En 2018 se originaron unas graves protestas ciudadanas tras la decisión del gobierno de bajar un 5 % las pensiones y aumentar los impuestos a las empresas. La violencia policial dejó entonces más de 300 muertos y 2000 heridos, que por orden del gobierno no podían ser atendidos en los hospitales. Los dispensarios de las Hijas de la Caridad fueron los únicos lugares que atendieron a los heridos y se convirtieron en la razón principal por la que el gobierno de Ortega decidió expulsarlas del país en junio de 2022. Además, hay que sumar que ante la represión del gobierno muchos manifestantes solo encontraron refugio en las iglesias, pues los sacerdotes les abrieron las puertas de sus parroquias. Un informe de Naciones Unidas dio cuenta de la grave crisis de derechos humanos que se estaba produciendo.
Un informe reciente
Más recientemente el informe de la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, titulado Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? (2018-2022), señalaba que “antes de abril 2018 los atropellos hacia la Iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades se incrementaron y subieron de tono. El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes; y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la iglesia incrementaron”.
Y es que en “países con tendencia autoritaria, como en Nicaragua, la Iglesia se presenta como una de las pocas, por no decir única institución que goza de mayor credibilidad y, por tanto, su nivel de influencia entre la población es vista como un peligro para el control del gobierno”, explica en una entrevista en Omnes la abogada Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), cuya misión es promover la libertad religiosa y dar a conocer las restricciones a este derecho en la región.
En los años anteriores a la presidencia de Ortega la Iglesia no sufría ataques frontales. Sin embargo, según la base de datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) desde 2018 se producen casi 200 ataques personales y profanaciones cada año. No obstante, el informe de Martha Patricia Molina indica que las cifras del estudio estarían muy por debajo de las reales. De hecho, apunta que probablemente habría que multiplicar ese número por diez, debido a las escasas denuncias y la falta de publicidad de las mismas. “Encontramos casos en que los sacerdotes cansados de los robos y profanaciones decidieron denunciar solo el último de ellos. Otros han optado por hacer silencio, ya que no creen en el sistema judicial de Nicaragua”, afirma el estudio.
Las últimas semanas
En las últimas semanas el gobierno ha intensificado la vigilancia que existía desde hace años sobre las parroquias. Muchas de ellas tienen patrullas policiales en la puerta durante las misas dominicales. Si el sacerdote no guarda un delicado equilibrio con respecto a la situación del país, se prohíbe el ingreso de los fieles a las ceremonias. De hecho, en el mes de septiembre el gobierno incluso ha prohibido las procesiones en varias parroquias de Managua especialmente críticas con el gobierno.
De esta forma, las autoridades tratan de presionar a los sacerdotes para que no denuncien los abusos cometidos. Una situación que ha generado más de 150.000 refugiados, la mayoría de ellos desplazados a la vecina Costa Rica. Uno de los últimos episodios, al cierre de la edición de este número, es la petición de asilo de 50 sacerdotes nicaragüenses en Honduras y Costa Rica. Temen por su seguridad después de que la policía pregunte por ellos en sus parroquias varios días a la semana con el propósito de detenerlos o coaccionarlos.
Según fuentes presentes en el país consultadas por Omnes para la elaboración de este artículo, hay mucho temor por parte de la población a que el régimen de Ortega eleve la tensión hasta el punto de que haya que lamentar la muerte de algún líder religioso. “No existen límites para este gobierno”, afirman. Las iglesias, por su parte, han solicitado el apoyo de los fieles para mantener una constante vigilancia en pro de la seguridad de los sacerdotes. “En mi comunidad”, señala un ciudadano, “el párroco es muy crítico a las arbitrariedades del gobierno de Ortega y en la última semana la policía y los grupos paramilitares han visitado la iglesia a preguntar por el padre para conversar con él. Pero eso es mentira, lo que quieren es detenerlo. Está situación se mantiene en todo el territorio nicaragüense”.
El Papa Francisco señaló en el vuelo de regreso de su viaje a Kazajstán que sigue habiendo diálogo entre la Iglesia nicaragüense y las autoridades civiles del país, pero no parece que el acuerdo que permita lograr una convivencia pacífica vaya a ser fácil de alcanzar
Un largo conflicto
Entre 1985 y 1990 tuvo lugar el primer periodo de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. En 2007 ganó de nuevo las elecciones, formando un gobierno de izquierdas heredero del sandinismo. En 2012, 2017 y 2021 se alzó de nuevo con la victoria electoral, aunque las irregularidades en las elecciones presentaban cada vez más dudas a los observadores internacionales. Finalmente, los resultados de los comicios de noviembre de 2021 fueron aceptados sin reservas únicamente por Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia.
En los últimos años Ortega ha tomado control del poder judicial y ha perseguido a los opositores políticos y periodísticos, así como las asociaciones civiles que no estuvieran alineadas con el régimen. La Iglesia católica nicaragüense ha tratado de tener un papel lo más constructivo posible, pero con el tiempo ha acabado siendo la única voz pública suficientemente autorizada para denunciar los ataques a los derechos humanos.
Desde el pasado verano la crisis nicaragüense ha saltado con frecuencia a los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Especialmente sonadas han sido la expulsión de las misioneras de la caridad y el arresto del obispo Rolando Álvarez.
Son muchas las voces autorizadas que han pedido cambios al régimen sandinista. En septiembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación en Nicaragua. Denunciaba los atropellos del régimen desde marzo de 2022. Por otra parte, en agosto más de 26 ex-jefes de Estado y de gobierno de España y Latinoamérica publicaron una carta mostrando su preocupación y pidiendo al Papa Francisco que condenara los abusos cometidos.
Sin embargo, la reprobación más sorprendente de las que se han expresado hasta ahora, quizá haya sido la que emitió el Parlamento Europeo el pasado 14 de septiembre. Se trata de la sexta resolución sobre Nicaragua en lo que va de legislatura. Los países de la Unión Europea cada vez tienen más legislación común, sin embargo, la política exterior es un ámbito donde no es fácil llegar a consensos, especialmente a la hora de valorar los conflictos de terceros países. Y es que la historia y los intereses de cada nación suelen dificultar tener opiniones comunes. Por supuesto hay excepciones, como las posturas ante Venezuela o el conflicto árabe-israelí y, más recientemente, la guerra de Ucrania, aunque en este caso es fácilmente comprensible por el miedo que suscita a todos sus miembros una expansión de la influencia rusa.
Dura represión estatal
La Propuesta de resolución común, emitida por el Parlamento Europeo el pasado 14 de septiembre, consta de siete folios y condena la represión política y religiosa . La iniciativa contó con el apoyo de siete de los cinco grupos de diputa esentados en la cámara: populares, socialistas, de renovación, verdes y reformistas. Obtuvo 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones.
Como el lenguaje del documento es meridianamente claro y muestra una gran contundencia, se transcriben directamente sus principales contenidos: “El Parlamento condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez”. Pero la resolución no solo denuncia los hechos, sino que también “insta al régimen nicaragüense a que ponga fin inmediatamente a la represión y restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias; pide la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria, incluidos el obispo Álvarez y los detenidos junto con él, y que se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas”.
Los parlamentarios europeos tienen una visión muy definida acerca de los acontecimientos ocurridos en el país centroamericano. Entienden que hay un “continuo deterioro de la situación en Nicaragua y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas”. La represión incluye la “detención arbitraria únicamente por ejercer sus libertades fundamentales, el trato inhumano y degradante que reciben y el deterioro de sus condiciones de salud”.
Cancelación de la sociedad civil
Los parlamentarios europeos consideran que “desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado sistemática y reiteradamente encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos, en particular de la Iglesia católica, así como contra estudiantes y líderes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas LGBTI y representantes empresariales”.
Además de controlar el poder judicial, el presidente Ortega está cancelando literalmente a las organizaciones civiles, por lo que el Parlamento Europeo “lamenta que el 7 de septiembre de 2022 se cerraran otras 100 ONG, lo que elevó a 1.850 el total de ONG clausuradas en Nicaragua este año; pide al régimen nicaragüense que ponga fin al cierre arbitrario de ONG y organizaciones de la sociedad civil y que restablezca el estatuto de legalidad a todas las organizaciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, medios de comunicación y sus asociaciones, universidades y organizaciones de derechos humanos que han sido cerrados de forma arbitraria”.
Desde Europa se “destaca el papel clave que desempeñan la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la Iglesia católica en Nicaragua”, y se “pide al régimen nicaragüense que permita urgentemente el retorno de las organizaciones internacionales al país, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Acciones
La Unión Europea pide “que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión y que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano”.
Aunque seguramente el aspecto donde mejor se ve la gravedad de los hechos se muestra en la petición de los parlamentarios de la Unión Europea “a los Estados miembros de la Unión y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad”.
