Una ex novicia chilena, fue profesora de religión en Chile durante 22 años. Sacó su título en un instituto dependiente de una universidad católica. Sin embargo, inició una relación de pareja con otra mujer. Hubo reclamos de algunos padres y apoderados, con recolección de firmas.
Inicio del caso
El obispo de la diócesis de San Bernardo le advirtió que su decisión era contraria a los deberes de castidad y que si seguía en ella se vería en la obligación de revocar su certificado de idoneidad, al no dar «testimonio de vida cristiana», que la Iglesia Católica espera y exige de los profesores de esa asignatura. Se le ofrecieron reiteradamente diversas ayudas, que rechazó.
Como no hubo respuesta positiva, conforme a la legislación civil chilena no se le concedió un nuevo certificado de idoneidad, por lo cual no pudo seguir impartiendo esa asignatura en una escuela municipal. Sin embargo, desde entonces siguió trabajando de forma ininterrumpida en ese establecimiento, llegando a ser promovida al equipo directivo, donde sigue hasta hoy, sin ningún perjuicio económico.
Apoyo del entorno LGTB
Una ONG chilena dedicada a la promoción del ideario LGTB la comenzó a asesorar. Esta institución junto al Colegio de profesores presentó un recurso de protección constitucional en la Corte de Apelaciones, el cual fue rechazado por los tres jueces que lo estudiaron, por considerar que el acto recurrido no era ilegal o arbitrario, decisión que fue confirmada unánimemente por la Corte Suprema de Justicia.
En 2008 esa ONG llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón afirmando que tiene derecho a dar clases de religión católica, aun contra la objeción de la Iglesia, y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados. La comisión hizo diversas exigencias al Estado de Chile, el cual las aceptó, entre ellas revisar la norma que le permitía a las autoridades religiosas de todas las confesiones entregar el certificado que acredita la idoneidad de un profesor.
El derecho de los padres
El caso escaló y hoy se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se espera una decisión durante 2021. Del veredicto dependerá si los alumnos católicos, judíos, musulmanes, evangélicos o de cualquier otra denominación podrán recibir la enseñanza de su fe por parte de educadores religiosos que guarden sus deberes de fidelidad hacia las convicciones que voluntariamente dicen profesar, y si los Estados respetarán el derecho de los padres a escoger que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones.
Los precedentes que existen hacen presumir que la CIDH dará un veredicto a favor de la ONG y en contra del Estado de Chile. Es quizá la primera vez que se puede llegar a provocar una colisión directa de derechos en un tema esencia como es la libertad religiosa. La Corte no acepto la presentación de la Conferencia Episcopal de Chile para ser parte en el proceso, la que sólo podrá presentar escritos como “amicus curiae”.
¿Igualdad de condiciones?
En definitiva, está en juego la libertad religiosa no sólo en Chile, sino que en los restantes 22 países latinoamericanos suscritos al denominado Pacto de San José de Costa Rica, del que depende dicha Corte. Agravando la situación, los representantes de Estado chileno que debían actuar como partes en el juicio, fueron rechazados por la Corte, por llegar fuera de plazo con sus escritos, lo que hace que sea un juicio casi en la indefensión, pues una de las partes no podrá ser legalmente escuchada en igualdad de condiciones que la otra.
Diversos organismos internacionales han comenzado a recoger apoyos para salvaguardar la libertad religiosa ante un posible fallo adverso, entre ellos la ADF Internacional, (religiónlibre.org) con sede en los EEUU, que promueve la defensa de las libertades fundamentales y la dignidad humana en todo el mundo, con representación ante los organismos de la ONU, la OEA y la OSCE, europea.