Profesor de Derecho Patrimonial canónico en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Jesús Miñambres, es además coordinador del Grupo Case, (Corresponsabilità Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa), un grupo internacional de investigación interdisciplinar sobre cuestiones relacionadas con la gestión y la subsistencia de la Iglesia Católica.
Miñambres, que será el encargado de presentar al presidente del Instituto para las Obras de Religión, Jean-Baptiste Douville de Franssu, en el Foro Omnes que tendrá lugar mañana en Roma, ha atendido a Omnes previamente con el objetivo de acercar a los lectores la realidad del Instituto para las Obras de la Religión (IOR).
Un banco vaticano, ¿no es una contradicción? ¿Cómo se explica el IOR?
–El Instituto para las Obras de Religión nace a finales del siglo XIX y se reorganiza durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI para servir como instrumento de gestión de inversiones financieras a la Santa Sede al servicio de la misión universal de la Iglesia y también de las Iglesias particulares y de los Institutos de vida consagrada y otras entidades.
Además, sirve también para facilitar algunos servicios, como hacer llegar los recursos a los ambientes que los necesitan, conservar y hacer fructificar depósitos de entes de la Santa Sede, facilitar que se puedan gestionar con transparencia las nóminas de los trabajadores del Vaticano, etc.
En los últimos años hemos visto un cambio sustancial en las gestiones financiera del IOR, en especial, en materia de transparencia ¿cuáles son los principales avances? ¿Este cambio se debe a exigencias externas?
–La necesidad de transparencia en la gestión de los recursos de la Iglesia se hace cada vez más viva.
En general, ya desde 1983 existe una norma que obliga a rendir cuentas a los fieles de los bienes que ellos han donado (cfr. can. 1287 §2 del Código de Derecho canónico).
La realización de esta prescripción en ámbito universal se hace más compleja, pero el IOR se ha propuesto hacer lo posible para conseguirlo y desde hace varios años publica un balance bastante pormenorizado con la situación patrimonial del Instituto, el número de clientes, los movimientos habidos en el año…
El Instituto busca hacer rendir los recursos que le son confiados y obtiene un resultado positivo, al menos en los últimos años, un beneficio neto que ha sido de 36 millones de euros en 2020, de 18 millones en 2021 y de 29 millones en 2022. El beneficio se envía al Romano Pontífice para que lo use en el cumplimiento de su misión (es uno de los modos con los que se financia el funcionamiento de la Curia Romana).
Ciertamente, un impulso hacia la búsqueda de la transparencia lo ha dado también la asunción del euro como moneda vaticana, al principio mediante un acuerdo con Italia y, después de 10 años, con otro acuerdo directo con la Unión Europea. Estos acuerdos internacionales requieren una serie de prácticas y controles que han ayudado a acelerar la implantación de algunas praxis de transparencia en la gestión.
Mensuram Bonam establece los principios que han de seguir las inversiones según la DSI ¿Cuáles cree que son los puntos clave de estas directrices? ¿Resultan competitivas en el mercado hoy?
–Las inversiones éticas no solo son competitivas, sino que son expresamente buscadas y hechas públicas por muchas empresas que necesitan inversores.
Los principios ESG (Enviromental, Social, Governance) han sido adoptados por muchas entidades, tanto que un periódico italiano especializado en economía y finanzas ha “inventado” un índice de la bolsa de Milán para sus lectores con la empresas que se proclaman seguidoras de estos criterios: el índice se llama SOLE24ESG MORN.
El IOR, y las demás instituciones vaticanas, ha adoptado también estos principios y ha añadido una referencia a la doctrina social de la Iglesia, que refuerza el compromiso ético y da unos parámetros para valorarlo. Los principios que rigen la doctrina social de la Iglesia son la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la justicia social, la subsidiaridad, el cuidado de la casa común, la inclusión de los vulnerables y la ecología integral. El documento de la Academia de las Ciencias Sociales que usted ha citado desarrolla las implicaciones de estos principios en la gestión de las inversiones.
