Parece que hay una sentencia ya escrita para el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, detenido el pasado mes de agosto en el momento álgido de una serie de actividades que llevaron al gobierno nicaragüense presidido por Daniel Ortega a cerrar por la fuerza también diversas actividades de medios de comunicación de la Iglesia. Y parece que esta sentencia podría evitarse si el obispo Álvarez decidiera abandonar el país. Un autoexilio que supondría la tercera expulsión de un obispo de Nicaragua desde que Daniel Ortega está en el poder.
El año pasado, en efecto, el afectado fue el arzobispo Waldemar Sommertag, nuncio apostólico, que fue expulsado del país en marzo de 2022 en una decisión que la Santa Sede calificó en un comunicado de “inexplicable”. Inexplicable, pero no inesperada, teniendo en cuenta que en los meses anteriores Ortega ya había dado una señal diplomática fuerte. En efecto, el representante de la Santa Sede es siempre, por convención internacional, el decano del Cuerpo Diplomático acreditado en un país. Pero Ortega había decidido que no, que ya no habría decano, marginando de hecho al diplomático de la Santa Sede.
Antes aún, fue el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez quien fue llamado por el Papa Francisco a Roma en 2019, en una decisión repentina en medio de un recrudecimiento de la violencia.
Pero había un precedente aún más lejano: en 1986, Pablo Antonio Vega, obispo-prelado de Juigalpa y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, había sido exiliado de Nicaragua. La misma suerte había corrido ese año Monseñor Bismarck Carballo, que era portavoz del arzobispo de Managua.
Por tanto, existiría la posibilidad del autoexilio del obispo Álvarez. Que, en cambio, estaría dispuesto a enfrentarse a la cárcel antes que aceptar abandonar su patria. Una elección que, sin embargo, también podría crear problemas a la línea diplomática elegida por el Papa Francisco.
El Papa y Nicaragua
El Papa ha dedicado varios llamamientos a Nicaragua desde que estalló la crisis en 2018. Había una razón precisa. Al principio de la crisis, surgida a raíz de una reforma de las pensiones por parte del gobierno de Ortega, pero síntoma de descontentos más amplios de la población, parecía haber un espacio para que la Iglesia mediara en el llamado diálogo nacional.
Los obispos habían sido llamados como “mediadores y testigos”. Pero su papel se había vuelto imposible cuando se reanudaron los enfrentamientos entre las autoridades nicaragüenses y los manifestantes. La Iglesia, en junio de 2018, había suspendido su presencia en el llamado diálogo nacional. En respuesta, había sido señalada por el gobierno como fuerza pro-opositora, con una escalada que incluso había llevado a una agresión, el 9 de julio de 2018, contra el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, su auxiliar Báez y el nuncio Sommertag.
No obstante, el intento de la Santa Sede era todavía establecer un diálogo, creyendo que al menos una interlocución entre las partes sería útil. Con el tiempo, se desilusionaría.
El Papa Francisco cambió entonces su enfoque. Empezó a espaciar los llamamientos públicos, llamó a Roma al obispo Báez e intentó calmar los ánimos. El principio no era ir contra el gobierno, sino más bien encontrar formas de colaboración. El nuncio Sommertag también había tenido éxito en algunas situaciones, negociando incluso la liberación de algunos presos políticos.
La diplomacia práctica del Papa
Es la diplomacia práctica del Papa Francisco, aplicada también en otras situaciones, y a menudo precisamente en el continente latinoamericano. En Venezuela, por ejemplo, donde la participación en el diálogo se mantuvo sólo hasta que se sintió voluntad de involucrar a la Santa Sede, y donde la Santa Sede nunca se ha opuesto al presidente Nicolás Maduro; de hecho, ha habido un nuevo contacto durante la reciente visita a Caracas del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado.
Los llamamientos públicos se han distanciado, y Nicaragua ni siquiera ha sido mencionada en el mensaje de Navidad “Urbi et Orbi” del Papa Francisco. En esa ocasión, el Papa se limitó a pedir que Jesús inspire “a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano en el empeño para pacificar las tensiones políticas y sociales que afectan a varios países”. No hizo ninguna referencia directa, salvo la mención posterior al pueblo haitiano.
En definitiva, la última vez que el Papa habló públicamente de la situación en Nicaragua fue el 21 de agosto, tras la detención del obispo Álvarez.
El Papa había hecho otra referencia el 15 de septiembre, en la rueda de prensa del vuelo de regreso de Kazajistán. “Sobre Nicaragua”, dijo el Papa, “las noticias son claras, todas. Hay diálogo, en este momento hay diálogo. Se ha hablado con el gobierno, hay diálogo. Esto no significa que se apruebe todo lo que hace el gobierno o se desapruebe todo. No. Hay diálogo, y cuando hay diálogo es porque hay necesidad de resolver problemas. En este momento hay problemas. Al menos yo espero que vuelvan las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Estas mujeres son buenas revolucionarias, ¡pero del Evangelio! No hacen la guerra a nadie. Al contrario, todos necesitamos a estas mujeres. Pero esperemos que vuelvan y se resuelva. Pero continuar con el diálogo. Nunca, nunca detener el diálogo. Hay cosas que no se entienden. Poner a un nuncio en la frontera es algo grave diplomáticamente, y el nuncio es un buen tipo, que ahora ha sido nombrado en otro lugar. Estas cosas son difíciles de entender y también de tragar”.
Las señales de la Santa Sede
Si bien el Papa había mostrado así su disgusto por la destitución del nuncio, ha preferido no seguir con las protestas formales y con el muro contra muro. Diálogo, en efecto. Así, al arzobispo Sommertag se le ha asignado otra nunciatura, la de Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania, y sigue sin haber un nuevo “embajador del Papa” en Managua.
La decisión de trasladar al nuncio no es sólo una concesión a las presiones de Ortega. También es una manera de dar una señal. Porque al dejar vacante la nunciatura, que ahora dirige el encargado de negocios, se da una señal clara de que la Santa Sede no está legitimando, mediante el diálogo, las acciones del gobierno.
Es una protesta que tiene un fuerte lenguaje diplomático, y que indica que la Santa Sede no quiere de ninguna manera legitimar las acciones de Ortega. Pero la señal parece ser la de una rendición, y es comprensible.
Las acusaciones al obispo
Entre otras cosas, porque se encuentra con una situación difícil, que es la del obispo Álvarez. Fue detenido junto a otros 18 sacerdotes en el episcopado de Matagalpa el 19 de agosto de 2022. Desde entonces ha permanecido bajo arresto, y ahora está siendo juzgado por cargos de subversión y atentado contra los principios democráticos. Las noticias hablan de audiencias clandestinas, celebradas en secreto y sin posibilidad de que el obispo -que también es administrador de Estelí- designe a un abogado.
Por tanto, quedan dos alternativas: o el obispo cumple una dura condena por “conspiración criminal dirigida a lesionar la integridad nacional y difusión noticias falsas en perjuicio del Estado y de la sociedad”, o el obispo abandona el país, auto-exiliándose. Esta última solución permitiría a la presidencia de Ortega salir limpia del asunto, que ha provocado amplias protestas internacionales.
La detención de Álvarez fue la culminación de una serie de actividades contra la Iglesia y los derechos humanos en general. Entre las cosas a destacar: algunas misioneras de la Madre Teresa han sido expulsadas en cuestión de horas, acusadas de ayudar al terrorismo y de otras cosas; revistas, periódicos y canales de televisión de la Iglesia local han sido cerrados con órdenes administrativas; hay cientos de presos políticos y candidatos presidenciales en la cárcel.
La diplomacia pontificia
El Papa Francisco, sin embargo, ha decidido no acometer la situación de frente, sino más bien guiar a los obispos locales hacia un diálogo que también podría tener sus inconvenientes, pero que, sin embargo, mantiene vivo el contacto con la realidad local.
Ha habido contactos diplomáticos, incluso de alto nivel -en agosto de 2018, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, mantuvo una llamada telefónica con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Peter Pence, sobre la cuestión-, pero, en general, el Papa prefiere dejar la decisión en manos de las Iglesias locales, a las que acompaña la diplomacia papal y sobre las que solo se interviene en contadas ocasiones.
Es una política común, que también se aplica en Nicaragua. Queda por ver hasta qué punto tendrá éxito.
