El viernes 7 de abril de 2023 un juez federal de Texas (Estados Unidos) suspendió el uso de la mifepristona, un químico que se usa en más de la mitad de los abortos químicos, junto a otro fármaco, el misoprostol.
Según el juez Matthew Kacsmaryk, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se excedió en sus competencias cuando hace dos décadas aprobó el uso de la mifepristona. También acusa a la FDA de excederse al aprobar un medicamento con graves efectos secundarios para las mujeres y facilitar la venta del fármaco a través del sistema de correos.
El asunto llegó a los tribunales a través de Alliance Defending Freedom, un grupo católico, y ahora la FDA tiene un plazo de una semana para recurrir la decisión de Kacsmaryk.
Sin embargo, prácticamente a la vez, en Washington otro juez publicaba una sentencia que manda a la FDA no cambiar en nada la regulación de la píldora abortiva. El choque entre ambos jueces lleva a una confusión que podría acabar dejando el asunto en manos del Tribunal Supremo, que hace ya unos meses declaró que el aborto no es un derecho protegido por la Constitución estadounidense.
Consecuencias prácticas
Hasta que haya una sentencia definitiva que aclare por completo el asunto, el acceso al aborto químico está en un limbo. Ahora bien, todavía podría usarse el misoprostol, menos seguro y efectivo, y que provoca un aborto más doloroso que el uso conjunto con la mifepristona. Debido a esto, muchos creen que las mujeres acudirán con mayor frecuencia a las clínicas para tener abortos quirúrgicos.
Las clínicas abortistas muestran su preocupación por la situación, ya que piensan que este es el segundo gran ataque a los “derechos reproductivos” desde que se anuló la sentencia Roe v. Wade. Por otro lado, en los estados en los que el acceso al aborto estaba restringido no va a cambiar prácticamente nada por esta situación.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, que el gobierno luchará por defender el aborto.
Una campaña de desprestigio y polémicas
Algunos han acusado a Alliance Defending Freedom de “comprar jueces”, diciendo que la sentencia está viciada. También afirman que los argumentos presentados sobre los efectos secundarios de la mifepristona ignoran los estudios clínicos realizados. Con todo, el desenlace final no podrá conocerse hasta que el caso siga avanzando jurídicamente y se publique una sentencia definitiva.