Vaticano

Nueva ley anticorrupción del Vaticano: prohibidos los regalos de más de 40 euros

El Papa Francisco ha emitido una nueva carta apostólica en forma de motu proprio con nuevas medidas anticorrupción para los directivos de la Curia.

David Fernández Alonso·29 de abril de 2021·Tiempo de lectura: 3 minutos
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Foto: ©2021 Catholic News Service / U.S. Conference of Catholic Bishops.

“El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto” (cf. Lc 16,10). Con este versículo comienza la Carta apostólica en forma de motu proprio del Papa Francisco con algunas disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Marca la pauta con la que se están llevando a cabo las reformas en el ámbito económico y financiero de la Santa Sede.

Una nueva “ley anticorrupción”

Con esta nueva “ley anticorrupción”, el Papa exige a todos los empleados en niveles directivos de la Santa Sede, y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control, que firmen una declaración en la que aseguren que no han recibido condenas firmes, que no están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal.

Asimismo, el motu proprio exige a estas personas no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia.

Un compromiso de Francisco

Esta medida es consecuencia del trabajo infatigable que se está llevando a cabo por lograr una mayor transparencia en las finanzas vaticanas, y el compromiso que se ha propuesto el pontificado de Francisco en esta materia.

La nueva ley sigue la línea de la del 19 de mayo de 2020, cuando el Papa Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública. Era necesaria, explica el Papa, porque la corrupción “puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública, y por ello la normativa y las mejores prácticas a nivel internacional prevén para quienes desempeñan funciones clave en el sector público obligaciones particulares de transparencia con el fin de prevenir y combatir, en cada sector, los conflictos de intereses, las modalidades clientelares y la corrupción en general”. Por ello, la Santa Sede, que se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “ha decidido ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir” este fenómeno “en sus diversas formas”.

La Santa Sede se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “ha decidido ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir” este fenómeno en sus diversas formas.

Las medidas

Por tanto, el Papa Francisco ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a todos los que se encuentran en los niveles funcionales, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión. Tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, de modo que se asegura el compromiso por las buenas prácticas.

Además, se les solicita testificar no haber tenido condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y no haber sido absueltos por prescripción. Además, también tienen que declarar no estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal.

Declaración de transparencia

También deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios).

Deberán garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas. También es significativa la petición de “no tener” participaciones o “intereses” en sociedades o empresas que operen con fines contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia.

Ni regalos de 40 euros

La Secretaría para la Economía podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas en papel por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos.

Por último, se prohíbe -y esta novedad afecta a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines- aceptar, por razón de su cargo, “regalos u otros beneficios” de un valor superior a 40 euros.

Se prohíbe aceptar o solicitar, para sí mismo o para personas distintas del Ente en que se presta servicio, por razón o con ocasión del propio cargo, dádivas, regalos u otros bienes cuyo valor sea superior a cuarenta euros.

Reglamento General de la Curia RomanaArtículo 40, párrafo 1, n)

Sin lugar a dudas, la Santa Sede está siendo referente con las reformas que está llevando a cabo en materia de transparencia financiera, quizá porque tenía mucho donde cambiar en este ámbito. Ésta nueva ley se suma a la ya buena cantidad de reformas que se han tomado en este sentido. Y parece que seguirán trabajando en la misma línea.

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