Según la asociación “Texas Right Pro Life”, desde que se despenalizó el aborto en 1973 con la decisión “Roe contra Wade” se han practicado más de 62 millones de abortos en los Estados Unidos. Tan solo en el 2017 se registraron aproximadamente 862.320 abortos de los cuales 55.540 ocurrieron en Texas.
El miércoles 1 de septiembre entró en vigor en el estado de Texas, la ley “Latido del corazón” la cual prohíbe el aborto a partir de la detección del latido del corazón del feto, lo cual ocurre generalmente en la sexta semana de gestación. Esta ley -una de las más estrictas en el país, también conocida como la ley del Senado 8 (SB 8)- fue presentada en marzo en la Cámara Alta por el senador Bryan Hughes y luego enviada en mayo al Gobernador de Texas Greg Abbott para su ratificación.
Antes de su entrada en vigor el 1 de septiembre los proveedores de abortos, entre ellos la clínica “Whole Woman’s Health”, había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de EU una “solicitud de emergencia” para bloquear su implementación. Sin embargo, el 1 de septiembre el máximo órgano de justicia de la nación rechazó tal solicitud y de esa forma entró en vigencia en el estado de Texas.
Antes de esta ley, Texas prohibía los abortos después de las 20 semanas de embarazo. No obstante, a partir de ahora la nueva legislación prohíbe que se realicen o induzcan abortos una vez que se detecta el latido del corazón del niño no nacido. Las únicas excepciones son las emergencias médicas perfectamente bien delimitadas. De esa forma, cuando se detecta el latido, el médico tiene prohibido realizar o inducir un aborto. Si lo realiza puede ser demandado civilmente. Otra de las peculiaridades de esta ley es que autoriza a cualquier ciudadano a presentar una demanda civil contra aquella persona que realice o induzca un aborto en violación de esta norma. Eso quiere decir, por ejemplo, que una persona que lleve a una mujer en su auto a la clínica para practicarse un aborto después de las 6 semanas, o que le ayude económicante para realizarlo, puede acabar en los tribunales. Lo mismo aplica para el personal médico. Lo interesante de esta ley es que cualquier ciudadano puede denunciar, e incluso se otorgan incentivos legales y financieros a quien lo haga.
Otra de las peculiaridades de esta ley es que para evitar ambigüedades, que pueden inducir al error en la práctica médica, la SB 8 hace una serie de definiciones bien precisas sobre varios términos, entre ellos: embarazo, niño por nacer y latido fetal. La ley define al embarazo como “la condición reproductiva femenina humana que comienza con la fertilización, la cual ocurre cuando la mujer está embarazada de la descendencia humana en desarrollo y que se calcula desde el primer día del último período menstrual de la mujer”. El niño por nacer se define como “un feto o embrión humano en cualquier etapa de la gestación desde la fertilización hasta el nacimiento”. El latido fetal como la “actividad cardíaca o la contracción rítmica constante y repetitiva del corazón fetal dentro del saco gestacional”.
La Conferencia de Obispos Católicos de Texas apoyó en el mes de marzo la primera propuesta de ley pues indicó que “la protección de la vida es una prioridad fundamental para la Iglesia y para la sociedad”. Asimismo, otras organizaciones pro-vida en los Estados Unidos celebraron el 1 de septiembre la entrada en vigor de la SB 8. Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo “Susan B. Anthony List” dijo el 2 de septiembre que “esta ley refleja la realidad científica de que los niños por nacer son seres humanos con corazones que laten a las seis semanas. Estamos agradecidos con el liderazgo del gobernador Abbott, la valentía de la Legislatura de Texas y el apoyo de todos nuestros aliados pro-vida en los gobiernos estatales de todo el país, quienes luchan continuamente por los no nacidos y por sus madres.
La batalla no va a ser fácil. Ya el presidente Joe Biden -quien se declara católico, asiste a misa dominical y comulga- prometió el 2 de septiembre implementar una embestida total contra esa ley usando todos los recursos con los que cuenta el gobierno: “El fallo repentino de la Corte Suprema es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer indicados en la decisión Roe contra Wade, la cual ha sido ley en este país durante casi cincuenta años… Una de las razones por las que me convertí en el primer presidente en la historia en crear un Consejo de Política de Género fue para reaccionar ante ataques contra los derechos de las mujeres. Por lo tanto, le estoy girando instrucciones al Consejo y a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca para que lancen un esfuerzo global de todo el gobierno para responder a esta decisión”.
Los grupos y proveedores de abortos cuentan no solo con el apoyo de la presente administración demócrata (pro aborto), sino con grupos de interés económicamente muy poderosos e influyentes que apoyan todo tipo de iniciativas e instituciones “de salud reproductiva” entre ellos “Planned Parenthood” (PP), una de las mayores redes de clínicas de abortos. Tras la entrada en vigor de la ley, PP indicó que hará “todo lo posible para seguir brindando y protegiendo el acceso al aborto y a otros servicios de salud reproductiva” y añaden que si a una mujer no se le puede brindar atención para obtener un aborto en Texas, ellos le ayudarán para obtener atención fuera del estado, incluyendo asistencia económica. La batalla no será fácil, sin embargo esto no desalienta a cientos de grupos católicos y cristianos pro-vida que desde hace casi cinco décadas han apoyado a los no nacidos y a las mujeres embarazadas con todo tipo de iniciativas, desde grupos de oración que oran en parroquias o afuera de las clínicas de PP hasta instituciones pro-vida que trabajan en proyectos de ley en favor de los no nacidos. En EU actualmente hay 540 proyectos de ley pro-vida, de los cuales 69 ya se han convertido en ley.