Llega una ley crucial para la reforma de la Curia: la gestión financieraLa Secretaría de Estado ya no gestionará los activos financieros e inmobiliariosFinanzas vaticanas: cómo funcionan y qué órganos tienenUna de las áreas en las que la reforma de los organismos vaticanos ha tenido mayor empeño ha sido la referida a las instituciones de gestión financiera e la Santa Sede.
Tras la reforma instituida con la Praedicate Evangelium, la Santa Sede ha liquidado gran parte de las instituciones previas en esta área, creando 5 nuevas y reformando las tareas y modos de gestión de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Tras Predicate Evangelium, el número de organismos económicos de la Santa Sede asciende a seis. Y todos ellos, salvo la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), son de reciente creación.
1º Consejo de Asuntos Económicos
Fue instituido en 2014 por el Motu Proprio Fidelis Dispensator et prudens. Su principal misión consiste en orientar y guiar la estrategia económica de la Santa Sede con el fin de garantizar una gestión realizada «a la luz de la doctrina social de la Iglesia, siguiendo las mejores prácticas internacionales reconocidas en el campo de la administración pública» (art. 205 §2 PE).
Para ello, el Consejo propone al Papa la aprobación de políticas y directrices que aseguren una gestión prudente y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales, reduciendo riesgos innecesarios y procurando la máxima rentabilidad para el cumplimiento de los fines previstos.
Está formado por quince miembros: ocho son elegidos entre Cardenales y Obispos que representan la universalidad de la Iglesia y siete son laicos, elegidos entre expertos de diversas nacionalidades. La ley prevé que las reuniones se lleven a cabo al menos cuatro veces al año.
Como parte de su tarea estratégica el Consejo verifica los presupuestos y balances consolidados antes de ser aprobados por el Romano Pontífice; determina los criterios, incluido el del valor, de los actos de enajenación, compra o administración extraordinaria que requieran la aprobación de la Secretaría de Asuntos Económicos para ser realizados válidamente; examina los informes de la Secretaría, del Auditor General, de los organismos y entidades sometidos a su vigilancia (entre ellos el IOR) … Y cuando lo considera necesario, puede solicitar informaciones relevantes a la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF).
2º Secretaría de Asuntos Económicos
Ejerce la función de secretaría papal en materia económica y financiera (art. 212 PE). El calificativo papal identifica a este organismo como particularmente cercano al Romano Pontífice, ante quien responde directamente. Fue también instituido en 2014.
La Secretaría se encarga fundamentalmente del control y vigilancia de la actividad económica de las instituciones que forman parte de la Santa Sede o que están estrechamente relacionadas con ella, para que se lleve a cabo según los programas propuestos por el Consejo.
La tendencia es que cada vez haya más instituciones bajo su control. De hecho, en el presupuesto de la Santa Sede de 2022 se puede comprobar que el perímetro consolidado ha aumentado respecto al del año anterior, incluyendo nuevas entidades que deben ser vigiladas.
En 2022 las entidades bajo control de la Secretaría ascienden a 90, 30 más que en 2021. Al ampliar el perímetro se proporciona una visión más completa y global de la situación económica de la Santa Sede; y, a mayor visibilidad, más trasparencia en sus resultados.
La Secretaría está dividida en dos áreas funcionales: una de control económico y financiero y otra de control administrativo. Se ocupa de elaborar las directrices y programas económicos que las instituciones deben aplicar; prepara el presupuesto anual de la Santa Sede y comprueba su cumplimiento; elabora el balance anual consolidado a partir de los balances particulares; autoriza los actos de enajenación, compra o administración extraordinaria; evalúa los riesgos patrimoniales y financieros de la gestión económica y propone acciones correctivas.
De la Secretaría depende el Departamento de Recursos Humanos y, desde 2020, su competencia se extiende también sobre el Óbolo de San Pedro y otros fondos papales. En noviembre de 2022 el papa Francisco ha nombrado a un laico, el economista Maximino Caballero, como Prefecto de la Secretaría.
3º Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA)
El APSA se encarga de la administración y gestión del patrimonio de la Santa Sede. No sólo debe conservarlo, sino mejorarlo y hacerlo rentable con el fin de proporcionar los recursos necesarios para que la Curia Romana pueda cumplir su misión universal.
Se pretende que el APSA sea el organismo que centralice la gestión del patrimonio bajo el control de Secretaría de Asuntos Económicos, evitando así administraciones paralelas que gestionen bienes sin vigilancia.
El patrimonio de la Santa Sede está formado tanto por bienes inmuebles productivos (viviendas y apartamentos alquilados que generan rentas) como improductivos (palacios que sirven de sede a los dicasterios curiales, universidades y colegios). También incluye fondos de inversión, cuentas bancarias y otros valores financieros.
Su presidente está asistido por un secretario y un consejo. Tras la reforma, los miembros del consejo pueden ser «cardenales, obispos, presbíteros y laicos» (art. 221 §1 PE). Por lo tanto, estos oficios ya no están reservados sólo a los eclesiásticos.
Se divide en tres áreas funcionales. El área inmobiliaria se encarga de gestionar los inmuebles concentrados principalmente en Roma y Castelgandolfo, así como propiedades en otros países como Inglaterra, Francia y Suiza, que son administrados a través de sociedades intermedias siguiendo las normativas locales.
El área de asuntos financieros o gestión mobiliaria se ocupa de la inversión de los fondos y demás valores financieros, procurando generar la mejor rentabilidad. Y en tercer lugar, del área de servicios dependen las oficinas de contabilidad, compras, asesoramiento jurídico, peregrinación a San Pedro, etc.
4º Oficina del Auditor General
Esta Oficina se encarga, desde 2014, de la revisión del balance consolidado de la Santa Sede. Para ello realiza un control técnico -las conocidas auditorías contables- sobre los balances anuales de las distintas instituciones curiales y organismos vinculados a la Santa Sede que convergen en el balance consolidado.
El nuevo estatuto de 2019 prevé que la Oficina actúe como Autoridad anticorrupción, con el fin de detectar sospechas de fraude en el destino de los recursos financieros, en la adjudicación de contratos o en las enajenaciones. Puede iniciar auditorías a instancia del Consejo, de la Secretaría o de los responsables de los órganos que están bajo la competencia del Consejo; pero también pueden ser iniciadas de oficio por el Auditor General, que informará previamente al cardenal coordinador del Consejo exponiendo las razones. En todo caso, la identidad del denunciante está protegida y no puede ser revelada, salvo a las autoridades judiciales por decisión motivada.
Si la auditoría revela indicios delictivos, el Auditor General lo comunicará a las autoridades judiciales del Vaticano, quienes podrán estimar si procede iniciar un juicio ante el tribunal competente.
Los auditores que trabajan en la Oficina son profesionales en este campo, algunos con más de veinte años de experiencia en empresas internacionales.
5º Comisión de Materias Reservadas
Fue creada en 2020 y le compete la autorización de cualquier acto jurídico, económico o financiero que, por el bien de la Iglesia o de las personas particulares, deba ser amparado por el secreto y sustraído del control de los órganos competentes.
La Comisión, según su propio estatuto, está compuesta por un presidente, secretario, y algunos miembros más designados por cinco años por el Romano Pontífice.
6º Comité para las Inversiones
En 2019, con el fin de preparar instrumentos válidos para la política de inversiones, el Papa Francisco determinó la creación de este organismo. Tiene como misión garantizar la conveniencia ética de las inversiones mobiliarias de la Santa Sede según la doctrina social de la Iglesia y, al mismo tiempo, asegurar su rentabilidad.
Sus miembros son nombrados por cinco años y entre ellos se encuentran profesionales de alto nivel. El Comité es competente únicamente para las inversiones en valores, pues los inmuebles son gestionados y controlados por las entidades titulares.
Facultad de Derecho canónico. Universidad católica de Valencia San Vicente Mártir
