España quiere sumarse a los países cuyos derechos fundamentales, especialmente en las personas más vulnerables, van en retroceso. En los últimos días, el Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia que declaraba inconstitucional la “Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, y ha pedido una nueva ponencia.
Como destacaba el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Mons. José Mazuelos: «Se ha apañado un tribunal para aprobar una ley injusta, ideológica y contraria a la ciencia».
El objetivo de esta nueva ponencia es declarar el aborto como un derecho, «declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad» como subraya la nota emitida por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española ante esta decisión del Tribunal Constitucional .
Al servicio del neocapitalismo más salvaje
La nota recoge tres de las características de esta ley, que pretende hacer constitucional el derecho a eliminar una vida. La ley responde fundamentalmente a una cuestión ideológica y al servicio del neocapitalismo más salvaje que aboga por la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida.
Asimismo, esta ley rechaza las evidencias científicas que, gracias a los avances permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional.
La ley del aborto es además, profundamente injusta y promueve la desigualdad, ya que permite que las personas con Síndrome de Down sean abortados hasta los cinco meses y medio de gestación, es decir, su vida no tiene absolutamente ningún valor. Al hacer constitucional este «derecho» se permitirá atentar contra la vida humana y contra la igualdad de todos.
La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo, es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad.
Proteger la vida de madres e hijos
La nota de la Conferencia Episcopal no olvida que, dentro de la defensa de la vida hay que tener una mirada amplia que recoja la defensa de los más vulnerables en los que, en este caso, se encuentran también muchas de las mujeres que se ven presionadas para acabar con el embarazo. En este punto la nota recoge que «queremos estar a su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral. A su vez, nos dirigimos a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente, con el deseo de recordarles que, en el rostro misericordioso de Jesús, encontrarán consuelo y esperanza» y pide a las «distintas administraciones que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad, evitando ser abocada al aborto».
En este ámbito son numerosas las iniciativas no sólo ligadas a la Iglesia católica sino privadas que, cada día ayudan a las mujeres que tienen problemas para llevar adelante su embarazo como Red Madre, Provida o Proyecto Maternity.
Existe además el Proyecto Raquel que atiende a mujeres que han abortado así como las personas implicadas en un aborto provocado con una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros y psicólogos y psiquiatras.
Lucha en Europa
El pasado junio en Estados Unidos se ratificó la derogación de la famosa sentencia Roe v Wade, dando a entender que, la eliminación de un ser humano no entra dentro de los derechos fundamentales. Sin embargo, en Europa, existen presiones para incluir el aborto dentro de la carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Ante esta conculcación de los derechos fundamentales de los más vulnerables, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, junto con One of Us y más de 50 organizaciones civiles, han organizado en Bruselas una conferencia internacional sobre esta propuesta en la que han participado más de 150 personas entre las que se encontraban europarlamentarios, juristas e intelectuales de Eslovenia, Hungría, Portugal, Francia, Eslovaquia, Austria, Alemania o Italia. En las intervenciones se ha subrayado que ante esta propuesta es fundamental la defensa activa de la vida.
