El profesor Contreras Peláez, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, mantiene que sólo en los años 1918 y 1939, por cuestiones de “gripe española” y las bajas de nuestra contienda civil, España perdió población. Algo que volvió a suceder en 2012 y 2013, período en el que disminuyó en 2,6 millones de habitantes, no ya por asuntos coyunturales como entonces, sino como algo estructural y permanente. Y Alejandro Macarrón, añade que una fertilidad de 1,26 hijos por mujer en el año 2013 nos sitúa en un 40 % por debajo del “índice de reposición”, (2,1). Por otra parte, las españolas no tienen su primer hijo hasta los 31,8 años y la edad media de los españoles es hoy bastante elevada: 41,8 años.
El descenso del nivel de la población proseguirá durante el próximo decenio. Así se desprende incluso del informe de Naciones Unidas “Perspectivas de la Población Mundial 2015”, donde se advierte de los efectos negativos de semejante transformación demográfica para el crecimiento económico. Existe una fuerte retroalimentación entre crisis económica y crisis demográfica: cuanto peor vaya la economía, menos estímulos para la maternidad; y cuanto más eclipsada se encuentre la maternidad, peor irá la economía.
Pero también es necesario constatar la correlación entre estabilidad familiar y natalidad. Y a la inversa, entre crisis de la familia e invierno demográfico. El matrimonio es el ecosistema ideal para la procreación y educación de los hijos. En Estados Unidos los investigadores chino-americanos J. Zhang y X. Song demostraron que las parejas casadas tienen una tasa de fertilidad cuatro veces más alta que las parejas de hecho. El compromiso y la estabilidad característicos del matrimonio influyen en su conducta reproductiva, casi ausente en la volatilidad amorosa de una pareja de hecho, que hace mucho más inverosímil la inversión en “bienes duraderos” como los hijos. Una sociedad con pocos matrimonios estables será una sociedad con pocos niños.
Resulta frecuente escuchar que la baja natalidad y el aumento de los nacimientos extramatrimoniales, la devaluación del matrimonio y las altas cuotas de divorcio son meras tendencias sociales que el Estado sólo puede confirmar. Sin embargo, el Derecho no es neutral. El legislador no puede permanecer impasible, ni tampoco contribuir, a la degradación progresiva de la familia, sino incentivar el matrimonio y evitar en la medida de lo posible las rupturas, sobre todo porque en España parece como si se considerara un capricho privado el tener hijos. Las medidas económicas para estimular la natalidad pasarán, en primer lugar, por premiar –a través de ventajas fiscales, salariales o de pensiones– la fecundidad, por su aportación al futuro de España.
Es insuficiente creer que una intensificación de los flujos de inmigración constituya la solución al drama de la pirámide demográfica invertida.
Por otro lado, hay que llamar con apremio a la responsabilidad individual: no podemos esperar que el Estado resuelva nuestras necesidades básicas.
Sugiero un decálogo para fortalecer el matrimonio y la familia, de manera que siente las bases de una correcta promoción de la natalidad en España:
1. Una nueva regulación del aborto, próxima a la ley polaca, cuya implantación en 1993 trajo consigo la disminución de los abortos desde más de 100.000 a principios de los años 80 a menos de 1.000 a mediados de los 90. El Tribunal Constitucional ha ratificado en una reciente sentencia que el concebido es un miembro más de la familia. El mundo es extraño para Dios si no somos receptivos al don y la transmisión de la vida.
2. Derogación de la ley del “divorcio-exprés” en orden a crear un consenso de ambos cónyuges y ofrecer un tiempo suficiente de reflexión sobre la valoración del impacto negativo del divorcio sobre los hijos.
3. Creación de una red pública de Centros de Orientación Familiar, cuya motivación fundamental será promocionar la familia en lugar de disolverla.
4. Oferta de una asignatura de preparación a la vida familiar en la enseñanza media, capaz de concienciar sobre la importancia social de la familia y la natalidad, así como de contrarrestar los efectos nocivos de una ideología de género muy difundida.
5. Creación de un Ministerio de la Familia que visibilice de modo institucional el compromiso estatal en la potenciación de la familia. Existen ministerios de este tipo en numerosos países europeos.
6. Implantación de coeficientes correctores en el cómputo de la pensión contributiva según el principio “a más hijos, más pensión”, un principio de justicia por cuanto los padres proporcionan a la sociedad los futuros cotizantes.
7. Pago por parte del Estado, durante un tiempo a determinar, de la cotización de la Seguridad Social por cada hijo que se tenga, para las mujeres que dejen de trabajar tras ser madres.
8. Deducción fiscal del coste de los cuidadores familiares, guarderías y otros gastos asociados a los hijos, así como la asunción por parte de las empresas de horarios flexibles conforme a las necesidades de los trabajadores con niños.
9. Incremento de las desgravaciones en el IRPF por hijos menores de edad y reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para las familias con hijos menores de edad y del Impuesto de Bienes Inmuebles para las familias con hijos.
10. Elaboración de un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar, así como un plan integral de ayuda a la maternidad que incluya ayuda económica y asistencial para las mujeres embarazadas en apuros.
