La gramática de la naturaleza en el cuerpo humano2024 es un año complejo en Estados Unidos. Ha comenzado la carrera presidencial para alcanzar la Casa Blanca en noviembre y eso implica el debate de muchos temas que interesan a la ciudadanía. En este sentido, salta a la palestra la bioética con cuestiones como el aborto o la reproducción asistida.
El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en uno de sus últimos discursos que quiere asegurar el aborto como un derecho constitucional. Tras la anulación de la sentencia Roe v. Wade por el Tribunal Supremo, los activistas reclaman constantemente la protección del aborto como un derecho.
Esto que en Estados Unidos es tan solo una idea, ya es una realidad en Francia. Allí el aborto será un derecho constitucional tras la reforma aprobada el 4 de marzo. Desde entonces, muchos otros políticos quieren imitar el “avance”, animados también por la celebración del día internacional de la mujer el pasado 8 de marzo.
Reproducción asistida como derecho
Sin embargo, el aborto no es la única cuestión bioética dentro de los debates. El 18 de enero un grupo de representantes en el Congreso estadounidense presentó un texto que ha provocado bastante polémica. Se trata del “Access to Family Building Act”, un proyecto de ley cuyo objetivo es “prohibir la limitación del acceso a la tecnología de reproducción asistida, y toda la atención médica que rodea dicha tecnología”.
La legislación estadounidense entiende por tecnología de reproducción asistida “todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación de ovocitos o embriones humanos, incluida la fecundación ‘in vitro’, la transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de cigotos” y otras tecnologías parecidas (“Fertility Clinic Success Rate and Certification Act of 1992”).
Derecho ilimitado
Precisamente, el proyecto de ley presentado pretende asegurar que los sanitarios provean a los pacientes de los servicios de estas tecnologías, y que estos “los reciban sin limitaciones ni requisitos que sean más gravosos que las limitaciones o requisitos impuestos a procedimientos médicamente comparables; no mejoran significativamente la salud reproductiva o la seguridad de dichos servicios; o restringen indebidamente al acceso a dichos servicios”.
Esa última y tercera condición es la que ha hecho saltar las alarmas. ¿Cómo puede definirse una “restricción indebida a los servicios”? ¿Es la objeción de conciencia por parte de los técnicos sanitarios una «restricción indebida»?
El proyecto de ley establece el acceso a la tecnología de reproducción asistida como un derecho, “incluso sin prohibición o limitación o interferencia irrazonable”. Y no solo eso, sino que incluye dentro de esa potestad el “conservar todos los derechos relativos a la utilización o disposición de materiales genéticos reproductivos, incluidos los gametos”.
El texto dispone asimismo que el Fiscal General del Estado “podrá iniciar una acción civil en nombre de los Estados Unidos contra cualquier Estado, municipio local, o contra cualquier funcionario del gobierno, individuo o entidad que promulgue, aplique o haga cumplir una limitación o requisito que prohíba, limite injustificadamente o interfiera” con el derecho al acceso a estas tecnologías de reproducción asistida. Al igual que el Fiscal General, los individuos y sanitarios también podrán iniciar acciones civiles contra quienes limiten el acceso a estas técnicas.
Sin objeción de conciencia
Por tanto, ¿qué ocurre con aquellos sanitarios que por cuestiones de bioética no quieran realizar este tipo de servicios? El proyecto de ley establece que la norma debe aplicarse en todos los Estados, independientemente de si entra en conflicto con alguna otra disposición, incluida la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Esto significa que difícilmente podrá alegarse la objeción de conciencia para no prestar los servicios de reproducción asistida.
Ante la cuestión de la inconstitucionalidad, el texto también pretende salvar ese obstáculo. Así, señala que “si cualquier disposición de esta Ley, o la aplicación de dicha disposición a cualquier persona, entidad, gobierno o circunstancia se considera inconstitucional, el resto de esta Ley, o la aplicación de dicha disposición a todas las demás personas, entidades, gobiernos o circunstancias no se verá afectada por ello”.
Los peligros de la nueva ley
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha emitido un comunicado haciéndose eco de la situación. Lo primero que señala el episcopado es que son conscientes de que la infertilidad “es un reto al que se enfrentan cada vez más familias”. Animan, por tanto, a los matrimonios que quieren tener hijos a buscar los modos lícitos de lograr el embarazo. Sin embargo, recuerdan que “la solución nunca puede ser un proceso médico que implica la creación de innumerables niños antes de nacer y que tiene como resultado que la mayoría de ellos sean congelados o descartados y destruidos”.
El comunicado de los obispos señala su firme oposición al “Access to Family Building Act”. El episcopado llama la atención sobre el hecho de que esta nueva norma “sería la primera ley de la historia en eximirse de la ya antigua Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”.
La USCCB advierte de que “las organizaciones benéficas confesionales sin ánimo de lucro, escuelas y organizaciones eclesiásticas que sirven a sus comunidades y, por principios, no pueden cubrir la fecundación ‘in vitro’ en sus planes de salud para empleados, podrían enfrentarse a opciones imposibles, potencialmente existenciales”. No solo eso, sino que los centros sanitarios confesionales y quienes trabajan en ellos “podrían verse igualmente obligados a facilitar procedimientos que violan sus creencias o a abandonar el sector”.
Consecuencias bioéticas
Pero los problemas advertidos por la Conferencia episcopal no acaban ahí. Los obispos mencionan también las cuestiones de bioética de “la clonación humana, la edición de genes, la fabricación de quimeras humano-animales, la reproducción de los hijos de un progenitor fallecido hace tiempo, la compraventa de embriones humanos, la gestación subrogada, etc”.
La USCCB asegura que incluso aquellos que no estén “de acuerdo con la humanidad de toda persona concebida”, deben reconocer los evidentes peligros que entraña el proyecto de ley. El comunicado subraya además que “una posición que apoya la consagración legal de la fecundación ‘in vitro’, por muy bienintencionada que sea, no está a favor de la vida ni a favor de los niños”. Por ello, el episcopado estadounidense anima a buscar medidas más eficaces contra la infertilidad, como la “inversión en investigación” o “el refuerzo de las ayudas a las parejas que desean adoptar”.
Por ahora, el “Access to Family Building Act” está en tramitación. Todavía tiene que atravesar las barreras del Congreso, el Senado y el Presidente antes de convertirse en Ley. Pero ya hay temor por su ambigüedad y la amenaza de sus consecuencias, que muchos denuncian como un retroceso más en el campo de la bioética.
