El camino sinodal alemán entra en una nueva faseCard. Rainer M. Woelki: “Pido que se dé espacio en el camino sinodal a las indicaciones del Papa”Un informe pericial, presentado hoy en Colonia, exonera al cardenal Rainer Woelki de haber supuestamente lesionado sus obligaciones frente a los casos de abusos sexuales en su diócesis. Sin embargo, ha comprobado que en el pasado —entre 1975 y 2018— se produjeron 75 casos de dichas lesiones por parte de responsables eclesiásticos, de las cuales un tercio caerían en el periodo en que la diócesis fue regida por el fallecido cardenal Joachim Meisner.
Relevo de sus cargos
Debido a dicha lesión de obligaciones, el cardenal Woelki ha relevado de sus cargos al obispo auxiliar Dominik Schwaderlapp y al vicario judicial Günter Assenmacher. En un comunicado, el obispo auxiliar Schwaderlapp ha anunciado que presentará su renuncia al Papa; reconoce que “«en mi obligación de vigilancia y control tendría que haber actuado más y con mayor decisión”; también que debería hacer estudiado si los casos de abusos debían comunicarse a Roma. “Pero lo que más me avergüenza es haber tenido demasiado poco en cuenta qué sienten y que necesitan las personas afectadas y qué debe hacer la Iglesia por ellos”.
Una promesa cumplida
El cardenal Woelki, tras serle entregado oficialmente el dictamen, declaró: “Los casos que ha mencionado el señor Gercke me afectan profundamente. Se trata de clérigos culpables de hacer hecho violencia a personas que les estaban encomendadas, y en muchos casos sin haber sido castigados por ello y —lo que todavía es peor— sin que las personas afectadas por esa violencia fueran tomadas en serio y protegidas. Esto es ocultación. Sin embargo, con este informe hemos cumplido por fin una primera promesa: desvelar lo que ha sucedido, esclarecer la ocultación y nombrar a los responsables”.
El dictamen pericial fue encargado por el cardenal Woelki y ha sido elaborado por un bufete independiente de abogados, especializados en Derecho Penal, a fin de estudiar la actuación eclesiástica en los casos de abusos sexuales. Björn Gercke, el principal responsable del informe —en el que han participado diez abogados de su bufete, además de dos especialistas en Derecho Canónico— ha explicado en una rueda de prensa que el objeto de su estudio no era evaluar los hechos en sí, sino el tratamiento o la reacción por parte de la autoridad eclesiástica.
Otro aspecto importante para comprender el alcance del peritaje radica en el hecho de que se ha llevado a cabo, entre el pasado octubre y el 15 de marzo, sobre la base de 236 expedientes de personal, además de “innumerables actas de reuniones” que han tenido a su disposición. Asimismo, el bufete llevó a cabo diez entrevistas a personas involucradas en la investigación de los hechos.
¿Reacciones adecuadas?
La cuestión fundamental que había de dilucidar el peritaje se centraba en la pregunta si la autoridad eclesiástica —en el periodo comprendido entre 1975 y 2018— reaccionó adecuadamente cuando se informó de posibles abusos sexuales a menores o a personas encomendadas (por ejemplo, en residencias), de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, si se puede hablar de encubrimiento y, en este caso, si esto se debe a razones sistémicas.
El informe arroja como resultado que, en dichos 236 expedientes, se puede hablar de 202 “inculpados” y de al menos 314 personas afectadas. De los inculpados, la mayor parte (el 63 %) corresponden a clérigos y el 33 % a laicos (en el 4 % restante se trata de infracciones en “instituciones”); respecto de las víctimas, el 57 % eran de sexo masculino y el 55 %, menores de 14 años.
Cinco categorías
En relación con las infracciones que hayan podido cometer las autoridades eclesiásticas, el dictamen distingue entre cinco categorías: obligación de esclarecer los hechos, obligación de informar (a las autoridades civiles y a la Congregación vaticana), obligación de imponer sanciones, obligación de tomar medidas para impedir abusos y obligación de atender a las víctimas.
Según los peritos, en 24 expedientes se pudieron comprobar inequívocamente infracciones; en 104 concluyeron que era posible que se hubieran cometido tales infracciones, pero sin que se pudiera aclarar definitivamente; en 108 casos se puede concluir que (siempre de acuerdo con los expedientes) no se produjeron infracciones.
Las conclusiones
Entre las conclusiones del dictamen, se cuentan: en los casos de abusos cometidos por laicos, la reacción fue expeditiva (p. ej. disolución del contrato); no hay casos de infracciones de acuerdo con el Derecho Penal (si bien, los autores del dictamen afirman que lo enviarán a la Fiscalía, para que esta lo estudie). En los 24 expedientes anteriormente mencionados se pueden comprobar en total 75 infracciones, de acuerdo con la categorización anteriormente expuesta.
Independientemente de los casos individuales, los peritos concluyen: “Nos hemos encontrado con un sistema de falta de distribución de competencias, de falta de claridad jurídica, de falta de posibilidades de control y de falta de transparencia; todo esto facilita la ocultación, con la colaboración de muchas personas, también fuera de la diócesis de Colonia.
Si bien no se puede hablar de una ‘ocultación sistemática’ por parte de responsables del obispado de Colonia, sí que es lícito hablar de una ‘ocultación inherente al sistema’”. Según Gercke no existió una actuación respecto a un plan ni se dieron “instrucciones desde arriba”, sino que más bien se actuó “sin coordinación y sin plan alguno”. Por este motivo, la verdadera magnitud de los abusos y de su ocultación queda sin esclarecer.
Algunas recomendaciones
Los peritos incluyen algunas recomendaciones, que podrían resumirse en la exigencia de profesionalización, para hacer frente al caos legislativo y la ignorancia de las normas vigentes, así como a la falta de capacitación: introducción de normas estandarizadas y sobre todo formación continua de las personas que han de tratar los casos sospechosos, además de un seguimiento permanente y un sistema de sanciones claro.
Más en general, los autores del informe hacen referencia a que durante mucho tiempo las autoridades eclesiásticas se ocuparon de los casos de abusos sexuales de menores “porque el autor de ellos incumplió sus deberes sacerdotales o eclesiásticos, pero no porque se considerara especialmente grave desde el punto de vista de las víctimas”.
Más consecuencias personales
Sin embargo, las primeras consecuencias personales del informe no han quedado en el relevo del obispo auxiliar y el vicario judicial de Colonia. El jueves a última hora de la tarde, el arzobispo de Hamburgo Stefan Hesse —que fue el director del departamento de personal de la diócesis de Colonia entre 2006 y 2012 y después vicario general, de 2012 a 2014— anunció en un comunicado personal que había presentado su renuncia al Papa Francisco y le había pedido ser relevado inmediatamente de su cargo.
En dicho comunicado subraya que siempre había actuado “según mi más leal saber y entender: mantuve conversaciones con muchos de los afectados por los abusos e intenté comprenderlos”. Aunque “no participé nunca en ningún encubrimiento, estoy dispuesto a cargar con la parte de responsabilidad por el fracaso del sistema” para evitar el daño que se pudiera causar a la archidiócesis de Hamburgo y al cargo del Arzobispo.
Disculpas
También otro obispo auxiliar de Colonia, Ansgar Puff, ha solicitado al cardenal Woelki que le releve de sus funciones. Aunque no se le menciona con nombre en el informe, allí se hacía referencia a que un “director del departamento de personal de la diócesis” había lesionado sus obligaciones de esclarecer hechos relacionados con abusos de menores.
El actual obispo auxiliar Puff ocupó ese cargo después de Mons. Stefan Hesse, entre 2012 y 2013. En un mensaje por vídeo difundido el viernes, expresa: “Lo siento infinitamente. Tengo que admitir que yo tampoco estuve jurídicamente a la altura de las circunstancias y no tuve muy claro qué debería haber hecho. Quiero pedir disculpas por ello”.
