La presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, trajo consigo una desagradable sorpresa para más de dos millones de familias: la posibilidad de subir el IVA de la educación concertada y privada al 21%. Una subida que se ha querido vender, por parte de quienes la defienden, como una medida de ahorro financiero en este tiempo de crisis.
Nada hay más lejos de la realidad. La subida del 21% a la actividad educativa concertada y privada (o a la sanitaria privada, por ejemplo) conllevaría, en el caso de que se aplicase, no sólo un incremento del gasto actual en educación, sino la pérdida de puestos de trabajo, una menor recaudación de IRPF o un aumento de las prestaciones por desempleo. Así lo apuntaban organizaciones, representativas de los distintos sectores de la educación privada, tanto de enseñanzas regladas como no regladas, en un comunicado que publicaron el pasado 2 de octubre al conocer esta posibilidad.
El peor momento
Luis Centeno, Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas, una de las entidades firmantes de esta declaración señala para Revista Palabra que “es el peor momento posible para plantear una subida del IVA tanto a la educación privada como a la sanidad privada. Las familias de clase media y baja son las que más van a sufrir este incremento”. Un duro golpe para la mayor parte de los alumnos de la escuela concertada que no proceden, precisamente, de familias adineradas.
La medida no parece sustentarse ni por motivos económicos, ni por demanda social; de hecho ya son varias las voces, incluso dentro de los grupos de Gobierno, que apuntan a la ineficacia de esta posibilidad que, como destaca el Secretario General Adjunto de Escuelas Católicas, no supondría en ningún caso una medida de contención o ahorro de gasto público ya que “el posible trasvase de alumnos de la enseñanza privada y concertada a la enseñanza pública implicaría un aumento considerable del gasto público en centros o plazas de titularidad pública, que son el doble de caras que las privadas o concertadas”.
A todo ello hay que sumarle, claro está, el problema que supondría para “más de dos millones de alumnos y familias que asisten a los centros concertados o privados. Asimismo, también podría afectar a otras familias que llevan a sus hijos a centros universitarios privados” y los trabajadores, tejido empresarial…, etc. que se desarrolla en torno a estas iniciativas educativas. “Respecto al número de trabajadores” – apunta Luis Centeno – “solo en la enseñanza concertada, suponen más de 150.000, que se podrían ver seriamente perjudicados por la pérdida de puestos de trabajo”. Es decir, estaríamos hablando de un descenso de la recaudación de IRPF y del aumento de las prestaciones sociales de aquellos que perderían su puesto de trabajo.
Limita la libertad de elección
El incremento que supondría esta subida del Impuesto del Valor Añadido sobre el gasto de las familias podría llegar a ser un serio problema para la libertad de elección de centro educativo, “los padres tendrían menos capacidad de elegir en función del coste superior de las cuotas del Bachillerato o de la enseñanza universitaria; en segundo lugar, afectaría el hecho de que algunos alumnos decidiesen pasarse a la enseñanza pública por no poder pagarse estas cuotas, lo que llevaría al cierre de numerosos colegios”.
Entonces, ¿por qué esta propuesta?
Como subraya Luis Centeno “La enseñanza concertada en absoluto es un privilegio, es simplemente la forma que tiene el Estado para permitir el ejercicio del derecho a la educación por parte de todas las clases sociales con independencia de su nivel económico” por lo que un nuevo ataque a la enseñanza privada y concertada “deseando por todos los medios que la enseñanza pública sea la única oferta disponible para la inmensa mayoría de los ciudadanos” no deja de ser, al final, una medida discriminatoria para quienes tienen menos recursos económicos pero el mismo derecho a la libertad de elección.
