América

Leyes de protección de conciencia en Estados Unidos a la deriva

En los Estados Unidos hay leyes federales que protegen la conciencia de los profesionales de la salud pero, ¿qué pasa cuando un profesional de la salud considera que sus derechos de conciencia han sido vulnerados?

Gonzalo Meza·18 de agosto de 2021·Tiempo de lectura: 4 minutos
Foto: Maria Oswalt / Unsplash

En el 2017 una enfermera del Centro Médico de la Universidad de Vermont (CMUV) fue llamada a participar en lo que le dijeron sería un embarazo que no pudo llegar a su término por causas ajenas a la madre. Sin embargo, al llegar a la sala de operaciones se percató de que la historia era otra. Se trataba de un aborto elegido en gestación avanzada. “Me vas a odiar por esto”, le dijo uno de los asistentes que estaban en la sala de operaciones. La enfermera tuvo que ayudar en ese aborto, aun en contra de su conciencia.

Tiempo después dejó ese puesto pero también decidió presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS/OCR, por sus siglas en inglés), que es el organismo encargado de recibir, procesar y presentar este tipo de denuncias en este país. Su caso no era aislado, otras diez enfermeras también tuvieron que participar en abortos contrariamente a su voluntad y conciencia. En la fase inicial, la demanda prosperó y siguió su curso. Pero el 30 de julio del 2021 el Departamento de Justicia de los EUA (DOJ, por sus siglas en inglés) desestimó voluntariamente la demanda contra el CMUV sin obtener algún acuerdo vinculante que restituyera o reconociera la violación de derechos de conciencia de las enfermeras.

En los Estados Unidos hay leyes federales que protegen la conciencia de los profesionales de la salud (doctores, enfermeras, investigadores, etc.). Bajo estas normas, las instituciones sanitarias (hospitales, clínicas, centros de investigación médica) que reciben fondos federales tienen prohibido obligar a sus empleados -personal de salud- a participar en prácticas profesionales contrarias a sus convicciones morales o religiosas, incluyendo el aborto, el suicidio asistido, la eutanasia, la esterilización y las actividades de investigación relacionadas. Dichas instituciones tampoco pueden tomar represalias o discriminar contra aquellas personas que se nieguen a participar en dichos procedimientos. Estas regulaciones federales se agrupan principalmente en tres leyes: “Enmiendas de la Iglesia” de la Ley del servicio de salud pública; la “Enmienda de Weldon”; y una sección de la “Ley del cuidado de salud a bajo precio”, aprobada durante la gestión del presidente Barack Obama en 2010. Aunque parecen leyes infalibles, estas no han sido totalmente efectivas y su aplicación pareciera que depende de la administración presidencial en turno. 

¿Qué pasa cuando un profesional de la salud considera que sus derechos de conciencia fueron violados, como en el caso de la enfermera del CMUV? Se debe acudir a la Oficina de HHS/OCR para iniciar la queja. Si el caso procede, la agencia contactará al gobierno o a la institución involucrada y enviará una “notificación de violación” con el fin de lograr el cumplimiento voluntario de la ley federal sobre protección de conciencia. En caso de que el hospital o proveedor sanitario haga caso omiso a dicha notificación, el HHS/OCR puede solicitar a las instituciones de procuración de justicia tomar diversas acciones legales en contra de la institución, las cuales pueden resultar en el recorte total del financiamiento federal así como multas en diversas cantidades. La tercera opción, dependiendo de la administración presidencial en turno, es desestimar una demanda legítima, tal como sucedió en este caso de la enfermera del CMUV.

Tras haber revisado la queja presentada por la enfermera y considerarla procedente, el HHS/OCR envió en agosto del 20019 del CMUV una notificación por violación de derechos de conciencia. En esa alerta se señalaba que las Enmiendas de la Iglesia creaban un derecho incondicional para el personal de atención médica a negarse a participar en abortos. El texto indicaba que el deber de aplicar la ley y permitir adaptaciones recaía en las instituciones de salud y no en los profesionales de la salud. Tras la emisión de violación emitida por el HHS/OCR, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una querella en contra del CMUV el 16 de diciembre de 2020. La demanda declaraba que la violación se debía a un patrón de prácticas y políticas discriminatorias del CMUV en contra los profesionales de atención médica que rechazaban participar en abortos debido a sus creencias religiosas o convicciones morales. No obstante, el 31 de julio del 2021, el Departamento de Justicias de Estados Unidos (DJO) desestimó la demanda y el  HHS/OCR retiró la notificación de violación sin obtener nada ni llegar a un acuerdo vinculante o acción para reparar los daños causados a la enfermera y corregir las prácticas ilegales.

Ante ello el Cardenal Timothy M. Dolan, Arzobispo de N.Y. y Presidente del Comité de Libertad Religiosa y Mons. Joseph F. Naumann, Arzobispo de Kansas City, Presidente del Comité de Actividades Pro-vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EUA (USCCB, por sus siglas en inglés), señalaron que el DOJ no estaba cumpliendo con su deber  de hacer cumplir la ley federal: “Es difícil imaginar una violación de derechos civiles más espantosa que verse obligado a terminar una vida humana inocente. El HHS/OCR descubrió que el CMUV obligó a una enfermera a hacer precisamente eso en contra de sus creencias religiosas. Esto no solo es profundamente incorrecto, sino que también es una violación de la ley federal. Hacemos un llamado a la administración en turno para que defienda la dignidad básica de los trabajadores de la salud de nuestra nación, reabriendo este caso; y pedimos al Congreso que apruebe una Ley de Protección de Conciencia (efectiva) para que los médicos y enfermeras puedan defender sus propios derechos de conciencia en los tribunales”.

Por su parte, un grupo de 80 legisladores republicanos de ambas cámaras, entre ellos Marco Rubio de Florida, James Lankford de Oklahoma, Tom Cotton de Arkansas y Andy Harris de Maryland enviaron una carta al Procurador General Merrick Garlanda y al Secretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra, pidiendo explicaciones: “Su manejo de este caso constituye un profundo error judicial y un rechazo a su compromiso de hacer cumplir las leyes federales de conciencia para los estadounidenses de todos los credos religiosos, y especialmente para los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se oponen al aborto. Sus acciones envían una señal a los empleadores de que no necesitan cumplir con la ley porque las agencias encargadas de la justicia no las obligarán a cumplir. Exigimos una explicación completa de estas acciones de sus organismos”. Esta misiva de los congresistas también fue apoyada por la USCCB y por varias asociaciones de médicos y grupos civiles pro-vida, entre ellas: American Center for Law and Justice, Ethics and Public Policy Center, Ethics and Religious Liberty Commission, y Family Policy Alliance.

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