El Papa Francisco ha establecido una nueva ordenación judicial para el Estado de la Ciudad del Vaticano, derogando y reemplazando la ley anterior (CXIX), que data de hace más de treinta años (1987), bajo el pontificado de san Juan Pablo II. Entrará en vigor inmediatamente después de la Pascua.
La disposición legislativa CCCLI (351) proporciona, en síntesis, una mayor independencia a los magistrados que operan en el pequeño Estado, garantiza una separación más clara entre la magistratura de investigación y la del juicio, y, de hecho, simplifica todo el sistema judicial.
Cada vez más eficiencia
Esta iniciativa del pontífice ha sido necesaria asimismo para integrar todos los cambios que se habían adoptado a lo largo de los años, también durante el pontificado de Benedicto XVI, especialmente si se piensa en los ámbitos económico y financiero, pero también en el penal (por ejemplo, en el campo de los abusos contra menores por parte de del clero), y en las diversas adhesiones del Vaticano a convenciones internacionales. La Sala de Prensa de la Santa Sede ha hablado, en efecto, de adaptación “al contexto histórico e institucional actual, que requiere una eficiencia cada vez mayor”.
Los órganos judiciales, por lo tanto, serán independientes y estarán sujetos jerárquicamente sólo al Sumo Pontífice y a la ley, ejerciendo sus funciones con imparcialidad. Por eso los jueces disponen de su propia policía judicial (servicio que continúa siendo realizado por el Cuerpo de Gendarmería), y todos los magistrados ordinarios adquieren la ciudadanía vaticana durante el período en que prestan servicio.
La decisión del Papa Francisco también establece que al menos uno de los jueces del Tribunal desempeñe sus funciones a tiempo completo y de manera exclusiva, e introduce como requisito para el nombramiento pontificio de magistrados, tanto para el Tribunal como para la Corte de Apelación y en parte para la Casación, el de ser, por ejemplo, profesores universitarios -que por lo tanto ya reciben una retribución en otra institución-, para garantizar una mayor independencia en el ejercicio de las funciones judiciales al servicio del Estado.
La nueva ley introduce novedades específicas en lo que respecta a los abogados, quienes para ser inscritos en el registro del Vaticano deben obtener la habilitación forense también en el Estado de residencia, mientras que antes bastaba solo el título civil, manteniéndose la necesidad del conocimiento del derecho canónico y vaticano. Se introducen sanciones disciplinarias contra ellos en casos de comportamientos o actitudes incorrectas hacia cualquier instancia en el ejercicio de la profesión.
Por primera vez se indican normas propias para la Oficina del Promotor de Justicia (los magistrados que representan a la acusación), marcando una distinción entre la magistratura de juicio y de investigación, de modo que esta última mantenga la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Además, los jefes de los Dicasterios de la Curia romana y de otros órganos de la Santa Sede, así como del Gobernatorado, pueden defender a sus respectivas administraciones ante las autoridades judiciales de todos los niveles. Como última disposición, el Papa ha decidido que el año judicial comience el 1 de enero, equiparándolo al año solar.
Equilibrio entre lo antiguo y lo moderno
Comentando estas nuevas normas, el Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone -magistrado italiano de reconocido prestigio que coordinó importantes investigaciones que condujeron al arresto de mafiosos, y que siempre ha estado en primera línea contra la corrupción, y a quien el Papa eligió para este encargo en octubre del año pasado, recién jubilado en Italia-, ha recordado precisamente las palabras del pontífice pronunciadas con ocasión de la última apertura del año judicial, el pasado febrero.
A saber, que junto con el compromiso “personal, generoso y responsable” de los magistrados, es oportuno garantizar “instituciones adecuadas, capaces de garantizar eficiencia y la tempestividad”.
Luego señaló que la interpretación y la aplicación de estas leyes deberán respetar “la especificidad del derecho vaticano”, sabiendo que la primera fuente normativa y el primer criterio de referencia interpretativa dentro de la Iglesia sigue siendo el orden canónico. “Este equilibrio entre lo antiguo y lo moderno constituye la peculiaridad del actual momento histórico y también un motivo más para el compromiso de nosotros, los jueces”, concluyó.
Virtud y misericordia
El discurso del Papa este año para el personal del Tribunal del Estado del Vaticano, a mediados de febrero, ha tenido un carácter más bien espiritual en la parte introductoria, a través de la cual el Santo Padre presentó a jueces, abogados y colaboradores el ejemplo de la justicia propuesto por Jesús en el Evangelio, no como “un simple conjunto de reglas aplicadas técnicamente, sino una disposición del corazón que guía a los que tienen responsabilidades”.
Por eso invitó a los presentes a una continua conversión personal, porque esta es “la única justicia que genera justicia”, pero que debe ir acompañada de virtudes cardinales como la prudencia, la fortaleza y la templanza. Además de saber cómo distinguir lo verdadero de lo falso y atribuir a cada uno lo suyo, un buen juez es aquel que sabe ser moderado y equilibrado en la valoración de los hechos, libre para decidir en conciencia y capaz de resistir las presiones y las pasiones.
No ha de olvidarse, dijo, “que en vuestro compromiso diario os enfrentáis a menudo a personas que tienen hambre y sed de justicia”, que sufren, “a veces presas de angustia y desesperación existencial”; por lo que las respuestas justas se encontrarán “escarbando en la complejidad de los asuntos humanos”, “conjugando la corrección de las leyes con ese algo más de misericordia que nos enseñó Jesús”. Precisamente porque la misericordia así entendida es la plenitud de la justicia.
En aquella ocasión el Papa Francisco también se refirió a las reformas que la Santa Sede ha llevado a cabo en el ámbito judicial a lo largo de los años -y que ahora han desembocado en el nuevo sistema judicial que hemos ilustrado-, recordando que son una parte “integral y esencial” de la actividad ministerial de la Iglesia, pues atienden a las condiciones de los más desfavorecidos y de los que han sido “pisoteados en su dignidad humana y considerados invisibles y descartados”.
Reforma de las normas penales
Una semana después de la inauguración del año judicial vaticano, el Papa Francisco recibió en audiencia por primera vez a los participantes en la sesión plenaria del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, presidido por el arzobispo Filippo Iannone, carmelita, que había sido dedicada al esquema de la revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico, sobre las sanciones en la Iglesia, comenzada hace ya muchos años y finalmente ultimada.
La publicación del texto reformado no se espera antes de junio. También en este caso se había hecho necesario para que la legislación penal en la Iglesia fuera “más orgánica y conforme con las nuevas situaciones y problemáticas del contexto sociocultural actual”, además de ofrecer herramientas más ágiles para favorecer su aplicación.
Impronta pastoral de la justicia
También en esta circunstancia recordó el Pontífice que en la Iglesia la norma jurídica tiene un papel necesario pero subordinado respecto a la preeminencia de la Palabra de Dios y de los sacramentos, y debe estar siempre al servicio de la comunión. El derecho en la Iglesia, en efecto, tiene una naturaleza instrumental “en orden a la salus animarum”, sabiendo que la justicia siempre debe ser afirmada y garantizada sin olvidar su naturaleza pastoral.
En este sentido, ha recordado el Papa, “el papel de juez siempre tiene una huella pastoral en cuanto está encaminado a la comunión entre los miembros del Pueblo de Dios”. Y lo mismo vale para la pena canónica, que persigue “no sólo una función de respeto del ordenamiento, sino también la reparación y sobre todo el bien del culpable”. Tiene por eso “carácter marcadamente medicinal” y de este modo representa “un medio positivo para la realización del Reino, para reconstruir la justicia en la comunidad de los fieles, llamados a la santificación personal y común”.
