger sesiones informativas a cargo de miembros y personal de la Comisión Vaticana, con el fin de proporcionar procedimientos más actualizados en materia de salvaguardia.
Servicio a las diócesis
Un segundo servicio se referirá a las diócesis individuales, con una atención mayor y más específica a los obispos durante las visitas ad limina a Roma.
La Comisión ofrecerá reuniones y conferencias para fomentar una comprensión más profunda de la mejor manera de ejercer la protección de la infancia en cada país y aprovechará la oportunidad para instar a la adopción y aplicación de las directrices exigidas por el Vaticano para cada diócesis.
Apoyo a los obispos
Pensando en cada uno de los pastores de las Iglesias locales, la Comisión pondrá a su disposición su red internacional de expertos para que los obispos sean más conscientes de su papel a la hora de escuchar a las víctimas, crear entornos seguros para los menores y las personas vulnerables y tramitar las denuncias.
Se tratará tanto de formación continua como de un criterio inicial a impartir a los obispos recién nombrados, evidentemente en las circunscripciones eclesiásticas bajo jurisdicción del Dicasterio para la Evangelización.
Por último, se llevará a cabo una colaboración especial con la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, dependiente del Dicasterio y extendida en más de 130 países, que se centra especialmente en el protagonismo misionero de los niños en favor de sus coetáneos más necesitados.
En este sentido, el acuerdo prevé el intercambio de información y la promoción de acciones sinérgicas en el campo de la educación y la prevención.
En línea con la reforma de la Curia
La firma del documento está en línea con lo establecido en la constitución apostólica Praedicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana, para garantizar la puesta en común de criterios de servicio comunes entre los distintos organismos, especialmente en el ámbito de la protección de los menores y de los más vulnerables.
El Acuerdo -que tendrá una duración inicial de tres años- responde también a la petición específica del Papa Francisco formulada a la Comisión para la Protección de Menores en abril de hace un año, cuando recibió en audiencia a sus miembros, de ayudar a los Obispos a identificar y compartir los “mejores métodos” en el ámbito de la tutela, ayudando también a sanar a los supervivientes y “teniendo en cuenta que justicia y prevención son complementarias”.
Los resultados de esta colaboración se recogerán anualmente en el Informe sobre la salvaguardia en la Iglesia, que se entregará al Pontífice, como pidió en la misma audiencia del año pasado.
Una gran oportunidad
La iniciativa representa para el cardenal O’Malley, presidente de la Comisión Pontificia, una gran oportunidad para prestar un servicio fundamental también a aquellas diócesis en las que muy a menudo los recursos económicos son limitados, pero que no deben perder la ocasión de desarrollar programas adecuados a la hora de acoger a las víctimas de abusos.
Es fundamental, de hecho, asegurar “una fuerte implicación pastoral con quienes han sido heridos” y seguir garantizando lugares seguros para niños y jóvenes.
Más formación
Por su parte, el cardenal Tagle juzga este Acuerdo como “un gran ejercicio de trabajo interdicasterial”, fruto evidentemente de la reciente reforma de la Curia romana, más orientada al aspecto formativo: “Esto es lo que veo: la formación en este campo de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos”.
Además, es necesario “comprender mejor el impacto de los abusos y los comportamientos violentos en la vida de las personas y de las comunidades”, incluso en aquellos territorios de primera evangelización donde la Iglesia representa todavía una pequeña comunidad. Para el cardenal Tagle, por último, no se puede descartar una extensión de esta perspectiva de protección, que evidentemente debe hacerse aún más “cultura en la Iglesia”, a otros Dicasterios de la Santa Sede.
En efecto, además de la preocupación por el clero, no hay que olvidar otros ámbitos en los que se producen abusos, como la familia -implicando así al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida- o donde se dan situaciones de pobreza -implicando en este caso al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Doctrina de la fe
Desde marzo de 2022, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, en virtud de la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, ha quedado encuadrada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aunque con autonomía propia en cuanto a personal, miembros y propuestas, y con su propio Presidente Delegado que la dirige.
Entre los mandatos recibidos del Papa Francisco está el de supervisar las directrices que las Conferencias Episcopales están llamadas a adoptar para proteger a los menores y responder adecuadamente a estas conductas (art. 78, 2 del Praedicate Evangelium), sobre todo para garantizar que no pierdan su eficacia y se verifiquen oportunamente.
La Comisión tiene la responsabilidad de crear mecanismos de denuncia en toda la Iglesia para quienes hayan sufrido abusos. Esto es algo que se codificó por primera vez en el Motu proprio Vos Estis Lux Mundi de 2019, fruto de la reunión del Papa ese mismo año con los máximos responsables de la Iglesia.
Quedará en manos del Informe Anual solicitado por el Papa describir en detalle la naturaleza de la adecuación de las políticas y procedimientos de salvaguardia adoptados en todos los niveles de la Iglesia, incluida su aplicación y eficacia, destacando las buenas prácticas y proporcionando una retroalimentación adecuada. Una “herramienta vital” para reforzar la credibilidad de los esfuerzos de la Iglesia en este triste ámbito de los abusos sexuales.
Nuevos miembros
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue instituida mediante un quirógrafo el 22 de marzo de 2014, un año después de la elección del Papa Francisco. En abril de 2015 se aprobó el Estatuto; en marzo de 2022, con la publicación de la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, el organismo se integró, como se ha dicho, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Finalmente, en septiembre del año pasado, el Papa Francisco nombró a diez nuevos miembros, entre ellos siete mujeres y tres hombres, elevando su número a 20.
Con la dimisión del jesuita Hans Zollner, ahora son 19 los miembros. Se espera en breve la Asamblea Plenaria de la Comisión, que también deberá definir mejor la reciente integración con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
