El Papa Francisco ha publicado el 16 de enero de 2023 dos cartas apostólicas en forma de Motu Proprio relativas a la administración y la gestión financiera de la Santa Sede.
El primero de estos documentos modifica e integra el Motu Proprio «Acerca de la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos por parte de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano«, que fue publicado el 19 de mayo de 2020, y las relativas «Normas» y «Tutela jurisdiccional».
El segundo de estos documentos define los límites y modalidades de la administración ordinaria.
El objetivo de ambos Motu Proprio es la promoción de «una competencia efectiva entre los licitadores, en particular mediante medidas para contrarrestar los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción».
En este sentido, se presta una especial atención a los contratos realizados por la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano para la adquisición de bienes destinados a la reventa, pero también a las compras de bienes y servicios de las Representaciones Pontificias y a los acuerdos cerrados por la Caja de Asistencia Sanitaria «con médicos y establecimientos de hospitalización, asistencia y cuidados» en relación con los servicios sanitarios prestados a los afiliados.
Supervisión directa del Papa
También están sujetos a la intervención del Pontífice «los contratos para la adquisición, por parte de las Entidades, de instrumentos financieros o de servicios de intermediación financiera comprendidos en el ámbito de las operaciones reguladas por la Política de Inversiones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano; la adquisición de bienes para donar a los necesitados, dentro de los límites y según los procedimientos establecidos por la Secretaría para la Economía de las compras de bienes y servicios, indicadas por orden, según sus respectivas competencias, de la Secretaría para la Economía y del Cardenal Presidente del Governatorato, que, según los usos comerciales, se liquidan al contado o con medios de pago electrónicos y para las cuales, el proveedor es indiferente y la competencia entre varios proveedores sobre el precio o las características de los bienes es efectivamente imposible, siempre que las mismas no hayan sido objeto de un convenio o acuerdo marco estipulado por la Apsa o el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano de las compras características de las estructuras sanitarias, establecidas por una disposición de la Secretaría para la Economía; de la adjudicación de contratos a sociedades comerciales sobre las que la Entidad ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propias filiales internas, reguladas por procedimientos específicos aprobados por la Secretaría para la Economía».
Empresas sin infracciones o maltrato a trabajadores
Para aclarar el buen funcionamiento de la gestión, el Papa Francisco dejó claro que los procedimientos de licitación excluirán a todas las empresas que hayan cometido infracciones graves en cuanto al pago de impuestos y tasas, si incumplen en materia de salud de los trabajadores, si residen en países con regímenes fiscales privilegiados y si están sujetas a procedimientos de liquidación. No se permiten conflictos de intereses de ningún tipo, ni declaraciones falsas, ni comportamientos irrespetuosos con el medio ambiente.
También están prohibidos los empresarios «residentes en jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, identificadas por la Autoridad de Inteligencia y Supervisión Financiera en el curso de su actividad institucional».
Los dos nuevos Motu Proprio se redactaron sobre la base del texto de la Constitución Praedicate Evangelium.
Se establece un límite a la autonomía de gasto de los distintos dicasterios, todos ellos sometidos al control de la Secretaría de Economía: «En vista de ello, se establece que deberá solicitarse la aprobación cuando el acto supere el 2% de la cifra resultante de la media calculada sobre los costes totales del Ente solicitante, tal y como resulta de los balances finales aprobados de los tres últimos años. En cualquier caso, no será necesaria la aprobación para actos cuyo valor sea inferior a 150.000,00 euros», reza uno de los dos Motu Proprio.
Las eventuales reclamaciones contra las medidas deberán presentarse ante la Secretaría para la Economía, dentro del plazo perentorio de quince días a partir de la notificación. Esto sin perjuicio, sin embargo, de la facultad de recurrir al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.
