La investigación tendrá “toda la amplitud necesaria para clarificar los casos acontecidos en el pasado como para incorporar los más altos niveles de responsabilidad que impidan la repetición de estos casos en el futuro”, esta ha sido la afirmación de Mons. Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española en una nutrida rueda de prensa en la que se ha presentado la auditoria que el despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo ha iniciado con el fin de conocer, esclarecer y reparar a las victimas de abusos sexuales en la Iglesia.
La CEE, ha destacado su presidente “quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, ante las autoridades y la sociedad estableciendo un nuevo vehículo que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que vuelvan a ocurrir”.
“Es un servicio a la sociedad, especialmente a las víctimas y para clarificar unos episodios que deben ser superados”, ha querido añadir Javier Cremades que asume esta tarea consciente de la “delicadeza y excepcionalidad del asunto”. De hecho, el propio Cremades ha querido apuntar que esta concepción de servicio a la sociedad ha llevado a la decisión de no cobrar esta auditoría a la Conferencia Episcopal salvo gastos a terceros.
Complementar a la investigación del Gobierno no suplantarla
Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Española como Javier Cremades han insistido en que, con esta investigación se abre una nueva etapa en la gestión de los abusos a menores por parte de la Iglesia española.
“La CEE quiere dar un paso en su obligación de transparencia social de ayudar y reparación de la víctimas y colaboración con las autoridades” ha señalado Mons. Omella que ha querido destacar que “el objetivo de esta auditoría es la reparación de las víctimas estableciéndose nuevos cauces de colaboración y ayuda adicionales a los que ya existen y, en segundo lugar, crear un puente que facilite el trabajo de las autoridades estableciendo un cauce de colaboración estrecho y eficiente; indistintamente de los medios de los que se doten las autoridades para sus investigaciones”.
En la misma línea se ha expresado Cremades al destacar que esta investigación encargada por los obispos españoles no viene a “suplir a las autoridades sino a complementarlas y ayudarles a que cumplan su función”. De hecho, el propio Javier Cremades ha apuntado que, al recibir este encargo de la CEE él mismo informó al parlamentario Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo y uno de los miembros que se incluirá en la comisión que quiere formar el gobierno español para investigar estos casos de abusos pero sólo en la Iglesia católica.
Una metodología «española» con influencia alemana
Para el despacho, con más de 25 años de trayectoria profesional, esta investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia española se trata del “asunto más complejo que hemos afrontado hasta la fecha”, según las palabras de Javier Cremades, socio del bufete.
Para la ejecución de esta auditoría se “han estudiado los modos de trabajo llevados a cabo en países como Francia, Alemania o Irlanda, Australia”. El trabajo llevado a cabo en la diócesis de Munich por el bufete de abogados muniqués Westpfahl, Spilker, Wastl ofrece, a juicio de Cremades “referencias muy interesantes” por lo que dos miembros este bufete, Ulrich Wastl y Martin Pusch, formarán parte de esta investigación aportando, en reuniones mensuales, su metodología y puntos de vista.
Sin embargo, Cremades – Calvo Sotelo creará un «modelo español», propio, que incorpore los puntos útiles de los ya estudiados y al mismo tiempo subsane las deficiencias metodológicas que hayan podido tener algunos de estos estudios.
Asimismo, la auditoría contará con el trabajo de las oficinas de las diócesis españolas que, desde hace más de un año, trabajan y acompañan a las víctimas de abusos en todo el país. Un trabajo que será también analizado y mejorado en la medida que lo requiera. También la CONFER colaborará en esta auditoría.
18 personas asumirán, en principio, esta auditoría en un equipo que se prevé que pueda ir creciendo y para el que ya trabajan, entre otros, juristas de la talla de Encarnación Roca, antigua vicepresidenta del Tribunal Constitucional y miembro del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Montalvo, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Juan Saavedra expresidente de la sala II del Tribunal Supremo, Vicente Conde Martín de Hijas, también antiguo magistrado del Tribunal Supremo o Santiago Calvo Sotelo, socio del bufete.
Con el tiempo, y teniendo en cuenta el proceso y necesidades de las víctimas y asociaciones de víctimas, como ha señalado Javier Cremades, el equipo podrá ampliarse con personas del ámbito de la “cultura, la sociedad, la psiquiatría o la psicología”.
«Necesitamos la información de todos»
La duración prevista de la auditoría, que comenzó hace unos días su trabajo, está establecida en un año de duración. Un tiempo razonable, según el jurista “para tener una imagen fiel de lo sucedido”.
La “amplitud necesaria” pedida por la Conferencia Episcopal apunta a que no habrá límite de fechas para los casos que se investiguen, a pesar de su prescripción civil.
En esta línea, Cremades ha hecho un llamamiento a la sociedad “necesitamos la información de todos”, ha destacado, “en primer lugar de los afectados, las víctimas, sus asociaciones, de los medios de comunicación que han hecho un trabajo en este sentido y que tienen listas. Por supuesto, de las oficinas y la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y las autoridades”.
El bufete ha creado una dirección de correo específica para este asunto [email protected] con el fin de recibir las denuncias de particulares y asociaciones y comenzar el contacto con ellas.
La nueva etapa de la gestión de los abusos en la Iglesia española ha comenzado con esta investigación que, como ha querido apuntar también el presidente de la Conferencia Episcopal, se realizará en paralelo al que ya hace la Iglesia en este campo y con el que, en palabras de Mons. Omella “queremos esclarecer los hechos, trasladar a la sociedad lo que se hace y lo que debemos mejorar”.
Servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas
Asimismo se ha hecho público, coincidiendo con la presentación de esta investigación el nuevo Servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas creado por la Conferencia Episcopal Española. Este nuevo servicio nace con el objetivo de servir de apoyo y referencia a estas oficinas en su trabajo y estará formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en la Oficina de la diócesis de Vic; Mª José Diez, responsable de la Oficina de Astorga; el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota; y Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER.