Las consecuencia sociales y económicas de la pandemia del Covid han sido devastadoras para muchas familias. Y mientras que la pandemia todavía no ha terminado, “seguimos sin tener perspectivas claras de hasta cuándo continuará lastrando la economía mundial, pues se ha sumado una nueva crisis, esta vez de tipo inflacionario, derivada principalmente de la guerra en Ucrania que, de nuevo, trae consigo graves repercusiones en los niveles de precariedad de las familias”, señala el informe, titulado “El coste de la vida y las estrategias familiares para abordarlo”.
Ahora, la sociedad se ve afectada por el encarecimiento del coste de la vida, “que representa un nuevo contratiempo para muchas empresas y hogares en nuestro país”. Lo ha subrayado la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, en la presentación del informe: “la situación afecta a toda la sociedad, pero tiene consecuencias más graves para las familias más vulnerables, para los sectores más débiles de la sociedad”.
Entre los datos del informe, sintetizados por Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa, se encuentran los siguientes: “tres de cada 10 diez familias en España se están viendo obligadas a recortar gastos esenciales de alimentación, ropa y calzado, y también de suministros, y “siete de cada 10 hogares con ingresos inferiores al 85 por ciento de su presupuesto han reducido su gasto en vestido y ropa”.
De los seis millones de hogares con graves dificultades, la mitad, es decir, “tres millones de familias, han recortado su presupuesto familiar en alimentación; una cuarta parte de ellos no puede llevar una dieta especial que se necesita por razones médicas; y el 18 por ciento de hogares con niños a cargo han dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo, lo que supone alrededor de medio millón de hogares con niños en España”. Además, “seis de cada 10 hogares han reducido el consumo de electricidad, gas, agua o calefacción, y un 22 por ciento han pedido ayudas para pagar estos suministros”.
Los recibos aumentan
El cúmulo de datos refleja el impacto de la espiral inflacionista a la que se ha referido Natalia Peiro, con base en el informe: “Desde hace varios meses, todos en España observan la tendencia: los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera. En junio, la inflación siguió acelerándose alcanzando máximos no vistos en 37 años y asciende al 10,2 %. Por su parte, la Comisión Europea estima que cerraremos el año 2022 con una inflación global del 8,1%. Además de la luz o el gas, la factura de la cesta de la compra sigue a su vez la misma tendencia. Y parece ser que llega para quedarse, pues según la OCDE la inflación en España seguirá en máximos al menos hasta 2024. Pero ¿quién tendrá que soportar tal inflación?”
Foessa considera que “los efectos se multiplicarán para las más de 576.000 familias sin ningún tipo de ingresos o para las 600.000 familias sin ingresos estables que dependen, exclusivamente, de una persona que trabaja a tiempo parcial o de forma intermitente a lo largo de todo el año. Para todas ellas ya no se trata solo de un contratiempo, sino de una seria situación de desborde”.
Hogares con más problemas
Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas (ingresos inferiores al 85 % del Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas, PRCVD), se encuentran, sobre todo, “entre los hogares que viven en alquiler, hogares con presencia de niños y niñas en el hogar y en edad de escolarización y/o estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables, y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar. Es crucial, además, considerar la brecha de género y el conjunto de dificultades añadidas que soportan los hogares encabezados por una sola persona adulta y con la responsabilidad exclusiva de los niños y niñas”.
Por otro lado, el hecho de tener ingresos estables y provenientes de un empleo fijo y de calidad, tener la vivienda en propiedad pagada, así como vivir solo o en pareja sin descendencia a cargo son claros factores de protección ante dificultades para cubrir sus necesidades básicas, indica el informe.
A quién recurrir
Según Foessa, el 73,6 % de los hogares con ingresos inferiores al 85 % de su PRCVD buscan la obtención de ingresos extras a través de una de las siguientes estrategias:
– Pedir ayuda económica a un amigo o familiar.
– Acudir a una ONG, parroquia o servicios sociales para solicitar ayudas económicas.
– Recurrir a los ahorros para cubrir los gastos.
– Verse obligado a vender su vehículo privado (coche o moto).
– Verse obligado a vender diversas pertenencias (joyas, electrodoméstico, etc.).
Políticas públicas
En cuanto a las políticas de las Administraciones públicas, el informe señala “la necesidad” de trabajar en estas direcciones [Nota: la numeración es de la redacción]:
1) Un sistema de garantía de ingresos mínimos desde los criterios de suficiencia para garantizar un nivel adecuado de modo que la alimentación, el vestido y otros elementos básicos tengan una cobertura asegurada, en condiciones de dignidad y de libertad de elección.
Este sistema debe reunir las condiciones mínimas de cobertura alcanzando a toda la población en situación de pobreza extrema sin excepciones, de accesibilidad y de no condicionalidad.
2) Garantizar un parque suficiente de vivienda social en alquiler y de viviendas de emergencia. Garantizar el acceso a la vivienda como parte de las necesidades básicas y, por tanto, condición para un nivel de vida adecuado.
3) Garantizar la gratuidad real de la educación obligatoria en todos sus elementos (material, comedor, actividades extraescolares, …), y la existencia de becas suficientes para la educación no obligatoria de modo que nadie quede discriminado por insuficiencia de rentas, incluyendo además a los jóvenes migrantes en situación irregular.
4) Considerar la relevancia del derecho al agua y la energía y el acceso a Internet como un elemento imprescindible para la igualdad de oportunidades.
5) Asegurar los tratamientos médicos necesarios, los accesorios sociosanitarios y los cuidados imprescindibles que garanticen el derecho a la salud física y mental.
6) Reforzar las inspecciones que eviten la explotación laboral de personas aprovechando su situación de precariedad y vulnerabilidad.
7) Proteger a las personas y familias que, por su origen migrante, su situación de dependencia o discapacidad, su composición familiar, su género, o cualquier otra cuestión, están en una situación de desventaja.
