Desde siempre la Iglesia católica en Panamá ha gozado de gran reconocimiento social, pues en todo momento, incluso en los años más difíciles de la dictadura militar (1968-1989), ha mantenido una posición conciliadora. A lo largo de la historia -también durante la democracia- ha sido garante, a solicitud tanto de los gobernantes de turno como de la sociedad civil, de fructuosos diálogos en búsqueda de la paz y el bien común.
Es lo que ocurre en estos momentos cuando producto de más de tres semanas de protestas a nivel nacional iniciados en julio pasado, que incluyeron huelgas de distintos gremios -mayormente obreros, magisteriales, médicos y enfermeras, campesinos e indígenas-, y bloqueos de las principales vías del país que causaron desabastecimiento en los supermercados, el Gobierno nacional que encabeza el presidente Laurentino Cortizo, solicitó a la Iglesia católica servir de ”mediadora” para que tanto los sectores que protestaban como el Gobierno pudieran llegar a acuerdos que llevaran a la apertura del libre tránsito en todo el país y al restablecimiento de la paz social.
Las causas del descontento
Las protestas se centraban en temas como el alto costo de la vida, principalmente el precio del combustible que estaba por llegar a US$4.00/galón, el aumento de la cesta básica familiar, la corrupción, la falta de transparencia en las finanzas públicas, entre otros. Se trató de un estallido social nacional sin precedentes en la era democrática panameña. Los manifestantes tenían diversos líderes en las distintas regiones del país y esto dificultaba que el Gobierno lograra acuerdos al no tener un único interlocutor. De hecho, la propuesta del Gobierno de congelar el precio del combustible en US$3.95, fue aceptada por algunos sectores, mientras que otros la rechazaron.
A solicitud del Gobierno nacional, la Iglesia católica en el país, en la figura del arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa Mendieta, aceptó ser ”facilitadora”, no mediadora, porque como explicó el arzobispo, “la Iglesia no puede ser mediadora”. ”Ser mediador es estar en el medio, y la Iglesia siempre estará del lado de los más necesitados”. A través de un comunicado fechado 16 de julio “la Iglesia católica aceptó ser facilitadora de un proceso que no solo ayudará a resolver la difícil situación coyuntural que se está viviendo sino, sobre todo, a iniciar un proceso de cambio estructural que realmente haga de Panamá un país más justo y equitativo”.
Condiciones de la mediación
Para ello, la Iglesia propuso unos principios que condicionaban su aceptación, a saber: 1) Diálogo en una mesa única; 2) Consensuar una agenda única con todos los actores; 3) Un proceso dividido en etapas, primero lo urgente y, posteriormente, un diálogo más profundo; 4) Que los actores de la primera etapa fueran los grupos que estaban expresando su malestar y descontento a través de acciones en las calles y vías del país y que, en la segunda etapa, los actores sean los representantes de todos los sectores de la sociedad; 5) Que la Iglesia comenzaría su labor cuando todos los actores la aceptaran oficialmente junto a las condiciones establecidas para realizar su papel.
Los actores aceptaron el papel de la Iglesia y se inició el proceso. Al ser consultado sobre el por qué la Iglesia aceptó ser facilitadora, Mons. Ulloa señaló: “Es que la fe es atrevida. No lo pensamos mucho, y si se mira con ojos humanos, fue atrevido. Cuando ya estábamos en la mesa del diálogo, rodeados de gente insatisfecha y molesta, por un lado, y el Gobierno por el otro, sin los recursos debidos para atender a los dos lados, entendimos que solo quedaba ponerse en manos de Dios para que todo saliera bien”.
Avances concretos
Y así avanza el proceso de diálogo. En la primera etapa se han obtenido resultados rápidos que llevaron a la reapertura del libre tránsito por parte de los manifestantes, así como al congelamiento del precio del combustible en US$3.25/galón y al control de precio de más de setenta productos de la cesta de la compra por parte del Gobierno nacional.
Fueron ocho los temas consensuados a discutir en la mesa única: cesta de la compra, precio del combustible, rebaja y abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud nacional, financiación de la educación, rebaja de la energía, discusión del tema de la Caja de Seguro Social, corrupción y transparencia, mesa intersectorial y de seguimiento. Sin embargo, aunque se van dando pasos importantes, existen puntos en los que no se ha llegado a acuerdos en este primera etapa.
A lo anterior debemos añadir que existe gran presión por parte de asociaciones y gremios empresariales que no formaron parte de los grupos que estaban expresando su descontento a través de acciones en las calles y vías del país, con la intención de ser incluidos desde ya en un diálogo que catalogan de excluyente y del cual manifiestan temores ante una posible imposición de un sistema económico que limite la libre empresa. El Gobierno ha solicitado que sean incluidos otros sectores, pero de momento el diálogo aún se encuentra en la primera etapa, siguiendo la hoja de ruta pactada inicialmente.
Otros mediadores
A la labor que inició el arzobispo metropolitano junto con un equipo de facilitadores entre los cuales se encuentran el rector de la Universidad Santa María la Antigua, la presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, entre otros, se han sumado los Obispos de la Conferencia Episcopal Panameña.
Asimismo, como muestra de que se trata de un tema de unidad nacional y no solo de índole católica, Mons. Ulloa ha invitado a representantes de otras iglesias, quienes también han aportado su parte en este momento tan delicado. Cabe destacar la labor de laicos y voluntarios que se han puesto manos a la obra para apoyar un diálogo del que dependerá, en gran parte, la estabilidad y paz social de una nación pequeña y pujante, pero al mismo tiempo con grandes retos, uno de ellos, la desigualdad social.
