“En las cuestiones económicas, la Iglesia debe dar buen ejemplo”. En más de una ocasión el Papa Francisco ha explicado así por qué uno de los aspectos prioritarios de la reforma de la organización de la Curia Romana se refiere a la correcta gestión del patrimonio económico y financiero de la Santa Sede, sobre todo en esta época caracterizada por una fuerte crisis financiera y por una evidente degradación moral. Olvidarlo afectaría a la confianza de las personas, y obstaculizaría la misión misma de la Iglesia, que no puede prescindir de los recursos económicos para poder anunciar el Evangelio “hasta los confines del mundo”.
No es casualidad que una de las primeras comisiones instituidas a pocos meses de la elección de Francisco fuera precisamente la encargada de analizar la estructura económico-administrativa de la Santa Sede, llamada en italiano con el acrónimo COSEA. Compuesta en su casi totalidad por laicos y expertos de varios países, ha tenido la tarea –sirviéndose también de consultorías externas– de estudiar en profundidad los departamentos económicos del Vaticano y hacer propuestas para la racionalización de su actividad.
De esta comisión nacieron después una Secretaría para la Economía, hoy dirigida por el Cardenal George Pell, y un Consejo para la Economía, confiado al cardenal Reinhard Marx. Una de las “reformas” más evidentes que han resultado del nacimiento de estos dos organismos consiste, por ejemplo, en la elaboración por parte de cada uno de los organismos administrativos de la Santa Sede de un presupuesto y un balance económico anual, mecanismos que antes no eran obligatorios o al menos, en la mayor parte de los casos, no estaban previstos. Paralelamente se ha ido consolidando también la reorganización del sistema de gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), entre otras cosas con el fin de obtener el reconocimiento de organismos internacionales en lo relativo a la fiabilidad del mismo Instituto en el ámbito financiero.
En las últimas semanas se han añadido ulteriores piezas. El Consejo de nueve cardenales (C-9) que está ayudando al Santo Padre en el proceso de reforma, en la prevista reunión trimestral celebrada a comienzos de diciembre, ha dado su plácet, entre otras cuestiones –como la posibilidad de aplicar el principio de sinodalidad y una “saludable descentralización”, de las que habló el Papa Francisco al celebrar el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos en octubre; la creación del nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y del que se ocupará de justicia, paz y migraciones– a la constitución de un nuevo grupo de trabajo encargado de llevar a efecto “una reflexión sobre las perspectivas de futuro de la economía de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Ha sido el cardenal Pell quien ha ilustrado sus características, en su calidad de Prefecto de la Secretaría para la Economía, explicando que este nuevo organismo deberá en cierto sentido supervisar “la marcha y el control global de las salidas y las entradas”. Junto a la Secretaría para la Economía, está integrado por representantes de la Secretaría de Estado, el Governatorato, la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), la Congregación de Propaganda Fide –que tiene una gestión autónoma y se ocupa de todas las tierras de misión–,la Secretaría para la Comunicación y el IOR.
En las mismas horas, el Papa Francisco ha dado también mandato al Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, para instituir la Pontificia Comisión para las actividades del sector sanitario de las personas jurídicas públicas de la Iglesia, teniendo amplios poderes de intervención sobre hospitales, clínicas y sanatorios propiedad de la Santa Sede, de las diócesis y de las órdenes y congregaciones religiosas. La decisión de instituir este organismo es una respuesta a las “particulares dificultades” que vive la llamada sanidad católica, sobre las cuales el Papa ha “reunido las oportunas informaciones”. También en este caso, aunque no sólo, se dan razones de naturaleza económica, ligadas a una “gestión eficaz de las actividades y a una conservación de los bienes, manteniendo y promoviendo el carisma de los fundadores”. Contará como miembros con seis expertos en las disciplinas sanitarias, inmobiliarias, de gestión, económicas, administrativas y financieras. Esta intervención se ha hecho necesaria tanto para resolver situaciones actuales de crisis como para prevenirlas en el futuro. Siempre en el orden de aquel “buen ejemplo” que están llamadas a dar la Iglesia y todas sus instituciones.
