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Teresa Flores: “Latinoamérica tiene entornos hostiles a la libertad religiosa”

El derecho a la libertad religiosa está reconocido en la mayoría de países de América Latina. Pero la libertad “no se agota en la esfera privada, sino que trasciende a lo colectivo y público, y existen impedimentos y amenazas que merman el pleno ejercicio de este derecho”, señala a Omnes la abogada Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE).

Francisco Otamendi·17 de julio de 2022·Tiempo de lectura: 11 minutos
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Foto: Una mujer porta un crucifijo en una protesta contra el presidente Daniel Ortega ©CNS photo/Oswaldo Rivas, Reuters

“En países con tendencia autoritaria, como en Nicaragua, la Iglesia se presenta como una de las pocas, por no decir única institución que goza de mayor credibilidad y, por tanto, su nivel de influencia entre la población es vista como un peligro para el control del gobierno”, explica en esta entrevista la abogada Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE), cuya misión es promover la libertad religiosa y dar a conocer las restricciones a este derecho en la región.

En Nicaragua, “las violaciones de la libertad religiosa por motivos políticos han ido escalando y han sido diversas las estrategias usadas por el gobierno para intimidar la voz de líderes religiosos, especialmente católicos.

La expulsión de las Misioneras de la Caridad es sólo un episodio más de esta campaña de intimidación y retaliación”, añade.

Por cierto, las misioneras han sido acogidas en Costa Rica por Mons. Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, quien ha asegurado que es “un honor” recibirlas.

Precisamente hace mes y medio, OIDAC Europa, su socio latinoamericano OLIRE, y el IIRF (Instituto Internacional para la Libertad Religiosa) presentaron en Viena un informe conjunto, basado en cuatro estudios realizados mediante entrevistas personales con cristianos practicantes de diferentes sectores de la sociedad, y realizados en dos países europeos (Francia y Alemania) y dos latinoamericanos (Colombia y México). De algunas de esas ideas había hablado ya Martin Kugler en Omnes.

Ahora, Omnes conversa con Teresa Flores, abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perú), con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), y diplomada en Estudios de la Religión por la Universidad Católica de Chile, que ha trabajado también en Mendoza (Argentina), y es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas (CISAV) en Querétaro (México).

¿Puede sintetizar alguna conclusión del informe, en especial en lo que se refiere a los países latinoamericanos? Parece que la intolerancia es creciente y amenaza cada vez más la libertad de expresión de cristianos y católicos.

― Es importante recordar que la investigación es una aproximación inicial, exploratoria del fenómeno de autocensura en cristianos (católicos y no católicos) en Colombia y México. Como se señala en el informe, se ha identificado en el grupo de entrevistados (aproximadamente 40 personas) una tendencia por la cual encuentran muy difícil manifestar opiniones basadas en su fe en espacios públicos o privados, especialmente cuando se trata de temas relacionados con vida, matrimonio, familia, eutanasia, adopción entre personas del mismo sexo y otros relacionados, por lo que, en ocasiones, optan por autocensurarse.

Esta dificultad radica no sólo en el temor de ser sancionados administrativa o penalmente bajo la aplicación de leyes antidiscriminación, sino también en ser desacreditados socialmente. Vale aclarar que la desacreditación social no se limita tan sólo a críticas.

En ocasiones, el entorno social hostil trae consigo una carga que se traduce en exclusión de determinados círculos y por tanto aislamiento social, lo que repercute en la forma como se desenvuelve la persona día a día.

Las reacciones ante un entorno social hostil serán diferentes, ¿no es así?

― Por supuesto, la forma de enfrentar las posibles sanciones o el entorno hostil varía de persona a persona. Uno de los hallazgos de la investigación es precisamente que, de entre los entrevistados, por un lado, está el grupo de quienes no se autocensuran y aceptan las consecuencias de un entorno hostil, argumentando que su fe lo vale, y que deben asumir las consecuencias de ello.

Por otro lado, están quienes se autocensuran por temor a las sanciones legales y/o sociales. También se encuentran quienes, debido a la constante autocensura y el nulo o casi inexistente acompañamiento en la fe de una comunidad religiosa, cristiana, van perdiendo su fe o poco a poco y dejan de ver las características relacionadas con la autocensura como un problema.

Ahora bien, los resultados de esta investigación no deben entenderse como un intento de victimizar a los cristianos (católicos y no católicos). Si bien existe una limitación a la manifestación de opiniones basadas en la fe de cristianos tanto en México como Colombia, también debemos reconocer la contraparte, cristianos que son intolerantes con otras posturas o creencias y que tomando como premisa su fe terminan estigmatizando o discriminando a otros grupos. Pero es importante tener en cuenta que siempre es necesario evaluar cada caso concreto.

Cuente algún caso de Colombia o México.

― Por ejemplo, en Colombia y México estudiantes nos relataron que dejaron de participar en clase porque sus opiniones basadas en su fe en temas sobre sexualidad o género contradecían la forma de pensar del maestro o contravenía la línea institucional y se encontraban en riesgo de ser desaprobados o expulsados.

En México, funcionarios públicos entrevistados manifestaron que deben pensar dos veces qué palabras utilizar para que no los incluyan en “cierto marco”, o no sean denunciados ante la Defensoría del Pueblo, ante el Congreso o ante la Fiscalía. Dichos relacionados a su fe o a sus puntos de vista basados en su fe, despiertan polémica y el consecuente rechazo de sus partidos o de las instituciones en las que laboran. Un concejal colombiano señaló que la permanente cautela es un sacrificio propio de la actividad pública.

Reconocer la autocensura y el efecto paralizador en cristianos implica reconocer que existe un sector de creyentes de la doctrina cristiana que, por encontrarse en un entorno hostil, no se siente libre de compartir las creencias en base a su fe sobre los temas sensibles ya mencionados.

Madeleine Enzlberger, directora ejecutiva de OIDAC Europa, ha señalado que “una de las conclusiones más preocupantes y trágicas de este informe (de Viena) es que si los costes sociales de seguir tu creencia y expresarla se vuelven demasiado altos, la gente acabará abandonando su creencia. ¿Comparte este punto de vista??

― Como he mencionado, en la investigación en Colombia y México sí se identificó entre algunos entrevistados la posibilidad de dejar de ver la autocensura como un problema o como algo que afecta la vivencia de la fe.

Las consecuencias pueden no siempre conllevar a abandonar la creencia por completo; sin embargo, el hecho de identificar la propia fe o las opiniones en base las propias creencias como algo dañino, como una desventaja o una carga que no permite “avanzar” en el entorno social es una forma de presión con la posible consecuencia de dejar de alimentar la fe, o falta de interés para compartirla. Incluso, quienes no tienen una formación sólida en su fe pueden llegar a adoptar contenidos doctrinales más afines a lo políticamente correcto.

En olire.org tienen un informe titulado ‘Datos completos sobre incidentes de violación de la libertad religiosa en América Latina’. ¿Puede realizar una breve valoración global sobre el reconocimiento de este derecho fundamental en Latinoamérica?

― El derecho a la libertad religiosa está reconocido en la mayoría de los países de América Latina. Los marcos normativos regulan este derecho, aunque dependiendo del país o del contexto político, algunos pueden ser más garantistas que otros. Por ejemplo, la protección de la libertad religiosa no es la misma en Nicaragua que en Colombia, o que en El Salvador u Honduras.

Que la Constitución o las normas de un país intenten garantizar este derecho es un buen punto de partida, pero no es suficiente. En ocasiones aun cuando las leyes en el texto establezcan parámetros de aplicación y protección, en la práctica existen diversos contextos que ponen en riesgo el ejercicio de este derecho en sus diversas dimensiones.

Considerando que la libertad religiosa no se agota en la esfera privada, sino que trasciende a lo colectivo y público, impedimentos para realizar servicios religiosos en espacios públicos, obstáculos de financiamiento para organizaciones confesionales, criminalización de expresiones de fe, amenazas a líderes religiosos que realizan activismo político o social, etc. merman el pleno ejercicio de este derecho.

América Latina no está exento de estos fenómenos, a lo largo de la región se han identificado diversas dinámicas que limitan este derecho. Podemos mencionar, como líneas generales, la hostilidad de expresiones religiosas por parte de actores estatales y no estatales, hostilidad hacia la conversión religiosa en comunidades indígenas, regulación de la religión por el crimen organizado y restricciones religiosas motivadas por el control totalitario del gobierno o motivada por una ideología política relacionada con el comunismo.

El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina cuenta con la plataforma de acceso abierto Violent Incidents Database, en el que se encuentra información de los episodios de vulneraciones al derecho a la libertad religiosa en la región, identificados a través de investigación de escritorio, información brindada por socios colaboradores o resultado de investigaciones de campo. En esta base de datos es posible revisar los casos relacionados con las dinámicas mencionadas líneas arriba.

Nicaragua ha expulsado a las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué pasa en ese país, a su juicio?

― En países con tendencia autoritaria, como el de Nicaragua, la Iglesia se presenta como una de las pocas, por no decir única institución que goza de mayor credibilidad y, por tanto, su nivel de influencia entre la población es vista como un peligro para el control del gobierno. En el país, las violaciones de la libertad religiosa por motivos políticos han ido escalando y han sido diversas las estrategias usadas por el gobierno para intimidar la voz de líderes religiosos, especialmente católicos, cuando su discurso es percibido como una crítica, por mostrar su apoyo a la oposición o cuando denotan esfuerzos para regresar el estado de derecho al país.

La expulsión de las Misioneras de la Caridad es sólo un episodio más de esta campaña de intimidación y retaliación por parte del gobierno. Las medidas aplicadas en contra del sector religioso católico percibido como opositor, van desde restricciones a la movilidad/viajes con la retención o revocación de visas, impedimentos de ingreso del país, hostigamiento de líderes religiosos y sus familias a través de vigilancia de parroquias, domicilios, vehículos; hasta campañas de difamación, amenazas verbales, ataques a la integridad física, arrestos, amenazas de arrestos.

Leyes que criminalizan toda crítica

Por otro lado, en el contexto del marco legal existen leyes que criminalizan toda crítica y bajo las cuales se pueden sancionar a líderes religiosos con arrestos o en el caso de organizaciones confesionales, la pérdida de personería jurídica, sin mencionar otros obstáculos para el funcionamiento u operaciones de organizaciones confesionales, así como restricciones al funcionamiento normal o de las actividades de las iglesias relacionadas con asistencia humanitaria.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares a favor de un obispo y un diácono del país, ante la seria y urgente situación de riesgo a la que se encuentran expuestos.

Estas estrategias, más el discurso de odio de las autoridades en contra de la iglesia, han permeado también en la sociedad y han promovido actos de intolerancia por parte de colectivos o grupos afines al gobierno que además de vigilar también las acciones o dichos de líderes religiosos o de las congregaciones que tienen relación con estos líderes, cometen actos vandálicos o profanaciones de templos de culto. Los ataques son realizados con una especial saña en el caso de templos católicos.

Por otra parte, hay países con un proceso constituyente en marcha. ¿Cómo ve esos procesos en relación al derecho de libertad religiosa?

― Respecto a los procesos constituyentes y su relación con el derecho a la libertad religiosa, diría que es bastante estrecha. Las constituciones políticas plasman, entre otros aspectos, los principios fundamentales del Estado, el tipo de gobierno y la forma en que se entienden y protegen los derechos humanos de los ciudadanos de cada país, incluyendo el derecho a la libertad religiosa.

En estos procesos se pueden tener en cuenta diversos aspectos. Por un lado, puede conllevar roces con las denominaciones religiosas minoritarias, si es que no se contempla el mismo reconocimiento constitucional que a las religiones mayoritarias o tradicionales.

Por otro, puede entrar a tallar toda una discusión sobre si el Estado debe o no incluir cualquier denominación religiosa en específico, más aun tomando en cuenta si el Estado se reconoce laico o no. Y qué entiende por el principio de separación Iglesia-Estado.

Adicionalmente, en estos procesos, las comunidades religiosas buscan no sólo el reconocimiento a la libertad religiosa en general sino también la protección de ciertas figuras jurídicas que son importantes según cada doctrina de fe, como el matrimonio y la familia.

Cuba, Chile, Nicaragua…

En el caso cubano, la última reforma constitucional que se sometió a referéndum incluyó cambios en la figura del matrimonio, lo que motivó el rechazo de grupos religiosos a la propuesta, y esto a su vez originó presión por parte de las autoridades en contra de los líderes religiosos y congregaciones que se negaban a dichas reformas constitucionales.

En el caso reciente chileno, uno de los temas de discusión en la convención constitucional es también la forma en que se incorporará el derecho a la libertad religiosa. Dado que la constitución informa a todo el ordenamiento jurídico de una nación, incorporar este derecho es un presupuesto importante para su protección y garantía en el país.

En Nicaragua no ha habido un proceso constituyente reciente, pero sí elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, que han sido bastante irregulares. De alguna forma esto también está estrechamente vinculado con la forma en que se protege la libertad religiosa ya que el proceso electoral como mecanismo de participación ciudadana, si no es completamente libre y transparente, no consolida la democracia y mas bien corroe el sistema de garantías de derechos, violando libertades fundamentales como el derecho a la libertad religiosa, sobre todo en su dimensión pública y colectiva.

Contextos de presión en México

Una de las autoras del informe de Viena, Friederike Boellmann, ha subrayado que “el caso alemán revela que las universidades son el entorno más hostil. Y el mayor grado de autocensura que encontré en mi investigación en el ámbito académico». ¿Sucede algo similar en Latinoamérica?

Respecto al entorno hostil en las universidades, fue sobre todo entre los entrevistados en México que se conocieron diversos contextos de presión en contra de profesores y alumnos cristianos (católicos y no católicos).

En México, un profesor universitario manifestó que cuando se trasladó de Chihuahua a Ciudad de México sintió mayor presión para evitar hablar de su fe en el ámbito académico, igualmente, en la Universidad se vio obligado a dejar de utilizar frases como “Gracias a Dios”, “Dios te bendiga”, “Con el favor de Dios”, etc.

El mismo profesor señaló que, hasta que se le pregunte explícitamente sobre algunos temas, prefiere no tocarlos por miedo a ser ignorado o no escuchado. En ese sentido, entiende a su situación como una autocensura didáctica, para no perder la ocasión de seguir “estando presente”.

Otra docente mexicana comentó que debía tener cuidado con el vocabulario o expresiones que utilizaba. Si los alumnos conocían su afiliación religiosa, no importaba si usaba argumentos científicos para tratar ciertos temas, de igual forma sentía que se topaba con rechazo social por parte de sus alumnos y que era descalificada de antemano tan sólo por aceptar tener creencias religiosas. Inclusive sus artículos científicos eran rechazados por comités editoriales bajo el argumento de ser “sesgados”.

En el mismo sentido, un estudiante mexicano, sometido a un proceso disciplinario en la universidad por acusaciones de violencia contra la mujer por su rechazo al aborto, manifestó que sabía de un profesor suyo que estaba a su favor, pero que no podía apoyarlo abiertamente porque eso significaba para el profesor problemas con la jefa del departamento.

¿Existen leyes o proyectos en preparación, como en países europeos, que impidan expresar un punto de vista cristiano, o católico, sobre sexualidad o género?

― De lo que conozco, existen leyes e iniciativas legislativas que buscan limitar la expresión de opiniones basados en la fe en la región, aunque no afectan sólo al sector académico, sino que tienen un alcance más amplio.

Existen normativas o políticas que limitan el ejercicio de la libertad religiosa, el derecho a la objeción de conciencia o afectan la autonomía e inmunidad de coacción de las instituciones confesionales cuando se manifiesta o actúa según las propias convicciones o según el ideario institucional y esto no es acorde a las políticas de orientación sexual e identidad de género en un país específico.

Podemos mencionar la iniciativa que se presentó en el año 2020 por el que se buscó reformar la fracción IV del artículo 29, correspondiente al capítulo de las infracciones y sanciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México.

La propuesta pretendía sancionar actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población perteneciente a las minorías sexuales. La iniciativa no prosperó, pero es una muestra de los intentos de limitar la libertad de expresión de líderes religiosos en temas relacionados con sexualidad y género.

¿Algunos casos más?

― En Argentina también se dio el caso de una investigación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo al contenido educativo de la red educativa de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA). Las autoridades consideraban que las enseñanzas acordes al ideario cristiano de la agrupación tenían connotaciones homofóbicas y de odio en contra de minorías sexuales y el movimiento feminista.

En Colombia, un juez se negó a casar a una pareja de mujeres porque hacerlo iría en contra de su moral cristiana y de sus convicciones. La comunidad LGTBI consideró ofensiva y discriminatoria la actitud del juez. El juez fue denunciado por prevaricato.

En abril de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Chile responsable por la vulneración a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo, de Sandra Pavez Pavez, por el aparente trato discriminatorio que sufrió al haber sido separada de su cargo de profesora de religión católica en un colegio público, luego de que la Vicaría para la Educación del obispado de San Bernardo revocara su certificado de idoneidad con base en su orientación sexual. Ello a pesar de que, según la normativa chilena, la autoridad nacional confiere a la autoridad religiosa la facultad de emitir la certificación de idoneidad para aquellos profesores que enseñarán su doctrina y principios.

Por mencionar algunos.

Agradecemos a Teresa Flores sus respuestas. El derecho de libertad religiosa parece tener luz roja en algún país latinoamericano, es decir, serios problemas, y desde luego ámbar en varios de ellos, en función de los temas, en especial vida, sexualidad, familia y género. El Observatorio que dirige (OLIRE) puede ser una buena atalaya para su seguimiento.

El autorFrancisco Otamendi

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