El miércoles se ha presentado en Múnich el informe sobre abusos sexuales de menores y adultos vulnerables por parte de clérigos y laicos que trabajaban en la archidiócesis de Múnich-Freising entre 1945 y 2019, elaborado por el bufete de abogados muniqués “Westpfahl, Spilker, Wastl”. El informe, de más de 1.200 páginas, está firmado por cinco abogados del bufete.
En total, recoge acusaciones contra 261 personas (205 clérigos y 56 laicos), de los cuales la investigación “arrojó indicios de culpa” contra 235 personas (182 clérigos y 53 laicos), con un total de 363 casos relevantes. Los autores del informe consideran que, en 65 casos, las acusaciones están probadas; en 146 son al menos plausibles; en 11 casos las refutaron. En 141 casos (el 38 %) “no hay una base suficiente para extraer un juicio definitivo”. El informe parte de la base de que, al menos, hubo 497 damnificados, 247 de sexo masculino y 182 de sexo femenino (en 68 casos “no fue posible determinarlo”); el grupo de edad más numeroso es el de 8 a 14 años (59 % entre los de sexo masculino; 32 % entre los de sexo femenino).
Pero, más que los casos en sí, lo que interesaba especialmente a la opinión pública era el modo en que había actuado la jerarquía; al tratarse de un periodo de 75 años, afecta a seis arzobispos, todos ellos cardenales: Michael von Faulhaber (1917-1952), Joseph Wendel (1952-1960), Julius Döpfner (1961-1976), Joseph Ratzinger (1977-1982), Friedrich Wetter (1982-2008) y Reinhard Marx (desde 2008).
Un artículo publicado en el semanario “Die Zeit” acusaba al Papa emérito Benedicto XVI de haber tenido conocimiento del caso de un sacerdote que —después de haber cometido abusos en su diócesis de origen, Essen— se trasladó a Múnich para seguir un tratamiento de psicoterapia. A este caso, por haberse solicitado al Papa emérito una toma de postura al respecto a la que Benedicto XVI respondió con un escrito de 82 páginas, los autores del informe conceden tal importancia que forma parte de un tomo especial de más de 300 páginas. Aparte de dicho caso, el informe habla de otros cuatro (uno de ellos queda, sin embargo, descartado) en los que “se le culpa de no haber reaccionado adecuadamente o de acuerdo con las normas a los casos de (presuntos) abusos que habían llegado a su conocimiento”.
En la rueda de prensa en la que el bufete de abogados presentó el informe, prácticamente todas las preguntas giraron en torno a la cuestión de qué sabía el entonces cardenal Ratzinger sobre los antecedentes de ese sacerdote (al que se denomina “X”; se trata del caso 41 del informe). El asunto es complejo porque en él están involucrados tanto el entonces Vicario general de la diócesis, Gerhard Gruber, como el Vicario judicial en dicha época, Lorenz Wolf. En 2010 —cuando los abusos sexuales salieron a la luz y el mismo bufete de abogados se ocupó de hacer una primera investigación— Gerhard Gruber asumió toda la responsabilidad; ahora dice que “le obligaron a ello”, pero sin dar mayor detalles sobre quién le habría obligado. Y la credibilidad de Lorenz Wolf, sobre la que “Die Zeit” fundaba sus acusaciones, es puesta en entredicho por el mismo bufete de abogados.
Los autores del informe creen haber encontrado la prueba de que Benedicto XVI sabía sobre la situación del sacerdote “X” en el acta de una sesión de trabajo mantenida en la curia de la diócesis el 15 de enero de 1980. En su toma de postura, el Papa emérito asegura no recordar haber estado en dicha reunión; del hecho de que en el acta no se indique expresamente que no estaba, el abogado infiere que eso quiere decir que sí asistió. De ahí, el abogado Wastl colige que Benedicto XVI estaba informado sobre el pasado de “X”.
Ahora bien, cuando un periodista le pregunta si puede asegurar que Benedicto XVI tenía ese conocimiento, el abogado mide sus palabras: si eso es una prueba, lo tendrán que decir los tribunales; él considera como “altamente probable” que lo supiera. La siguiente periodista pregunta si está seguro de que en dicha sesión se tratara el asunto del sacerdote en cuestión: “Bueno, partimos de la base” —responde el abogado— “de que es altamente probable que se tratara ese asunto; ahora bien: ustedes ya conocen el modo tan creativo con que se levantan actas en la Iglesia católica”. Es decir, que no tiene pruebas de que se tratara la cuestión, y añade: “No me puedo imaginar que se dijera que viene un sacerdote de otra diócesis y nadie preguntara por qué razón. Y si se sabía que estaba en tratamiento psiquiátrico, que no se preguntara por qué. Claro que el hecho de que no me lo pueda imaginar no quiere decir que conozca el tenor literal de la reunión”. Aunque fuera así: que en 1980 una “psicoterapia” no despertara inmediatamente la sospecha de haber cometido abusos sexuales, es algo que tampoco se le ocurre al abogado.
En una primera y breve declaración, el cardenal Reinhard Marx —al que se le acusa de haber obrado incorrectamente en dos casos y también de no haber concedido la necesaria importancia al asunto, pues no comenzó a ocuparse de ello hasta 2018, diez años después de llegar a la sede muniquesa— ha señalado que se muestra “conmocionado y avergonzado” y que sus primeros pensamientos son para los afectados por abusos sexuales que han experimentado sufrimientos por parte de clérigos u otros representantes de la Iglesia.
Debido a la extensión del informe (casi 1.700 páginas en total), el cardenal Marx anunció que sería estudiado en el obispado: “Espero poder presentar el próximo jueves unas primeras perspectivas y bosquejar el camino a seguir”. Para ello emplazó a una rueda de prensa el próximo 27 de enero.