Estas dos cuestiones han merecido sendas notas específicas – Una sobre la ley de educación y otra sobre la situación de desbordamiento de migrantes que viven las Islas canarias -en las que los prelados han puesto de manifiesto sus preocupaciones y propuestas.
Una Asamblea marcada por la pandemia
La pandemia de coronavirus ha dado lugar a la menos tradicional de las Plenarias celebradas hasta ahora: de los 72 obispos asistentes, sólo una treintena lo ha hecho de manera presencial y tras someterse, a inicios de semana, a un test de antígenos en el que, anecdóticamente, el último obispo en someterse dio positivo y se encuentra confinado aunque asintomático, como ha explicado en la rueda de prensa final el portavoz de la Conferencia Episcopal Española. De hecho, la intervención de apertura del Card. Omella, presidente de la CEE primera intervención como Presidente,“Renacer entre todos”, estuvo centrada en una reflexión sobre la situación actual marcada por el impacto de la COVID. En ella manifestó “nuestro pésame y esperanza” a los familiares de todos los fallecidos y la solidaridad y compromiso con los que están padeciendo las consecuencias de salud, económicas y sociales provocadas por esta pandemia.
Unas consecuencias que los obispos han podido abordar desde dos perspectivas: una centrada en el campo económico y social, con una ponencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, sobre las consecuencias del COVID 19 desde una perspectiva macroeconómica a la que ha complementado el trabajo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, presentado por Mons. Atilano Rodríguez Martínez fruto del diálogo realizado entre los organismos y departamentos de la Comisión con el fin de tener una información directa y precisa sobre la situación de las personas más vulnerables de la sociedad. «Queríamos poner rostro a este problema» ha subrayado Mons. Argüello.
Preocupación ante la ley Celaá
La puesta en marcha del proceso de aprobación de la LOMLOE o ley Celaá ha sido uno de los temas candentes en este encuentro de los obispos españoles que han volcado sus inquietudes en la nota Sobre la nueva ley de educación.
La situación en la que esta ley deja a la asignatura de Religión, y no sólo eso, sino la evidente cercenación de las libertades y derechos de los padres, la pérdida de empleos y el total control de la educación por parte del Estado son algunas de las principales preocupaciones mostradas por los participantes en la Asamblea.
Todo ello unido al rechazo del diálogo por parte del Estado en el proceso de elaboración de un texto legislativo que los obispos esperan que pueda cambiar, al menos en sus puntos más polémicos, a lo largo del proceso de aprobación.
La crisis migratoria
La rueda de prensa final ha servido también para dar a conocer la Nota Ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias que tiene su base en el comunicado emitido por las diócesis de esta zona ante el descontrol de la llegada de inmigrantes a las costas canarias y la inhumana situación en la que se encuentran la mayor parte de ellos, una vez llegados a tierra española. En este sentido, los obispos han recordado la necesidad de que los países trabajen para «buscar el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y asistencia a los migrantes» y han alentado a las comunidades cristianas a «ofrecer un singular testimonio de fraternidad y ciudadanía en la acogida, cuidado y promoción de los que llegan y en la acción moral y política contra las causas de tanto sufrimiento».
El tema financiero
De entre los temas tratados, la economía jugaba también un papel clave en esta Asamblea ya que, de manera ordinaria, en la Plenaria de otoño se se aprueban los balances y liquidación presupuestaria del año 2019, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen para el año 2021.
Tampoco ha habido sorpresas en los nombramientos del área económica donde Fernando Giménez Barriocanal ha sido renovado en el cargo de vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para los próximos cinco años.
