Cáritas ha atendido a más de medio millón de nuevas personas este año"Gracias a Cáritas no sólo tengo una vivienda, sino una familia"Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española y directora ejecutiva de FOESSA y Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, han presentado “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España”, un amplísimo y documentado estudio sobre la crisis provocada por la pandemia.
La investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social, ha estado coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero.
Como ha destacado Natalia Peiro la pandemia “ha profundizado aún más la brecha de desigualdad que se arrastraba desde la crisis de 2008, llevando a más de 6 millones de personas a una situación de riesgo de exclusión severa en España. Los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”. En este sentido, el informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
En 2020, Cáritas atendió a un millón y medio de personas, 366.000 más que en 2019.
Peiro ha destacado que la presentación de este informe pone de manifiesto que llevamos “décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias. Una estructura social y económica que genera desigualdad, donde quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar”.
Asimismo, la secretaria general de Cáritas española ha resaltado la exactitud de este estudio, que cuenta con un mínimo margen de error y que se realiza “desde los ojos de los afectados” con el fin de conocer la realidad para poder abordarla con medidas eficaces
Precariedad laboral
Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, ha sido el encargado de mostrar los principales resultados de este estudio de más de 700 páginas.
Como ha querido destacar Flores, una de las principales consecuencias de esta crisis ha sido el aumento de la precariedad laboral que se ha duplicado, en este tiempo alcanzado a casi 2 millones de hogares en los que todos sus miembros en edad activas están en paro.
En la línea de la cronificación de la situación de vulnerabilidad apuntada por Natalia Peiro, Raúl Flores ha señalado cómo, en este ámbito, los más afectados han sido quienes ya se encontraban en una situación de precariedad laboral, con contratos temporales o de media jornada y que no han podido acogerse a los ERTE de las empresas.
Las nuevas brechas de exclusión social
En informe habla de un nuevo factor de exclusión social que ha puesto de manifiesto esta pandemia: la desconexión digital. Esto es, la falta de acceso a internet en 1,8 millones de hogares lo que supone un factor añadido de dificultad para más de 800.000 familias que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales como la falta de conexión, la falta de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.
Las mujeres sufren, de manera especial las consecuencias de la crisis.La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%). En este sentido, Raul Flores ha querido destacar que “las diferencias de género han permanecido ausentes del debate político y mediático en estos meses, algo que remite a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces”.
Los jóvenes, en la cuerda floja… otra vez
Ser joven es otro de los factores de exclusión que la pandemia ha puesto de manifiesto. El propio Raúl Flores ha señalado que en el caso de los jóvenes “han vivido dos grandes crisis en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”. Esto conlleva que, en 2021 más de 650.000 personas de entre 16 y 34 se sumaran a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa lo que supone 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018.
La población migrante ha sido otro de los núcleos afectados especialmente en la pandemia. El estudio pone de manifiesto cómo la población inmigrante ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Como destaca Flores “las causas son evidentes: peores condiciones de vida, viviendas peor ventiladas y más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas tanto en los hogares como en los empleos”.
Más allá de la renta y el trabajo: las relaciones personales
Otro de los ámbitos afectados por esta pandemia ha sido el de las relaciones personales y familiares. Más de tres de cada diez familias considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales y ha disminuido, significativamente, el porcentaje de personas que han ayudado o ayudan a otras personas y, en menor medida, también el de personas que han tenido o tienen alguna persona que pueda ayudarle. Este debilitamiento de los vínculos externos al hogar sigue siendo más acusado en los hogares en exclusión severa y en hogares monoparentales encabezados por mujeres.
Retos y propuestas
La crisis de la Covid-19 está dejando una profunda huella que incide en los lastres de la Gran Recesión de 2008-2013 que no fueron plenamente resueltos en el siguiente periodo de recuperación.
Frente a situación, el informe Foessa y Caritas Española consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas:
1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.
4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
