Chile acepta una propuesta a favor de la libertad religiosaAlder, seminarista de Nicaragua: "El Papa nos pedía ser valientes"Primero fue el acuerdo con la Santa Sede para la liberación de una docena de religiosos procesados por “varias razones”. Luego, la revocación de la personalidad jurídica impuesta a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua. Esto afectó también a 16 ONG, mientras que otras 8 decidieron voluntariamente cesar sus actividades para proteger sus propiedades. La medida establece que los activos, tanto muebles como inmuebles, de las organizaciones sancionadas pasarán a manos del Estado.
Más persecución
En el transcurso de una semana, el gobierno liderado por Daniel Ortega ha confirmado aún más sus intenciones persecutorias hacia la Iglesia católica, a pesar de las negociaciones que llevaron al director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, a confirmar que se había pedido a la Santa Sede que recibiera a los sacerdotes recién liberados. “La Santa Sede ha aceptado”, respondió a las preguntas de los periodistas. “Serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde”, continuó Bruni, “y se alojarán en algunas instalaciones de la Diócesis de Roma”.
En un comunicado, el gobierno de Nicaragua afirmó que “este acuerdo alcanzado con la intercesión de las altas autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua y del Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones, reconociendo y alentando la fe y la esperanza que siempre animan a los creyentes nicaragüenses, que son la mayoría”. Los sacerdotes liberados son Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén y Julio Ricardo Norori Jiménez.
Además de Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses y Ramón Angulo Reyes. En la lista no se encuentra monseñor Rolando Álvarez, condenado el pasado febrero a más de 26 años de prisión por “traición a la patria” después de negarse a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos junto con otros 222 prisioneros políticos. La medida contra la Orden Franciscana fue anunciada por el Ministerio del Interior de Managua, alegando irregularidades administrativas.
Expulsión de órdenes
Según las autoridades estatales, los frailes franciscanos no cumplieron “las leyes relacionadas con la presentación de informes financieros, las juntas directivas, los detalles de sus donaciones y la identidad y nacionalidad de sus donantes”. Después de los jesuitas, las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta y muchas otras instituciones católicas, ahora es la Orden de los Franciscanos la víctima del régimen en Nicaragua. Según la publicación Tempi, el Instituto San Francisco de Asís no es la primera escuela confiscada por el régimen sandinista.
En mayo pasado, Ortega se “apropió” del Colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciación en el departamento de Rivas, un mes después de haber expulsado a tres monjas de la misma congregación que también dirigían una residencia. Y hace cinco meses, la dictadura tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, propiedad de la congregación homónima, además de apropiarse del único centro de educación superior católica de San Sebastián de Yalí.
El odio hacia la Iglesia católica por parte de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien también es vicepresidenta, comenzó después de las protestas de abril de 2018, reprimidas a sangre y fuego por la policía, cuando el arzobispo de Managua, Sergio Báez (actualmente en el exilio en Miami), monseñor Álvarez y muchos otros sacerdotes apoyados por la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) decidieron apoyar a los estudiantes masacrados por el sandinismo (entre 350 y 500 muertos).
La CIDH exige la libertad de los presos
La oposición propuso el viernes 27 de octubre, el Día de la Libertad Religiosa, para exigir la libertad de Nicaragua, la liberación de monseñor Rolando Álvarez y de todos los prisioneros políticos. Hace poco más de un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado al Gobierno de Nicaragua y a su presidente, Daniel Ortega, a “cesar los ataques a la libertad religiosa, la persecución de la Iglesia católica y liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”.
La CIDH también hace referencia al arresto del sacerdote Osman José Amador por parte de la Policía Nacional de la diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí, quien fue detenido por la fuerza por agentes estatales. “Hasta ahora no hay información sobre los motivos del arresto, la situación legal o el paradero del sacerdote”, se lee. El arresto tuvo lugar el 8 de septiembre. Además, se denuncia la privación de libertad de los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, investigados por su trabajo en Cáritas Estelí.
La organización señala que desde 2022 ha observado que la persecución contra la Iglesia católica continúa empeorando en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático: “Se producen detenciones arbitrarias, detenciones y expulsiones del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar un debido proceso, así como la expropiación de sus propiedades”. También se recuerda que en mayo el Estado ordenó la congelación de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. “En un país con la mayoría de la población que profesa la religión católica, como Nicaragua, la política estatal de supresión del espacio cívico también ha tenido como resultado la lesión de la libertad religiosa de la población”, concluye el comunicado de la CIDH.
