El sistema de financiación de la Iglesia en Alemania tiene características propias, el denominado impuesto eclesiástico (“Kirchensteuer”), que asegura el mantenimiento tanto de la Iglesia católica como de la evangélica, según lo establecido en la Constitución alemana. La recaudación de este impuesto corre a cargo del Estado, concretamente de las Delegaciones de Hacienda. El tipo impositivo es generalmente del 9 % del impuesto sobre la renta (IRPF) en la mayoría de los Estados Federados, aunque en Baviera y Baden-Württemberg se reduce al 8 %.
Según la página web de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK), el impuesto eclesiástico es definido como “una contribución que los miembros de la iglesia realizan para financiar su comunidad religiosa. No es una subvención estatal, sino un mecanismo mediante el cual la iglesia obtiene recursos directamente de sus fieles”.
Origen histórico
Este sistema obedece a motivos históricos, concretamente a la “secularización” de los bienes eclesiásticos en Alemania, un fenómeno conocido en España como desamortización.
Durante las guerras napoleónicas, los territorios alemanes al oeste del Rin fueron incorporados a Francia, y como compensación por la pérdida de bienes, la Dieta del Sacro Imperio Romano Germánico, en su sesión de 1803 –la última que se celebró, antes de su disolución– aprobó la resolución (ratificada por el emperador Francisco II el 27 de abril de ese mismo año) denominada “Reichsdeputationshauptschluss”, mediante la cual se expropiaban los bienes de la Iglesia. A cambio, los Estados alemanes asumieron la obligación de garantizar la misión de las iglesias mediante dotaciones estatales.
Desde el siglo XIX
Sin embargo, factores económicos y políticos llevaron a la introducción del impuesto eclesiástico en el siglo XIX. El crecimiento demográfico y las consecuencias de la industrialización incrementaron las necesidades de la Iglesia, y la creciente separación entre Estado e Iglesia, iniciada con la Revolución Francesa, consolidó este sistema. Desde 1827, comenzando en Lippe-Detmold, se estableció el impuesto eclesiástico, transfiriendo la responsabilidad de financiar las iglesias de los Estados a sus miembros.
A lo largo del siglo XIX, los demás territorios adoptaron este sistema, siendo Prusia el último en hacerlo en 1905. El impuesto pasó a formar parte de la soberanía estatal, integrándose en la Constitución de la República de Weimar en 1919, y tras la Segunda Guerra Mundial, en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. El Artículo 140 de esta ley incorpora las disposiciones de la Constitución de Weimar, incluyendo el derecho de las confesiones religiosas a recaudar impuestos. Sigue, pues, vigente el Art. 137 de la Constitución de 1919: “Las confesiones religiosas que sean corporaciones de Derecho público tienen derecho a recaudar impuestos sobre la base de las listas de impuestos civiles de acuerdo con las disposiciones de la legislación estatal”.
Incluso para los extranjeros
Este sistema, anclado en la Constitución, establece que cualquier persona que sea miembro de una comunidad religiosa reconocida por el Estado, como la Iglesia católica, debe pagar el impuesto eclesiástico si tributa impuestos estatales. Ahora bien, la DBK expresa: “Quien no paga el impuesto sobre la renta tampoco es contribuyente de la Iglesia”, lo que exime a desempleados o jubilados sin otras fuentes de ingresos. Los extranjeros residentes y contribuyentes en Alemania también están obligados a pagar este impuesto, incluso si en sus países de origen no existe tal obligación.
Aunque ha habido iniciativas para abolir este sistema, tanto la Iglesia como el Estado lo consideran beneficioso. En 2023, la Iglesia católica recaudó unos 6.510 millones de euros, un 5 % menos que el año anterior, mientras que la Iglesia evangélica recaudó 5.900 millones, un 5,3 % menos. Además, el Estado se beneficia al recibir entre un 2 % y un 4 % por la recaudación de este impuesto a través de sus oficinas de Hacienda. Asimismo, si el Estado asumiera las actividades asistenciales y sanitarias que la Iglesia financia con esos ingresos, el coste sería considerablemente mayor.
Críticas
Uno de los aspectos más criticados actualmente es el hecho de que la pertenencia a la Iglesia conlleve de manera obligatoria el pago de esta contribución. Esto significa que una persona que, por cualquier razón, no desee seguir abonando el impuesto eclesiástico —por ejemplo, por motivos meramente económicos, ya que, a diferencia de otros países, en ese caso no se le exige destinar ese 8 % o 9 % adicional de su IRPF a otros fines— debe formalizar su baja de la Iglesia (“Kirchenaustritt”) ante una autoridad estatal. Dependiendo del Estado Federado, este trámite se realiza ante el Juzgado de Primera Instancia o el Registro Civil.
Tras años de debate, el Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo dictaminó en 2012 que no es posible desvincularse de la Iglesia como corporación jurídica y, al mismo tiempo, seguir perteneciendo a la comunidad religiosa. En otras palabras, darse de baja implica formalmente cometer apostasía.
Por otro lado, el impuesto eclesiástico es un pilar clave para mantener la unidad de la Iglesia en Alemania con Roma. Durante el llamado «Camino Sinodal» alemán, ha surgido la preocupación sobre un posible cisma. En el caso hipotético de que este se materializara y la Iglesia católica en Alemania rompiera su comunión con Roma, también perdería su condición de “corporación de Derecho público” (pues ésta es la “Iglesia católica-romana”), estatus que le permite recibir el impuesto eclesiástico reconocido por el Estado. La nueva entidad resultante del cisma se vería desprovista de su base económica, a menos que lograra obtener un reconocimiento estatal, lo cual se antoja un proceso complicado.