El Observatorio contra la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC) es una organización miembro de la Plataforma de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se encarga de investigar casos de intolerancia y discriminación hacia los cristianos en Europa y garantizar la libertad religiosa y de expresión. En Omnes hemos entrevistado a Anja Hoffmann, directora ejecutiva de OIDAC.
En términos generales, ¿cuál es la situación actual con respecto a la intolerancia hacia los cristianos en Europa?
Desde la fundación del Observatorio contra la Intolerancia y la Discriminación hace más de una década, los casos de delitos de odio y discriminación hacia los cristianos han aumentado lamentablemente de forma significativa. Por un lado, han aumentado los ataques contra iglesias, con incendios provocados que aumentaron en más del 40% entre 2021 y 2022, según nuestra investigación.
Por otro lado, muchos cristianos, especialmente aquellos que se adhieren a las creencias morales cristianas tradicionales, están experimentando una creciente presión a la hora de expresar su visión del mundo en la esfera pública o en sus lugares de trabajo. Las comadronas o los médicos que se oponen a participar en abortos por motivos de conciencia se ven amenazados con perder su trabajo, ya que muchos Estados, entre ellos España, restringen la objeción de conciencia en su legislación médica. Los profesores que expresan su creencia en que los seres humanos fueron creados como hombre y mujer, y por tanto se oponen a dirigirse a los alumnos con “pronombres alternativos”, han sido suspendidos de sus centros escolares. Y algunos cristianos en Europa han sido incluso procesados por expresar opiniones religiosas, incluidas las escrituras bíblicas, o detenidos por la policía por rezar en silencio en las llamadas “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas abortistas.
Teniendo en cuenta estas restricciones, ¿podemos decir que la libertad de expresión sigue estando protegida en Europa?
El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la legislación internacional y europea de derechos humanos y tiene rango constitucional en la mayoría de los países. En virtud de la legislación sobre derechos humanos, los Estados están obligados a proteger incluso “las ideas impopulares, incluidas las que puedan ofender o escandalizar”, y deben cumplir un listón muy alto a la hora de imponer limitaciones a la libertad de expresión.
A pesar del alto nivel de protección de que goza la libertad de expresión en Europa, observamos una problemática tendencia a restringir la libertad de expresión, incluida la religiosa. En un intento de combatir la incitación al odio, algunos gobiernos han introducido leyes extremadamente amplias sobre la “incitación al odio”. Sin embargo, criminalizar el discurso en lugar de las acciones tiene un efecto perjudicial en el discurso democrático público. Es más, a menudo no está claro qué discurso equivale a “odio” y, por tanto, será perseguido. Esto, a su vez, genera inseguridad sobre lo que se puede decir y, por tanto, da lugar a un alto nivel de autocensura. En el Reino Unido y Alemania, recientes sondeos de opinión han demostrado que la mitad de la población no se atreve a decir lo que piensa en público por miedo a consecuencias negativas.
¿Pueden las leyes contra el “discurso de odio” conducir a la criminalización de las personas que no piensan como la corriente dominante?
Por desgracia, vemos ejemplos de cristianos criminalizados por expresar sus creencias. Esto afecta especialmente a los cristianos (o no cristianos) que expresan creencias tradicionales sobre cuestiones morales.
En el Reino Unido, varios predicadores fueron multados o incluso detenidos por la policía por leer la Biblia en público, después de que los transeúntes denunciaran que se sentían “angustiados”, lo que constituye un delito penal según la Ley de Orden Público del Reino Unido. En España, los medios de comunicación informaron el pasado mes de marzo de que el padre Custodio Ballester recibió una citación de un tribunal provincial para responder a los cargos de un presunto “delito de odio” tras criticar el islam en una carta pastoral. En Finlandia, la exministra y actual diputada, Pävi Räsänen, está siendo juzgada en el Tribunal Supremo por presunta “incitación al odio” tras un tuit bíblico con el que había criticado que su iglesia patrocinara el orgullo de Helsinki. En Malta, Matthew Grech, joven cristiano y antiguo activista LGBTIQ, fue detenido tras compartir en una entrevista televisiva su experiencia personal como homosexual y cómo el cristianismo había cambiado su vida. Fue denunciado a la policía, acusado de infringir la “Ley de Afirmación de la Orientación Sexual, la Identidad de Género y la Expresión de Género” y se enfrenta a un juicio, con una posible condena de cinco meses de cárcel si es declarado culpable.
La lista continúa, pero el denominador común es que todas estas leyes son extremadamente amplias y hacen vulnerables a los cristianos que expresan sus creencias sobre cuestiones morales.
¿Hacen algo los gobiernos para proteger la libertad religiosa en sus países?
La mayoría de los gobiernos de Europa piensan en las cuestiones de libertad religiosa únicamente a escala mundial. Incluso el enviado especial para la Libertad Religiosa de la UE sólo se ocupa de la persecución religiosa fuera de la UE.
Además, debido al escaso conocimiento religioso de los periodistas, los medios de comunicación informan poco sobre las restricciones a la libertad religiosa en Europa. Esto conduce a una falta de sensibilidad de nuestros gobiernos sobre los abusos internos a la libertad religiosa y contribuye a políticas que erosionan la libertad religiosa en nombre de la protección de otros intereses humanos.
¿Ha afectado la guerra en Ucrania a la libertad religiosa?
Desde la invasión de Ucrania por Rusia, han aumentado los delitos de odio contra los cristianos y las restricciones a la libertad religiosa. Sin embargo, estas cuestiones son complejas, ya que están entrelazadas con otros elementos como la política y el origen étnico. En febrero de 2023, unos 297 edificios cristianos habían sido destruidos durante la guerra y, en octubre de 2023, 124 de los 295 sitios culturales de la UNESCO dañados eran edificios religiosos. Todas estas cifras indican un ataque desproporcionado contra las iglesias.
Los líderes cristianos que se pronunciaron en contra de la guerra también fueron objeto de ataques específicos. Recientemente, el arzobispo Viktor Pivovarov, de la Iglesia Tikhonita Rusa de la Santa Intercesión, fue amenazado, procesado, multado y encarcelado por unos sermones en los que criticaba la guerra. Durante la investigación, las fuerzas rusas también intentaron demoler su iglesia, por considerarla un lugar público donde se cometían crímenes contra el Estado.