La misericordia, la justicia y la recta aplicación de las normas canónicas ante los abusosLo han llamado el «juicio del siglo», o incluso el «juicio Becciu«. En realidad, lo que está ocurriendo en el Vaticano desde el pasado mes de julio no puede ser ni lo uno ni lo otro. No es el juicio del siglo, porque los cargos, leídos a fondo, sólo revelan -si se prueban- algunas malversaciones y fraudes, ciertamente no delitos memorables. Y no es el juicio de Becciu, porque al cardenal Angelo Becciu, que responde por lo que supuestamente hizo como sustituto de la Secretaría de Estado, solo se refieren algunos de los cargos, y no los más importantes.
El piso de Londres y la diócesis de Becciu
Entonces, ¿cómo se puede definir este juicio que comenzó el pasado mes de julio en el Vaticano? En el centro del juicio está el asunto de la inversión de la Secretaría de Estado en una propiedad de lujo en Londres. Inicialmente, la inversión se confió al broker italiano Fabrizio Mincione. Entonces, insatisfecha con el retorno de la inversión, la Secretaría de Estado recurrió al otro broker Gianluigi Torzi, que había retenido 1.000 acciones de la propiedad, que eran, sin embargo, las únicas con derecho a voto, ejerciendo de hecho el control total de la propiedad. Finalmente, la Secretaría de Estado tomó la decisión de hacerse cargo del edificio, poniendo fin a todas las relaciones con Torzi.
A este asunto hay que añadir otros. El cardenal Becciu está imputado por malversación de fondos, ya que como adjunto a la Secretaría de Estado habría enviado fondos de ésta a la Cáritas de su diócesis, Ozieri, cuyo presidente era su hermano, y además a la cooperativa SPES, también vinculada a la diócesis. El cardenal también está imputado por haber «contratado» a la consultora Cecilia Marogna para operaciones de mediación (y, como se ha sabido, por el pago de un rescate para liberar a la hermana Cecilia Narváez, secuestrada en Sudán), y finalmente por «soborno», es decir, por haber presionado al antiguo jefe de la administración de la Secretaría de Estado, monseñor Alberto Perlasca, para que cambiara el tono de las declaraciones en su contra.
Acusaciones, evidentemente, todas por demostrar, en un juicio que se prevé muy largo. El juicio abarca al menos tres líneas de investigación: la relativa a la inversión de la Secretaría de Estado en la propiedad de Londres; la relativa a la presunta malversación del cardenal Becciu; la relativa a la relación con la consultora de «intelligence» Cecilia Marogna.
Tres claves para entender el juicio
Del mismo modo, hay tres claves de lectura para entender el juicio del Vaticano, y la más importante ni siquiera es la financiera.
La primera es la procesal. La investigación surgió de un informe del auditor general del Vaticano, a raíz de una denuncia del director del Istituto delle Opere di Religione, el llamado «banco del Vaticano».
Este hecho ha sido señalado en repetidas ocasiones como un claro ejemplo de que las reformas financieras impulsadas por el Papa Francisco están funcionando. Sin embargo, estas denuncias más bien atestiguan la debilidad del sistema judicial del Vaticano.
Las denuncias dieron lugar a investigaciones en la Autoridad de Información Financiera y en la Secretaría de Estado. Se trata de dos organismos independientes dentro de la Santa Sede. La Autoridad intercambia datos de inteligencia y mantiene relaciones de cooperación internacional con autoridades similares en el extranjero que se han visto involucrados por las investigaciones, ya que también se incautaron documentos pertenecientes a entidades extranjeras y soberanas. Dado que la Autoridad no podía supervisar las operaciones de la Secretaría de Estado, sino que debía supervisar las transacciones financieras, las investigaciones no sólo crearon una pequeña herida, sino que también han podido bloquear investigaciones que hubieran podido haber sido decisivas en el juicio del edificio de Londres.
La Secretaría de Estado era completamente autónoma desde el punto de vista financiero. No es un dicasterio como cualquier otro, ni podría serlo, porque es la Secretaría del Papa, y representa al gobierno. ¿Puede haber delitos si un organismo soberano, con plena disponibilidad financiera, decide realizar inversiones? ¿Y una mala inversión es un delito?
El resultado de esta gestión de las investigaciones ha debilitado en último término al órgano de gobierno de la Iglesia, al que el Papa también ha quitado la autonomía financiera.
El sistema jurídico del Vaticano
La segunda línea se refiere al sistema jurídico del Vaticano. El Papa Francisco intervino en las investigaciones con cuatro rescriptos (documentos escritos de su puño y letra) que en algunos casos también suspendieron los derechos procesales. Esto creó un problema para la Santa Sede. El Estado de la Ciudad del Vaticano es, en efecto, un Estado con leyes propias, una monarquía absoluta donde el Papa es el primer juez y legislador. Sin embargo, la Santa Sede se adhiere a los tratados y defiende los principios del justo proceso en los ámbitos internacionales. Por eso, los Papas nunca han intervenido demasiado en los asuntos judiciales, para mantener inalterada la autoridad de la Santa Sede. Además, el propio gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano se delega en un gobernador y una comisión de cardenales.
Con los rescriptos, el Papa Francisco ha llevado a cabo una «vaticanización» de la Santa Sede, dando la vuelta el paradigma por el que el Estado sirve a la Santa Sede y no a la inversa. Esto podría tener consecuencias en el ámbito internacional, si los acusados acudieran entonces a los tribunales europeos por violaciones de los derechos humanos. Este es un camino posible.
La cuestión financiera
Por último, está la cuestión financiera. Sin entrar en detalles, es suficiente con saber que la Secretaría de Estado había juzgado rentable la inversión, hasta el punto de querer recuperar el control. Hasta ahora ha salido a la luz que todo se había hecho precisamente para no perder una inversión considerada rentable, y que el Papa estaba informado. El propio tribunal vaticano admitió que el Papa estaba en la sala donde se negociaba la salida del intermediario Gianluigi Torzi.
Por lo tanto, se verá si Torzi ha sido culpable de extorsión, y también se definirá el papel del cardenal Becciu, que siempre ha subrayado que había actuado en uso de sus prerrogativas.
También se verá a dónde lleva el testimonio de monseñor Mauro Carlino, secretario del Sustituto (que antes era Angelo Becciu, ahora Edgar Peña Parra), ha hecho saber que también se estaban haciendo controles a Mammì, director del IOR, que fue quien dio pie a las investigaciones.
Y se deberá explicar también por qué el IOR había aceptado primero financiar a la Secretaría de Estado con un préstamo que ayudaría a recuperar el control del edificio de Londres, y luego se negó inesperadamente, llegando incluso a la denuncia del director.
Se verá si ha habido corrupción, si se tomaron algunas medidas sin razón. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo el proceso, por su parte, también podría crear problemas con los socios internacionales. Y así, tras el gobierno de la Santa Sede, quedaría en peligro la credibilidad de la propia Santa Sede. Estas cuestiones están quizá demasiado poco presentes en el debate actual, pero no por ello deben subestimarse.
