En su última sesión, celebrada el pasado fin de semana, el “Comité sinodal” alemán ha aprobado la creación de una “Conferencia sinodal”. Desde sus inicios, el “Camino sinodal” alemán ha buscado crear un órgano permanente de deliberación y decisión conjunta entre obispos y laicos. Tras la prohibición explícita del Vaticano de erigir un “Consejo sinodal” —figura inexistente en el derecho canónico, como recordaron dos cartas de la Santa Sede del 16 de enero de 2023 y del 16 de febrero de 2024— los promotores han modificado el nombre; pero el objetivo sigue siendo el mismo: institucionalizar una estructura estable que perpetue el Camino Sinodal.
Ya el texto básico “Poder y separación de poderes en la Iglesia”, aprobado por la Asamblea Sinodal el 3 de febrero de 2022, afirmaba que las decisiones vinculantes para todas las diócesis alemanas debían debatirse y aprobarse conjuntamente por la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) y el Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK). La creación de un órgano permanente era, por tanto, una meta declarada desde el principio.
Aparente unanimidad
Los impulsores de la “Conferencia sinodal” interpretan la unanimidad alcanzada en la última sesión del Comité sinodal como signo de confianza interna y de una “cultura sinodal madura”. Sin embargo, esta unanimidad oculta la oposición de cinco obispos alemanes —el cardenal Rainer Woelki (Colonia) y los obispos Gregor Maria Hanke OSB (Eichstätt), Stefan Oster SDB (Passau) y Rudolf Voderholzer (Ratisbona)— que se negaron a integrarse en un proyecto que, a su juicio, crearía un órgano situado “de facto por encima” de la Conferencia Episcopal.
La “Conferencia sinodal” aspira a pasar de la deliberación a la acción tras la asamblea de 2026. Para ello intenta conciliar expectativas romanas y aspiraciones reformistas, pero deja abiertas cuestiones decisivas: las competencias reales de la Conferencia sinodal, la naturaleza vinculante de sus decisiones y los criterios de participación. Sin un nihil obstat romano, su legitimidad quedaría gravemente comprometida.
La independencia episcopal en entredicho
Los estatutos prevén una estructura paritaria y estable, con autonomía financiera y capacidad para fijar su agenda, evaluarse a sí misma y adoptar decisiones de forma colegiada. Aunque se afirma formalmente la autoridad del obispo diocesano, el sistema propuesto se asemeja a un modelo cuasi-parlamentario que, en la práctica, vincula a los obispos a decisiones tomadas colectivamente. Esto contradice el reciente documento final del Sínodo Mundial, que distingue con claridad entre deliberación (para todo el Pueblo de Dios) y decisión (competencia propia de los obispos).
La insistencia en la unanimidad adquiere aquí un matiz problemático. Presentada casi como un signo del Espíritu, corre el riesgo de convertirse en una presión moral contra quienes mantienen reservas. La sinodalidad queda reducida a una experiencia emocional de cohesión interna, más que a un discernimiento en fidelidad a la Iglesia universal. La confianza grupal se equipara a legitimidad espiritual, pasando por alto las advertencias romanas.
El riesgo es claro: que el nuevo órgano interprete su unidad interna como confirmación, generando una preocupante inmunidad frente a la crítica. Roma ha insistido en que no puede crearse una instancia nacional con competencias no previstas por el derecho canónico, pero los estatutos avanzan precisamente en esa dirección, aunque bajo otro nombre. La afirmación de que “Roma estuvo estrechamente implicada” en la redacción parece más un intento de presión que un reflejo del proceso real.
Una sinodalidad diferente a la romana
Cinco años de Camino Sinodal han mostrado que, con frecuencia, las mayorías imponen su agenda sin integrar adecuadamente los argumentos de las minorías. En este contexto, más determinantes que los estatutos serán los futuros reglamentos internos y electorales del nuevo órgano —normas que no requieren aprobación romana y que orientarán de facto su rumbo—.
El canonista Heribert Hallermann advierte que los estatutos contienen ambigüedades deliberadas. Aunque se suavizó la fórmula “deliberar y decidir conjuntamente”, el artículo 2 sigue vinculando ambos conceptos de un modo incompatible con el Sínodo Mundial. Además, permitir que la propia Conferencia sinodal determine sus temas y evalúe su funcionamiento abre la puerta a prácticas irregulares que podrían consolidarse con el tiempo. Hallermann recuerda que la entrada en vigor de los estatutos requiere recognitio de la Santa Sede, algo ignorado en el texto aprobado. Considera improbable que Roma dé su aprobación, pues supondría avalar un órgano de gobierno nacional no previsto por el derecho canónico.
En última instancia —señala Hallermann— cada obispo deberá discernir seriamente las implicaciones doctrinales y canónicas antes de aprobar los estatutos, pues su deber es custodiar la unidad y la legalidad de la Iglesia, incluso ante presiones internas.
Críticas
La iniciativa de laicos “Nuevo Comienzo” (“Neuer Anfang”), crítica con el proceso sinodal alemán desde el principio, ha publicado una declaración en doce puntos en la que pide al Papa y a las autoridades romanas que rechacen los estatutos por considerarlos contrarios a la doctrina, la constitución y el derecho de la Iglesia. Señalan que ya existe cooperación institucional entre la Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los Católicos Alemanes, y advierten del riesgo de una “sobreestructuración” eclesial. Lo necesario, afirman, no son nuevos organismos, sino pequeños círculos vivos, iniciativas diaconales, misioneras y grupos de oración.
Asimismo, critican la paridad entre obispos, ZdK y “otros creyentes”, que verían como una peligrosa “parlamentarización” del gobierno eclesial, susceptible de ser captada por lobbies e ideologías y de oscurecer el Evangelio, en contra de las advertencias del Vaticano y del Papa Francisco. Además, acusan al proyecto de instrumentalizar los abusos sexuales mediante el concepto de “culpa sistémica” para promover una agenda de reformas, ocultando responsabilidades personales.
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