Reiterando su dolor y la petición de perdón por el “daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales”, ha comenzado el presidente de los obispos españoles, Juan Jose Omella la nutrida rueda de prensa en la que daban a conocer los puntos trabajados por los prelados españoles en la que ha sido la cuarta Asamblea Plenaria extraordinaria de la historia de la Conferencia Episcopal Española y que se centró, casi exclusivamente en el tema de los abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia en España.
Un tema con dos vertientes de trabajo: por un lado, los obispos comentaron el informe del Defensor del Pueblo, del que han valorado, según sus propias palabras “el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro”.
Los obispos han querido destacar además algunas de las recomendaciones propuestas en este informe, especialmente en lo que se refiere a la atención y acompañamiento de las víctimas y la reparación integral. En este punto, los obispos han encargado al Servicio de Protección de Menores de la CEE un itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación para prevenir estos hechos.
Una reparación que incluye la reparación económica. En relación al posible establecimiento de un fondo para asumir las indemnizaciones a las victimas de abuso, el secretario general de los obispos ha destacado que la Iglesia está a favor de una “reparación integral de todas las víctimas de todos los ámbitos” y que ese fondo debe estar participado por todos los ámbitos afectados.
Tanto García Magán como Omella han subrayado, repetidamente, que la “reparación a las víctimas no es sólo económica sino mucho más amplia”, destacando especialmente el valor del acompañamiento
Sin consenso en la cifra de víctimas de abusos
El número de víctimas de abuso sexual en la Iglesia en España no está especialmente claro. En mayo de 2023, los propios obispos españoles, en su informe Para Dar luz hablaba de 927 víctimas que habían contactado con alguna de las oficinas diocesanas o de las congregaciones religiosas erigidas para este fin. El informe del Defensor del Pueblo recoge, por su parte, 487 testimonios de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica.
El problema de este informe radica en la encuesta que recoge, realizada por GAD 3 y que, en palabras del Informe quería ser un “estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años, en población adulta residente en España”. Esta encuesta se realizó con una muestra de 8.013 entrevistas, de las cuales 4.802 se realizaron por teléfono y 3.211 online. Esta encuesta recogía que “el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13 % de las personas adultas. El porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es inferior, un 0,6 %, cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. Algunos medios, realizando una extrapolación de los datos de la encuesta con la población española, hablaron, estos días de más de 400.000 menores víctimas de abuso sexual en ámbito religioso en España.
Una estimación que “no corresponde a la verdad” como ha señalado mons. César García Magán que ha destacado, reiteradamente, la lucha de la Iglesia contra esta lacra social. Aún así, y preguntados los obispos por este “baile de cifras”, tanto el Secretario general de la CEE como el Presidente de los obispos españoles no han querido dar una cifra cerradas.
Los obispos han subrayado que el problema del abuso sexual no es cuantitativo, sino cualitativo, en palabras de Omella “las cifras, al final ,no nos llevan a ninguna parte y lo que hay que atender son las personas: escucharlas, acompañarlas y reparar”.
La «auditoría Cremades»
El otro gran tema de la Asamblea Plenaria extraordinaria del 30 de octubre era la situación en la que se encontraba la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al bufete de abogados Cremades – Sotelo. Hay que recordar que, cuando se realizó este encargo, en febrero de 2022, el propio Omella destacaba que la investigación tendría “toda la amplitud necesaria para clarificar los casos acontecidos en el pasado como para incorporar los más altos niveles de responsabilidad que impidan la repetición de estos casos en el futuro”.
La auditoría, en la que han participado más de dos decenas de profesionales de distintos ámbitos y sensibilidades, tenía una duración prevista de un año, un marco de tiempo que, en palabras de Cremades, permitiría “tener una imagen fiel de lo sucedido”.
Sin embargo, el desarrollo de esta investigación se ha revelado mucho más complejo de lo que, tanto la CEE como el propio bufete esperaban. El primer “retraso” llevó a la idea de presentar esta auditoría a inicios del verano de 2023; algunos rumores situaron, una vez pasada esta fecha, el mes de octubre como el momento de conocer los resultados de esta encomienda. No ha sido así y el pasado 11 de octubre la CEE “recordaba al bufete Cremades-Calvo Sotelo su compromiso”. Ante esta circunstancia, Javier Cremades estuvo presente en la Asamblea plenaria extraordinaria para exponer los motivos de este retraso.
La diferencia de asistencias presencial y online y en “cansancio” apuntado por el presidente de la CEE parece ser la causa de que los obispos hayan pospuesto hasta la Plenaria del próximo noviembre su decisión sobre este trabajo que, a día de hoy “sigue vivo” en palabras de García Magán.
El portavoz de la CEE quiso aclarar que “los obispos no han recibido ningún informe previo de Cremades” si bien “las reuniones han sido casi mensuales y han sido informados de los avances de los trabajos”.
Será pues, en noviembre, cuando se conozca cómo y de que modo se presentarán los resultados del trabajo realizado por el equipo de Cremades para la Conferencia Episcopal Española.
Una lacra social
Si algo deja claro tanto el informe del Defensor del Pueblo, como otros estudios que abordan la problemática del abuso sexual es la magnitud social de un problema del que la Iglesia, evidentemente, no queda impune.
El propio informe del Defensor del Pueblo apunta a que un 11,7 % de las personas entrevistadas (8.013) afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia. De esto ataques, la mayor parte, se produjo en el ámbito familiar (34,1 %), seguida de la vía pública (17,7 %), ámbito educativo no religioso (9,6 %), ámbito social no familiar (9,5 %), laboral (7,5 %), internet (7,3 %), ámbito educativo religioso (5,9 %), ámbito religioso (4,6 %), ocio (4 %), deportivo (3 %) y sanitario (2,6 %), entre otros señalados en un número menor de casos. En relación con el total de la muestra (incluidos los informantes que no sufrieron ningún abuso), un 0,6 % de personas fueron víctimas de abuso sexual en un ámbito educativo religioso y un 0,5 % en un ámbito religioso.
Los datos demuestran el problema social de los abusos y la necesidad, por tanto, de poner el mismo empeño en la investigación y depuración de responsabilidades en otros ámbitos al igual que, desde instancias píublicas se ha hecho con la Iglesia.
Por su parte, ante esta realidad, “la Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración”, señalan los obispos en la nota.
