Tras la inauguración del Congreso de Católicos y Vida Pública, por el cardenal Robert Sarah, con la conferencia sobre La importancia de la educación en la misión de la Iglesia hoy, el propio encuentro de la Universidad San Pablo CEU y los congresos de las patronales de la enseñanza Escuelas Católicas (EC) y de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), iban a entrar en una dinámica exigente, pero en la línea de una relativa normalidad profesional.
Normalidad por los temas previstos, pero relativa porque la expectación ha subido enteros este año, teniendo en cuenta los avatares en la formación del nuevo gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre.
La política de pactos había presagiar unas semanas intensas de negociaciones, como sucedió en meses pasados, pero no tanta expectación como la que ha levantado algún hecho de envergadura. En primer lugar, el rápido preacuerdo alcanzado entre el presidente en funciones socialista, Pedro Sánchez, con el líder de la formación Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Y en segundo término, como se señaló en una mesa redonda de representantes políticos en el congreso del CEU, pareció que la ministra Celaá hubiera aceptado el papel de realizar alguna declaración “altisonante” que elevase la temperatura de los debates y las reacciones del sector. Y si no era ése su objetivo, así sucedió: la mecha se encendió el día 14, y al cierre de esta edición de la revista, sigue coleando con fuerza, dejando un reguero de incertidumbre sobre lo que pueda pasar en un futuro próximo.
¿Qué dijo la ministra?
La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, arremetió contra la enseñanza concertada y a los derechos de los padres en pleno congreso de Escuelas Católicas, que aglutina a 1,4 millones de alumnos de un total de casi 2,1 millones que tiene la escuela concertada en España.
En su intervención ante dos mil personas, por sorpresa, y provocando numerosos murmullos, la ministra cuestionó la libertad de los padres para elegir centro educativo y la enseñanza religiosa o moral que deseen para sus hijos. Fue exactamente así: “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centros, formarán parte de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española”.
Las palabras de Celaá causaron honda preocupación en los organizadores del evento, Escuelas Católicas, y ante el comunicado posterior del Ministerio, “me pregunto por qué esta insistencia en probar que el derecho de los padres a elegir centro no es un derecho constitucional. ¿Se están planteando restringir este derecho reconocido en las propias leyes socialistas?”, señaló Luis Centeno, secretario general adjunto de EC. Centeno recordó además, que los centros concertados situados en la Comunidad Valenciana y en Aragón han sufrido en los últimos años el acoso de gobiernos conjuntos de PSOE y Podemos-Compromís.
CECE, por su parte, manifestó en un rápido comunicado su “preocupación por la intención de la Ministra de Educación de recortar la libertad constitucional de elección de centro educativo”, y señaló que “es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio”. También citó el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se señala “que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Lógicamente —añadió CECE—, no hablamos de libertad absoluta de elección de centro, como señala la nota de anoche del Ministerio, ni tampoco hemos pedido una concertada a la carta, como dice a veces la propia Ministra, solamente decimos que no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la media de su entorno, como avalan numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas”.
¿Un lapsus?
La misma tarde del día 14, el secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, dejó una salida airosa a la titular de Educación, al dejar caer que podría haberse tratado de un “lapsus”. Según recogió la revista Ecclesia, dijo lo siguiente: “El artículo 27 de la Constitución, leído en sus 10 puntos, es la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres. Esperamos que, en el marco del tono cordial de la salutación de la ministra, la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social, en el espacio público que las Administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los Tratados internacionales firmados por el Estado”.
Alfonso Aguiló, presidente de CECE, ha escrito en twitter estos días, al cierre de esta edición de Palabra: “Va quedando claro que no fue un lapsus. En ese argumentario hay muchas afirmaciones totalmente infundadas”. Se refiere al documento del que ha informado abc.es, titulado: “El PSOE lanza un argumentario en el que supedita la elección de centro a lo que determine el Estado”. Pueden encontrarlo fácilmente. Mientras la ministra reclama “tranquilidad” a las familias, la futura Administración educativa pretende suprimir “la demanda social”, es decir, las preferencias de los padres, añade el mismo diario.
Munición para el congreso del CEU
Las declaraciones de la titular de Educación fueron objeto de numerosas consideraciones críticas, con menciones expresas, o reforzando y argumentando de múltiples modos los derechos de los padres, durante las sesiones del Congreso de Católicos y Vida Pública, que este año llevaba por título precisamente “Libertad para educar, libertad para elegir”.
En el acto inaugural, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, manifestó que “el Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante, pero existe el peligro de que, como en tantos otros ámbitos, el Estado quiera extender su esfera de actuación”. Casi en paralelo, tuvo ocasión de ampliar su pensamiento en Alfa y Omega, donde señaló en una amplia entrevista que “El Estado tiende a reglamentar todo en educación” y que, a su juicio, “la posibilidad real de elección de centro sigue siendo inexistente”.
El arzobispo de Burgos y consiliario nacional de ACdP, Mons. Fidel Herráez, recordó el principio de subsidiariedad, que supone la primacía de la persona y la sociedad frente al Estado, y el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, subrayó que “no puede haber libertad de enseñanza si los padres no pueden elegir el centro educativo para sus hijos”.
Por si el aluvión de argumentos que le venían encima a la ministra Celaá fuera insuficiente, el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Mons. Michael F. Crotty, trasladó un mensaje del Papa Francisco a los asistentes, y destacó que “la educación funciona cuando se deja a la familia ejercer sus derechos y obligaciones, pues la tarea educativa y las convicciones religiosas corresponden en gran parte a los padres”.
El cardenal Robert Sarah había señalado días antes: “Ahora, más que nunca, los bautizados deben ser conscientes de que la educación está en el corazón de la nueva evangelización. La Iglesia posee tesoros sobre el arte de educar. ¿Nos atrevemos a recurrir a ella para responder a los desafíos de nuestro tiempo y, sobre todo, para responder a las llamadas de Dios?”.
Instituciones a la altura
El presidente de la Federación Europea ‘One of Us’, Jaime Mayor Oreja, calificó de “extrema gravedad” las palabras de Isabel Celaá, en particular “por su simbolismo, por lo que tienen de anticipo de una actitud cultural del próximo gobierno del frente popular, populista, nacionalista”. El ex ministro apeló a fomentar un ambiente familiar más ejemplar y unas instituciones educativas y culturales “que estén a la altura de la extrema dificultad en la que se encuentran los valores y las convicciones que defendemos”.
La siguiente intervención estaba pensada en torno a los derechos constitucionales. Su título, significativo, La libertad de educación: el derecho fundamental que sigue en espera, y sus autores, el rector de la Universidad Cardenal Herrera, de Valencia, Vicente Navarro de Luján, y José Manuel Amiguet, secretario general de la misma universidad, moderados por la decana de Humanidades del CEU, María Solano.
Navarro de Luján analizó los artículos 16 y 27 de la Carta Magna, “íntimamente relacionados entre sí”, y recordó que el modelo de educación que promovió la II República —una única escuela pública, laica y gratuita— “iría en contra de principios fundamentales de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico”.
José Manuel Amiguet, por su parte, informó sobre una investigación realizada por la consultora GFK para la plataforma YoLibre.org, según a cual el 64 % de los españoles considera que no hay suficiente libertad de enseñanza y educación, mientras el 80 % de los encuestados considera muy relevante el derecho a la libertad de educación.
El Manifiesto final del Congreso, leído por Carla Díez de Rivera, efectuó un llamamiento a todos los ciudadanos con el fin de “garantizar y defender la libertad de enseñanza”, término que “engloba un conjunto de libertades como son la libertad de creación de centros, la libertad de modelo de educación, la libertad de elección de formación religiosa y moral de los hijos -de acuerdo con las convicciones de los padres- y la libertad de cátedra”.
Además, el texto precisa que “el ideario del centro educativo es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, no reducido solo a las opciones de formación religiosa y moral, sino también a las opciones pedagógicas y organizativas”.
