La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó el 1 de diciembre la propuesta de crear una subcomisión encargada de elaborar, en el plazo de seis meses, un informe de diagnóstico sobre un gran pacto de Estado por la educación. El documento serviría de base para que el gobierno impulse una nueva ley de Educación que aporte estabilidad a la política educativa. Mientras, ha quedado en suspenso el calendario de implantación de todos los aspectos de la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que aún no hayan entrado en vigor.
Para la elaboración del informe se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias. La subcomisión llamará a diversas organizaciones, instituciones, personas de reconocido prestigio, agentes sociales, plataformas educativas, sindicatos, etcétera. Y la Conferencia Sectorial, el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares Autonómicos podrán emitir informes específicos.
La estabilidad del Pacto, si se alcanza, dependerá del apoyo de esa mayoría parlamentaria. Pero, como bien señala José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ese pacto educativo debe ser, sobre todo, resultado de un diálogo con los verdaderos sujetos educativos, no sólo un acuerdo de mínimos entre los grupos políticos. Cuanto más se impliquen profesores y padres, mayor será la posibilidad de llegar a un pacto duradero. Y difícilmente se podrá suscribir un Pacto estable y definitivo si no garantiza varios derechos y libertades. Nos referimos, claro está, a la libertad de educación y al derecho a la enseñanza de la Religión.
Además, cualquier Pacto tendrá como límite la Constitución y su artículo 27, que reconoce el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y deberá afianzar la complementariedad de las redes de centros pública y privada-concertada, sin considerar a la escuela concertada como subsidiaria de la pública, garantizando definitivamente su financiación y su estabilidad.
La voz de la Iglesia
Una representación de los obispos españoles mantuvo el 18 de octubre un encuentro con el ministro de Educación, entonces en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, para dar su opinión sobre la conveniencia del Pacto Educativo y solicitar, a su vez, participar en él de forma activa y con una sola voz. Así lo confirmó el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, quien ha recordado el pleno apoyo de la Iglesia a que “la educación sea una cuestión de Estado”, y no esté al albur de las “alternancias partidistas”. En España se han aprobado 11 leyes de educación en 35 años y esto “no hay quien lo resista; hay que dejar de hacer de la escuela un tablero de controversia política e ideológica”, opinó Gil Tamayo. Y consideró también necesario que la voz de la Iglesia “se tenga en cuenta en el momento en el que se empiece a hablar de pacto educativo”, dada su notable presencia en el ámbito de la enseñanza, con 2.600 centros específicamente católicos, que cuentan con 125.000 trabajadores y cerca de un millón y medio de alumnos; y considerando que 3 millones y medio de alumnos escogen libremente la Religión y son 25.000 los profesores de esa asignatura.
En el encuentro con el ministro, al que acudieron el presidente y secretario de la Comisión de Enseñanza –Mons. César Franco, obispo de Segovia, y José Miguel García–, además del propio Gil Tamayo, se insistió en que el pacto no conlleve la eliminación de la Religión del currículum. Al querer que esta materia esté en el nuevo marco educativo, la Iglesia no pretende defender ningún privilegio, pero tampoco quiere ser marginada. Se trata de un derecho constitucional y un derecho fundamental de los padres. Y en el caso de la enseñanza católica, se trata, además, de un derecho protegido por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. La posibilidad de poder elegir libremente la Religión es un indicativo de esa “plena inserción de la Iglesia en la España constitucional” a la que aludió el rey Felipe en su reciente visita a la Conferencia Episcopal.
Para Gil Tamayo, el problema con la asignatura de Religión radica en que “hay gente que todavía vive con planteamientos muy rancios, que piensa que el espacio público tiene que ser aséptico de toda convicción religiosa” y que el católico tiene que “colgar en una percha sus convicciones religiosas” al entrar en lugares públicos.
Con la creación de la subcomisión se ha dado un paso importante y positivo, pero queda mucho trecho por recorrer. A nadie se le escapa la existencia de escollos ideológicos y políticos, por eso es tiempo de mostrar altura de miras, generosidad y preocupación por el interés general, en el convencimiento de que es urgente mejorar el sistema educativo y darle la continuidad y la estabilidad necesaria para el bien de los alumnos.
