A finales de octubre, la Sección de Derecho Canónico del Colegio de la Abogacía de Madrid, que presiden las juristas Monica Montero e Irene Briones, conmemoró su VI aniversario en una jornada que reunió a conocidos profesionales como los canonistas Carmen Peña o Rafael Navarro-Valls.
Asistieron también personalidades eclesiásticas como el nuncio Mons. Bernardito Auza, que bendijo la talla recién restaurada de la Virgen Inmaculada, Patrona de la Abogacía; el obispo auxiliar de Madrid, Mons. Jesús Vidal y el vicesecretario de asuntos generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López Segovia.
La ponencia correspondió al albaceteño Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid, y responsable del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española (CEE), quien habló sobre ‘La Iglesia y los menores’.
Omnes ha conversado con él sobre los abusos y estas oficinas, que han puesto en marcha procesos formativos que han llegado a más de 350.000 menores y a más de 125.000 adultos en dos años.
¿Puede sintetizar su tesis en el acto del Colegio de Abogados?
– Desde el año 2019, en que el Santo Padre pidió que la Iglesia respondiese a la lacra de los abusos con claridad y contundencia, se han creado más de 200 oficinas para recibir las quejas y denuncias de las víctimas de la Iglesia católica por abusos en España. Todas las diócesis y la mayoría de las congregaciones religiosas las tienen configuradas y se les ha dotado de personal y recursos. Dichas oficinas están recibiendo a las víctimas. Han impulsado la configuración de protocolos, que están todos en las páginas web de sus instituciones y publicados en la página www.paradarluz.com de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, están implicadas en el desarrollo de planes de prevención. También se han implicado en la configuración de entornos seguros y códigos de buenas prácticas.
Lo más importante es que es un trabajo conjunto tanto de la CONFER como de la Conferencia Episcopal Española, y estamos unidos en todo lo emprendido. Es una respuesta de la Iglesia en España en su totalidad.
Madrid ha acogido el VII encuentro de responsables y miembros de las oficinas de atención y prevención de abusos a menores en ámbitos eclesiásticos. ¿Se demuestra su utilidad? En Repara (Madrid) han atendido a unas 180 personas en 2023, 78 víctimas directas. ¿Y en otras oficinas?
– Sin duda es un encuentro de impulso y de apertura de campos de actuación en el ámbito del tratamiento, sanación y seguimiento de los menores abusados. Los encuentros han ido dando herramientas de trabajo para atender desde todos los espacios de la Iglesia la prevención y actuación en el abuso de menores. Esta vez la temática ha sido el abuso en la familia: deteccción y formas de tratamiento y reparación. Pero igualmente importante han sido los temas tratados en los Encuentros previos: los abusos de menores a menores, la pornografía en la salud de los menores, la actuación en ámbitos de colegios y centros públicos, la reparación, la formación de agentes de pastoral o la implicación jurídica y su actuación.
En cuanto a la labor de las oficinas, en los dos últimos años han atendido a unas 900 personas —no solo víctimas— que se han dirigido a ellas bien para solicitar información o formación, para realizar consultas o para ser atendidas. No todas las oficinas piden lo mismo ni necesitan lo mismo.
También es de señalar que la mayoría atiende exclusivamente casos de abusos a menores, mientras que otras oficinas atienden todo tipo de abusos, como es el caso de Repara Madrid. Además, las oficinas han puesto en marcha procesos formativos, que han llegado a más de 350.000 menores y a más de 125.000 adultos solo entre los años 2022 y 2023. Por tanto, parece evidente que se trata de un servicio muy útil y la mayoría de víctimas muestra su agradecimiento ante la escucha y la disposición a la sanación integral.
¿Atienden o acuden a estas oficinas también algunos victimarios, es decir, agresores abusadores?
– Los victimarios, normalmente, no suelen acudir a estos centros. La vivencia y el reconocimiento de los hechos les obliga a realizar un camino muy diferente al de la víctima, que cuando denuncia ya ha madurado y es capaz de verbalizar. La mayoría de victimarios se encuentran entre la negación y la aceptación. Algunos de ellos sí han realizado procesos de justicia restaurativa. Pero son los menos.
Han hablado del abuso en la familia. En diversos medios se critica con dureza a sacerdotes y religiosos, profesores de instituciones católicas, etc., por la falta de ejemplaridad. Pero apenas se mencionan agresores de ámbitos civiles, que son casi el 99,5 por ciento, según la Fiscalía. ¿Es correcto?
– Sí. Es correcto. Lamentablemente el mayor número de agresiones a menores se produce en el entorno familiar. Ciertamente esto no justifica ni uno solo de los abusos en la Iglesia. Ningún sacerdote, religioso o religiosa debería haber cometido ningún abuso. Hombres y mujeres de Dios no pueden pasar de hablar en nombre de Dios a ser perversos en nombre de Dios. Pero la sociedad no debería girar la cabeza y quedarse tranquila pensando que es un problema de la Iglesia católica, cuando es sólo una pequeña parte, y no ver la realidad tan dura que está en nuestro tejido social.
La impresión es que, en el entorno público, comienza a haber un rechazo general de los abusos en la sociedad, en relación a mujeres de modo especial. No sé si en relación a menores, todavía más vulnerables, existe la misma contundencia…
– El rechazo a todo tipo de abusos es cada vez más creciente en nuestro mundo y en la sociedad. La concientización sobre el tema y el hecho de su visibilización han obligado a que todos veamos como en un espejo. Creo que es necesario seguir insistiendo en esta realidad, dando mayor claridad y, a la vez, proponiendo un plan de formación que llegue a todo el tejido social.
Por otra parte, la demanda de educación en centros concertados en España sigue creciendo, por lo que los padres parecen aislar estos casos de abusos identificados, siendo muy graves cada uno de ellos.
– Es fácil responder a esto. Aunque se han conocido los abusos en centros educativos, muchos responden a épocas pasadas, y la sociedad y los padres han visto la reacción de los colegios y la apuesta tan firme por la prevención y detención de los abusos. Del mismo modo, se les informa de los programas de entorno seguro. Todos ellos son elementos que les hacen confiar, al ver que ante un problema se dan respuestas claras y contundentes.
¿Avanza el Plan de reparación integral a las menores víctimas de abusos sexuales en la CEE (PRIVA) y su Comisión Asesora? Tras el verano tuvo lugar la primera reunión, creo recordar, tras aprobarse antes por la Asamblea Plenaria.
– En efecto, la Comisión ya está creada y funcionando. Son muchos los pasos dados y ahora la Comisión Asesora está configurando el reglamento interno para poder atender ya en diciembre las primeras solicitudes. Este en un plan único, ya que tratará casos prescritos o cuyos victimarios han fallecido. El deber moral hacia las víctimas hace que se trate con rigor y con objetividad.