Por razones ideológicas y sin apenas argumentos jurídicos, algunos grupos están aprovechando las inmatriculaciones de inmuebles de la Iglesia para generar una polémica artificiosa.
—Diego Pacheco
A mediados de mayo, la jueza del Juzgado contencioso administrativo nº 5 de Zaragoza suspendió cautelarmente el proceso de inmatriculación de la Catedral de San Salvador (La Seo) y la iglesia de La Magdalena por parte del ayuntamiento. Dejó así sin efecto un acuerdo del 27 de marzo por el que el consistorio zaragozano establecía el inicio de acciones administrativas y judiciales para obtener el dominio de esos templos y anular así la inmatriculación de esos inmuebles ya practicada a favor del dominio de la Iglesia.
La magistrada argumenta en su resolución que el informe presentado por el ayuntamiento no contiene un solo razonamiento sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. Y, sobre todo, “tampoco consta en ese informe el más mínimo indicio relativo a los posibles derechos que pudiera ostentar el ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el acuerdo”. Además, el informe jurídico que debe acompañar este tipo de acuerdos municipales, exigido por ley, no es suficiente según la juez “para que los miembros de la corporación municipal tengan un conocimiento preciso de las circunstancias del caso”; de ahí la adopción por parte de la juez de esa medida cautelar: para garantizar que las corporaciones locales hagan un uso reflexivo de las acciones judiciales.
Titularidad indiscutible
Por lo tanto, queda abortado, de momento, el intento desamortizador del consistorio zaragozano de arrebatar La Seo –que es la catedral de Zaragoza, templo principal de una diócesis– a la Iglesia, y su proyecto incautatorio para que esos dos templos pasen a ser de titularidad pública.
El jefe de comunicación del arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha señalado que en el arzobispado se han tomado con tranquilidad el referido acuerdo municipal, porque “la legalidad y la jurisprudencia nos apoyan”. Calvo manifiesta su confianza en que la justicia “nos dará la razón” en caso de que el consistorio de la capital aragonesa decida reclamar ante los tribunales. La reciente resolución de la jueza del juzgado contencioso administrativo nº 5 de Zaragoza así lo sugiere. “Si reclaman la titularidad pública, tendrán que demostrarlo, pero es imposible”, porque tanto la Catedral de La Seo como la parroquia de Santa María Magdalena “son instituciones eclesiásticas desde su comienzo, a finales de siglo XI” y el dominio de la Iglesia de esos bienes “ha sido pacífico, incontestado y notorio” a lo largo del tiempo. Jurídicamente, esas propiedades son de la Iglesia “desde hace la friolera de 800 años; por lo tanto, es indiscutible”. Y así ocurre con otros muchos templos, que pertenecen a la Iglesia desde tiempo inmemorial.
El registro es más tardío
Añadía Calvo que esos inmuebles son más antiguos que el registro de la propiedad, que se creó en la segunda mitad del siglo XIX. Y como “era tan notorio” que pertenecía al patrimonio de la Iglesia, al igual que ocurría con el patrimonio de municipios y otras administraciones, “nos exceptuaron de la capacidad de registrarlos”. Por esta razón una sentencia del Tribunal Supremo establece “que no es inconstitucional que la Iglesia católica inmatricule bienes, sino que se le haya privado durante décadas de esa posibilidad”. E inmatricular estos inmuebles ha tenido como objetivo “dar publicidad a una propiedad que ya existía, no hacernos en ese momento con la propiedad”, porque el registro “visibiliza lo que ya es una propiedad, pero no la da”.
Asimismo, Calvo ha asegurado que la inscripción fue legal y en ningún caso hubo fraude de ley, dado que en el momento de la inmatriculación de los dos inmuebles (en 1987 y 1988) la normativa establecía una excepción a la inmatriculación para los templos destinados al culto católico, por su notoriedad. Se trataba de dar “transparencia a la situación de unos bienes que desde tiempo inmemorial, sin contestación y con todas las pruebas debidas, son nuestros”; porque la Iglesia “es una institución más antigua que el Estado” y por eso “a veces no tenemos los títulos de propiedad”, porque no existía el organismo que los expidiera.
Uso religioso en riesgo
Para el arzobispado de Zaragoza, la iniciativa del ayuntamiento constituye, bajo la bandera de una laicidad mal entendida, “un atropello a los derechos civiles de las instituciones y contra la legítima libertad”. “Se quiere privar a la Iglesia de la propiedad”, cuando es la Iglesia la que “ha creado, mantiene y conserva la vida y el fin propio” de esos edificios, que son lugar de “reunión de los cristianos” y, a la vez, “expresión religiosa”. Si el ayuntamiento se hiciera con la titularidad de estos dos templos, “el fin principal para el que fueron creados pasaría a ser secundario”, porque aunque “se dice que seguirían siendo espacios de culto, los conflictos estarían asegurados”.
Para Calvo, se trata de “un conflicto creado artificialmente por causas ideológicas y laicistas que quieren expulsar a la Iglesia de la sociedad, de la vida pública y que buscan la confrontación”. Y si la iniciativa municipal saliera adelante, concluye, “Zaragoza sería un lugar menos libre”.
El problema, señala el portavoz del arzobispado, es que la iniciativa del ayuntamiento se podría convertir, si no lo frenan las instancias judiciales, en un “proceso sistemático de incautación y desamortización de bienes”.
El abogado de la diócesis, Ernesto Gómez Azqueta, duda “que el ayuntamiento tenga la legitimidad necesaria” para iniciar este tipo de iniciativas; “correspondería, en todo caso, al Gobierno de Aragón o al Gobierno de la nación”.
Por su parte, el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, ha indicado que no sabe “por qué se quiere privar a los católicos de los bienes que legítimamente poseen” y también ha subrayado que “algunos de estos ayuntamientos que dicen que la Iglesia se está apropiando de esos bienes, no entienden con qué finalidad y cuál es el uso que se hace de ellos, que es un uso religioso”.
Añadió que “si el alcalde de Zaragoza quiere ir a rezar a la Seo puede ir, y si quiere utilizar cualquier otro recurso público lo puede hacer”.
Barriocanal ha reiterado que la inmatriculación de bienes “no es un procedimiento irregular, de expoliación ni de robo sino de poner a disposición de los ciudadanos bienes que realmente están prestando un enorme servicio”. Recuerda, asimismo, que existen “mecanismos de impugnación”. “Si el ayuntamiento tiene la escritura de propiedad de La Seo, puede demostrar que es el ayuntamiento quien la ha edificado y el titular podrá ejercer las acciones como cuando cualquier otro ciudadano descubre que en el registro de la propiedad aparece un bien que es suyo y que figura a nombre de otro”.
Aportan a la sociedad
Giménez Barriocanal insiste, además, en que los bienes de la Iglesia están siempre abiertos a la sociedad y “aportan un gran beneficio social y económico. Cada catedral supone de media en la economía española unos 140 millones de euros de riqueza”. Además, estos bienes generan 1.500 puestos de trabajo.
Ahora habrá que ver qué acciones emprende el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque los expertos señalan que cosecharía un estrepitoso fracaso.
