“Sólo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y de los supervivientes, la Iglesia podrá encontrar el camino para volver a ser vista con confianza como un lugar de acogida y de seguridad para los necesitados”. Con estas palabras se dirigía el Papa Francisco a los participantes en el encuentro Nuestra misión común de proteger a los niños de Dios, organizado en septiembre de 2021 por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y las conferencias episcopales de Europa Central y Oriental.
En efecto, la terrible realidad de los abusos sexuales a menores y personas vulnerables por parte de personas consagradas, sacerdotes o en entornos de la Iglesia, supone una de las heridas más graves del cuerpo místico de Cristo.
“Un sólo caso de abuso ya es demasiado”, como han repetido en sus últimos mensajes algunos obispos y representantes de la Iglesia en España. Uno sólo, un “simple caso” no es “simple” ni es “caso”. En cada abuso hay víctimas, personas con una vida y una confianza destrozada, y victimarios. En el ámbito de los abusos cometidos por personas de especial consagración en la Iglesia, no sólo es parte de la Iglesia el victimario sino también la víctima. Cada abusado es también hijo de Dios y parte de la Iglesia y como tal, ella resulta doblemente herida. La Iglesia católica ha sido vapuleada en lo más hondo de su corazón por estas conductas que la deforman y la hieren profundamente. La sanación y reparación por estos delitos será, en consecuencia, dolorosa, larga y compartida por toda la Iglesia. La herida social
Aunque la lupa social y mediática sobre estas acciones delictivas se ha colocado casi exclusivamente en el ámbito eclesiástico, especialmente el católico, los datos generales relativos al abuso sexual de menores ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema general de la sociedad, que presenta, asimismo, una escalofriante incidencia en el ámbito más cercano, el familiar, de los menores vulnerables.
Así lo corroboran, por ejemplo, los datos recogidos por el último estudio de la Fundación ANAR en España, dedicada a la atención de menores en riesgo, en el que se han analizado más de 6.000 casos entre los años 2008 y 2019.
Las conclusiones de este estudio ponen de manifiesto que el 49,2 %, de los abusos a menores son cometidos en el ámbito familiar cercano: padres y madres, padrastros y madrastras. El mismo estudio recoge el porcentaje de estos abusos cometidos por sacerdotes o religiosos, que representan un 0,2 % del total, es decir, una decena de casos de los que han llegado a conocimiento de la Fundación.
Este porcentaje no elude la gran responsabilidad de cualquier abusador, especialmente si hablamos de quien debería, con su vida, mostrar a Cristo, pero manifiesta la clave de este tema: estamos ante un problema social, dolorosamente extendido y, en su mayor parte, invisibilizado.
Una realidad que no podemos abordar ni reduciendo su importancia por ser pequeños los porcentajes ni extrapolando datos o haciendo “suposiciones” que traicionen a las víctimas reales: los menores o personas vulnerables de los que se ha abusado.
La sensibilización social ante estos hechos ha puesto sobre la mesa la terrible y extendida realidad de estas conductas, así como la necesidad de abordar, en primer lugar, una adecuada formación de la afectividad y la corporalidad que pueda ser reforzada por mecanismos de prevención que se puedan poner en práctica en los diferentes ámbitos: familiar, escolar, deportivo o eclesiástico.
De hecho, no sólo la Iglesia católica se ha visto sacudida por estos delitos. Tras las denuncias de abusos terribles en clubes deportivos de Haití o Afganistán, la FIFA se comprometió a crear una red de investigación mundial destinada a abordar los abusos sexuales en todos los deportes (que aún no se ha constituido formalmente), mientras que otras confesiones religiosas también se encuentran en este proceso de investigación, prevención y reparación tras conocerse casos como los publicados en la investigación Abuse of Faith llevada a cabo por el Houston Chronicle en comunidades baptistas.
La Iglesia ante los abusos
El “terremoto” provocado por el conocimiento de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia católica comenzó hace más de dos décadas.
Las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, así como el conocimiento de los abusos perpetrados por eclesiásticos en Irlanda o casos como el del sacerdote Marcial Maciel, pusieron sobre la mesa una dolorosa realidad que, desde entonces, la Iglesia no sólo ha tratado de repararar sino de prevenir dentro y fuera de los ámbitos eclesiales.
Juan Pablo II y, especialmente, Benedicto XVI, serían claves en la toma de conciencia y necesidad de reparación por estos delitos en toda la Iglesia.
En 2001, el Papa san Juan Pablo II promulgó el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, por el que se establecían determinados delitos que por su gravedad debían ser enjuiciados a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe; entre ellos se destacaba el abuso sexual a menores por parte de clérigos.
El propio Benedicto XVI, en la carta dirigida a la Iglesia de Irlanda, conocidos los terribles abusos perpetrados en ese país por parte de miembros de la Iglesia, no dejaba lugar a dudas acerca de la tarea dolorosa y larga de reparación, perdón y sanación que toda la Iglesia habría de abordar: “Habéis traicionado la confianza depositada en vosotros por jóvenes inocentes y por sus padres. Debéis responder de ello ante Dios todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos”.
Benedicto XVI actualizaría las Normas sobre los delitos más graves reservados a Congregación para la Doctrina de la Fe de su antecesor, ampliando la responsabilidad penal en relación a los delitos de abuso sexual a menores.
El encuentro La protección de los menores en la Iglesia celebrado en el Vaticano en febrero de 2019 llevó a reconocer “una vez más, que la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y sociedades. Solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba”, como señaló el Papa Francisco en su discurso final.
En ese mismo encuentro, el pontífice señaló la necesidad de petición de perdón y reparación por parte de toda la Iglesia: “Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. En la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso”.
Uno de los pasos más importantes en esta lucha sería la publicación del Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi, que actualiza la legislación eclesiástica relativa a estos delitos y los procedimientos legales y dictamina la creación, en toda la Iglesia, de organismos de prevención, reparación y asistencia a las víctimas, como se había establecido con anterioridad para la Santa Sede.
Asimismo, en julio de 2020, se hizo público un Vademecum sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos, enjuiciados por la Congregación de Doctrina de la Fe. Un documento que ha sido, desde entonces, un instrumento clave en lo referente a la protección de la víctima, el proceso de investigación de un posible abuso y las medidas y procedimientos penales a seguir.
La actualización del libro VI del Código de Derecho Canónico amplió las categorías que se determinaban para estos delitos de abuso, incluyendo como posibles víctimas a otros sujetos que en el derecho de la Iglesia tienen similar protección jurídica a la de los menores y las conductas de abuso de menores realizadas por religiosos no clérigos, o por laicos que desempeñan alguna función u oficio en el ámbito eclesiástico.
A esto se suma la reciente actualización de las Normas sobre los delitos más graves reservados a Congregación para la Doctrina de la Fe, que se centran en cuestiones procedimentales, de manera que estén en consonancia con los últimos cambios que el Romano Pontífice ha hecho en materia penal, facilitando los procedimientos legales en estos casos.
Junto a las normas generales, las Iglesias locales han incorporado, en un tiempo breve, las indicaciones de la Santa Sede y han creado las llamadas oficinas de atención a las víctimas y emitido a su vez diversas normas de procedimiento, tanto penal como de actuación, para evitar la repetición de estos casos.
Las investigaciones de la Iglesia
Diversas Iglesias locales han impulsado o encargado investigaciones independientes para conocer las cifras de los afectados por los abusos sexuales en la Iglesia, sus necesidades y demandas.
En Alemania, la diócesis de Colonia encargó a la firma de abogados Gercke un estudio con el fin de estudiar la actuación eclesiástica en los casos de abusos sexuales mientras que el bufete de abogados Westpfahl Spilker Wastl presentó un informe con datos relativos a la diócesis de Munich de 1945 a 2019 en el que concluye que 497 personas habrían sido víctimas de abusos sexuales cometidos por 235 personas en este intervalo de tiempo.
También la Iglesia portuguesa impulsará una comisión independiente con el objetivo de investigar los posibles casos de abuso en el país y, por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha encargado recientemente al despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo una auditoría independiente y profesional sobre estos casos en España.
La apuesta por la investigación y la aclaración de los hechos en la Iglesia supone la apertura de una etapa de transparencia y reparación; si bien la metodología de algunos de estos informes ha presentado deficiencias graves, como el relativo a la Iglesia francesa que, a partir de una encuesta a través de internet a 24.000 personas, de las que 171 afirmaron haber sido sido maltratadas por eclesiásticos, realizó una cuestionable extrapolación a 330.000 afectados (supuestos y no contrastados) al extenderlo a la totalidad de la población adulta nacional francesa.
A pesar de que “se ha llegado tarde en el caso de los abusos” como han reconocido destacados miembros de la Iglesia, la celeridad con la que muchas realidades eclesiales, conferencias episcopales y diócesis han puesto en marcha los mecanismos de prevención, investigaciones y oficinas de denuncia pertinentes han sido modelo para muchas otras instituciones civiles.
Toda la sociedad debe dar un paso al frente para no diluir la responsabilidad personal ante esta realidad para que todas las víctimas, independientemente de su abusador sean igualmente escuchadas, restauradas y atendidas.
